Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124712
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó la acción promovida por Laura Viviana Vivas contra Galeno ART S.A., mediante la cual procuraba el cobro de una reparación integral por accidente de trabajo (v. fs. 268/277 vta.).
Para así decidir, juzgó que si bien tuvo por acreditado el siniestro denunciado, no pudo demostrarse la mecánica del mismo, ni los presupuestos necesarios para la procedencia de la indemnización con sustento en el derecho común.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 281/289), los que fueron concedidos por el órgano inferior a fs. 290 y vta., éste último en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
II.1. En el primero de los remedios articulados, la impugnante alega violación de los arts. 161, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Denuncia que el sentenciante omitió expedirse sobre todos los temas introducidos por las partes, así como votar en la totalidad de las cuestiones esenciales a decidir. Plantea que la sentencia atacada carece de fundamentación normativa. En consecuencia, aduce que el pronunciamiento merece ser anulado.
II.2. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 89.528, "Maldonado", sent. de 23-VII-2008; L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011 y L. 121.095, "Cimadevilla", resol. de 11-IV-2018).
II.3. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, desde que la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como sucede en el sub examine - las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo , o cuando son tratadas implícitas o tácitamente (causas L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009; L. 90.359, "Amadeo", sent. de 25-III-2009; L. 89.978, "Solan", sent. de 7-II-2007), pues lo que se sanciona con la nulidad del pronunciamiento es la preterición de una cuestión esencial y no la forma en que ésta fuere resuelta (causas L. 117.758, "Pio" y L. 118.080, "Maletti", resols. de 29-X-2014; L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014 y L. 118.794, "Blasi", resol. de 11-IV-2018).
II.4. A partir de ello, la simple lectura del recurso articulado da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo en que el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso de nulidad (causas L. 118.800, "Lombardi", resol. de 11-XI-2015; L. 119.155, "Caballero", resol. de 18-XI-2015 y L. 113.343, "Booth", resol. de 27-XII-2017).
II.5. Por otra parte, tampoco son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 93.559, "Elinger", sent. de 3-III-2010; L. 99.778, "Nievas", sent. de 5-V-2010 y L. 105.984, "Dafnos", sent. de 12-X-2011), hipótesis que no concurre en el fallo atacado.
III. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la interesada denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita. En esencia, impugna la decisión adoptada por el juzgador de grado, en orden al rechazo de la acción, toda vez que afirma que en el caso está demostrado el accidente y la responsabilidad de la demandada.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 290), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013 y L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.474, "Martín", resol. de 8-VIII-2012 y L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, ya que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la configuración -o no- de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios fundada en las normas del derecho común, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 105.399, "G., S.", sent. de 14-III-2012; L. 102.278, "S., J.", sent. de 15-VIII-2012 y L. 118.965, "Martínez", resol. de 25-X-2015).
III.4. Finalmente, es dable recordar que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 123.721, "Morales", resol. de 11-III-2020 y L. 123.671, "Ibarlucia", resol. de 16-III-2020).
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. En lo que respecta al recurso extraordinario de nulidad, comparto la solución propuesta por los colegas que me preceden. Ahora bien, respecto de lo resuelto en el punto II.5, lo hago con el siguiente alcance:
La postura que, respecto del deber de motivación y fundamentación de las sentencias, sustenté en la causa C. 56.599, "Blanco" (sent. de 23-II-1999) ha resultado minoritaria. En dicho precedente, en prieta síntesis, sostuve que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires impone que las sentencias sean "fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso". Este último pasaje del texto constitucional reviste definitoria trascendencia. Para satisfacer la exigencia de fundamentación la cláusula en examen no impone únicamente la cita del precepto. La labor no se agota allí. Según la Constitución ha de indicarse el texto expreso de la ley o de los principios aplicables, "teniendo en consideración las circunstancias del caso", esto es, complementando esa cita con la referencia explícita, puntual y concreta de las particulares modalidades por las cuales esa ley o esos principios se relacionan con el caso. En otras palabras, el propio art. 171 desalienta la mención ritual o automática de la ley, erigiendo la indicación de su cabal relación con las circunstancias de la causa en elemento igualmente esencial.
Sin embargo, la mayoría de esta Suprema Corte ha ratificado los principios que informan la doctrina según la cual la exigencia del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires está dirigida a sancionar aquellas decisiones que no tienen otro fundamento que el arbitrio de los juzgadores, por lo que no se viola dicha norma si la sentencia se encuentra fundada en ley, aun cuando supuestamente no hubiese sido acertada la invocación de las normas (causas C. 33.428, "Peralta", sent. de 23-X-1984; C. 35.577, "Barce de Carretoni", sent. de 5-IX-1986; C. 47.080, "Banco Río de la Plata S.A.", sent. de 21-IX-1993 y C. 53.392, "Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-VIII-1997). Vale decir que a los efectos del andamiento del carril extraordinario de nulidad nada importa el acierto de la decisión atacada, ya que lo que interesa es que esté basada en una norma, aunque no se apoye en la pertinente, es decir, aun en la situación que el precepto invocado nada tenga que ver con el caso juzgado. La reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, y lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif. me llevan (siempre dejando a salvo mi opinión al respecto) a adherir a lo expresado por los colegas que me preceden (causas C. 118.269, "San Pedro", resol. de 18-XII-2013; C. 118.708, "Bassi", resol. de 2-VII-2014 y C. 119.348, "Ganadera Nor-Este SA", resol. de 20-XI-2014).
II. Con relación a la restante vía extraordinaria deducida, por iguales motivos adhiero a lo manifestado por mis colegas preopinantes.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos, y denegar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/10/2020 18:10:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2020 20:07:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2020 09:49:03 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2020 10:41:52 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/10/2020 10:05:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia