Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120190
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.190, "Peppi, Carolina contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Soria, Torres, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 295/303 vta.).
Se interpusieron, por las partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 322/336 y 337/340).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora a fs. 322/336?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en orden al deducido por la parte demandada a fs. 337/340?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Carolina Peppi, y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas por la prestación dineraria por incapacidad laboral y permanente parcial, prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba la aplicación al caso del mecanismo de ajuste -índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)- previsto en los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, y la indemnización adicional contemplada por el art. 3 de ese mismo cuerpo legal.
Para así decidir juzgó acreditado que el día 11 de abril de 2012, mientras prestaba tareas bajo dependencia del Ministerio de Seguridad, la actora sufrió un accidente de trabajo que le provocó una disminución de su capacidad laborativa del 20,75% del índice de la total obrera (v. fs. 295 vta.).
También, que Provincia ART S.A. le abonó la suma de $64.626,41 en concepto de prestaciones dinerarias, conforme al porcentaje de incapacidad reconocido en sede administrativa (9,3%; v. fs. 296).
Por otro lado, el a quo determinó el valor mensual del ingreso base en las sumas de $5.963,26, computando sólo los conceptos remunerativos y $8.535,10, añadiendo también las horas Co.Re.S. (v. fs. cit.).
A partir de esta conclusión, y ante el planteo formulado en la demanda, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 por considerar que, al incluir para dicho cálculo únicamente a las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, su aplicación a la concreta situación de la accionante "desvirtúa la naturaleza resarcitoria con base en el salario, por ausencia de relación adecuada con todos los ingresos consecuentes del trabajo" (fs. 298). Desde esa perspectiva, declaró que el dispositivo legal impugnado entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19, 21 y 28 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Protocolo Adicional y del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT; v. fs. 298 vta.).
En cambio, el sentenciante rechazó la objeción constitucional formulada en torno al período de haberes que se computa para determinar el ingreso base, señalando que, luego de la primera manifestación invalidante, "la trabajadora gozó de licencias, prestaciones en especie y sustitución de salarios" (fs. 298 vta.).
Luego, tras declarar procedentes las diferencias indemnizatorias reclamadas por la señora Peppi, el tribunal calculó la prestación que le correspondía de acuerdo a las pautas establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley indicada -y conforme al porcentaje de incapacidad e ingreso base verificado en autos- en la suma de $217.766,24 (v. fs. 299 vta. y 300).
Por último, juzgó inaplicable al caso la ley 26.773 expresando que su "eventual incidencia [...] no modificaría en nada los montos de condena" (fs. 300).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c", 22 de la ley 9.688; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, señala que el tribunal de grado, en virtud del principio iura novit curia, debió reajustar las prestaciones dinerarias por incapacidad de acuerdo al índice RIPTE y al art. 3 de la ley 26.773, con independencia de los argumentos esgrimidos por las partes (v. fs. 326).
En ese sentido, afirma que "mientras exista un crédito abierto a favor del trabajador, si una norma jurídica nueva mejora su situación la misma debe ser aplicada sin más", conforme con los principios de progresividad y aplicación de la norma más favorable (v. fs. 326 vta.).
Explica que el art. 17 apartado 6 de la ley citada trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de actualizar los montos de las prestaciones concernientes a contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicho régimen legal (v. fs. 327).
Expone que oportunamente planteó la inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 porque afecta su derecho de propiedad al privarlo irrazonablemente de una reparación justa (v. fs. 328).
II.2. Por otro lado, sostiene que el juzgador no brindó tratamiento al planteo de inconstitucionalidad que hubo de formular respecto del art. 12 de la ley 24.557, en cuanto incluye -a los efectos de determinar el ingreso base- únicamente a los haberes sujetos a aportes y contribuciones, sin contemplar a aquellos rubros calificados como "no remunerativos" que integran su salario (v. fs. 330 vta. y 331).
Añade que "tampoco atendió al segundo planteo de inconstitucionalidad", concerniente al lapso temporal que se establece (remuneraciones devengadas durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) para formular dicho cálculo. Solicita que, a tal fin, se tenga en cuenta el haber mensual que le correspondía "al momento de la sentencia" (v. fs. 331/333).
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando el orden de los agravios por razones metodológicas, he de señalar, en primer lugar, que resultan inatendibles las críticas formuladas en torno a la supuesta omisión de los planteos introducidos en la demanda sobre la invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
III.1.a. Ante el tenor del embate, corresponde inicialmente resaltar que la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión que se pretende esencial -como la indicada- es ajena a la vía intentada y constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC) que la impugnante se abstuvo de deducir (causas L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012; L. 116.765, "Policheni", sent. de 18-IX-2013; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016).
III.1.b. De todos modos, he de precisar que no constato dicha omisión, pues, conforme se reseñó en el relato de los antecedentes, el órgano judicial de grado analizó los reproches formulados al mentado art. 12 y, en ese orden, juzgó que -al tener en cuenta para determinar el ingreso base únicamente a las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones- su aplicación a la situación del accionante "desvirtúa la naturaleza resarcitoria con base en el salario, por ausencia de relación adecuada con todos los ingresos consecuentes del trabajo", y entra en frontal colisión con los principios contenidos en los arts. 19, 21 y 28 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Protocolo Adicional y del Convenio 95 de la OIT (v. fs. 298 y vta.).
Por otro lado, desestimó la segunda objeción constitucional ensayada sobre la norma en cuestión (ahora, en relación al período de haberes computado), señalando que, luego de la primera manifestación invalidante, "la trabajadora gozó de licencias, prestaciones en especie y sustitución de salarios" (fs. 298 vta.).
Es manifiesto, en consecuencia, que, al ignorarlos, los fundamentos centrales de las decisiones cuestionadas quedan sin réplica, revelando la notoria insuficiencia de la impugnación bajo examen (causas L. 84.944, "Oliva", sent. de 9-IV-2008; L. 94.054, "Sanguinetti", sent. de 16-IX-2009 y L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012; e.o.).
III.1.c. Todavía más: la postura que adopta la apelante en esta parcela del recurso -peticionando que se considere el salario que le correspondía "al momento de la sentencia" para determinar la cuantía del ingreso base (v. fs. 331/333)- transita por un camino diferente al seguido en la demanda, donde específicamente solicitó que la indemnización fuera calculada tomando como base la remuneración que cobraba a la fecha en que la aseguradora de riesgos del trabajo liquidó y abonó la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial y definitiva, esto es, la del mes de febrero del año 2013 (v. fs. 100).
En tales condiciones, cabe recordar que esta Suprema Corte ha declarado que no corresponde considerar en casación cuestiones novedosas que pretendan alterar el enfoque, la dimensión o proponer variantes en el pedimento original (causas L. 93.723, "Tamer", sent. de 2-VII-2008 y L. 88.051, "Olmedo", sent. de 11-XI-2009; e.o.).
III.2. Igual suerte adversa ha de correr el cuestionamiento al fallo, en cuanto declaró inaplicable al caso la ley 26.773.
III.2.a. En la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 he dejado plasmada mi postura en torno a la vigencia temporal de dicho régimen legal, propiciando -por los motivos allí expuestos, a los que remito, en honor a la brevedad- su aplicación aun a aquellas contingencias acaecidas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Sin embargo, mi criterio ha resultado minoritario, por lo que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema en cuestión, entiendo que la respuesta al agravio traído, de conformidad con lo que anticipé, debe ajustarse a la doctrina legal emergente del citado precedente L. 118.695, en el que se estableció que ninguna aplicación retroactiva de las modificaciones legislativas incorporadas por la ley 26.773 surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del supuesto aprehendido en el art. 17 apartado 7 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.b. Contribuye a reforzar tal solución la circunstancia de que con fecha 7 de junio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente -ley especial-", se pronunció al respecto determinando que la actualización de los importes establecida en la citada ley 26.773 sólo rige para la reparación de contingencias cuya primera manifestación invalidante haya ocurrido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del capítulo de la ley referente a las prestaciones dinerarias del régimen de reparación (cons. 8°), directriz que reitera con relación al decreto 1.694/09, en atención a lo dispuesto en el art. 16 de dicho reglamento (cons. 12°).
III.2.c. A tenor de lo señalado, y teniendo en cuenta la fecha de ocurrencia del infortunio laboral (11 de abril de 2012), también corresponde rechazar este tramo del recurso y, en consecuencia, confirmar el fallo de grado en cuanto declaró inaplicable al caso la ley 26.773.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor de Lázzari en el punto III.1. de su voto.
I.2. También comparto la solución que propone mi distinguido colega respecto a la inaplicabilidad retroactiva de la ley 26.773, en tanto se condice con la postura que he asumido en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), oportunidad en la que adherí al voto del doctor Genoud.
I.2.a. La ley 26.773 ("Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales", B.O. de 26-X-2012), dispone en su art. 17 apartado 5: "Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha".
Es indudable que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación de las disposiciones pertinentes, la reforma de la ley 26.773 ha mantenido el criterio adoptado por las normas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decs. 1.278/00 y 1.694/09), relativo a que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito). Luego, deben reputarse aplicables al referido cuerpo legal -en principio, y salvo que la nueva legislación haya establecido alguna excepción puntual a dicha regla- los criterios interpretativos mediante los cuales esta Suprema Corte ha zanjado los debates relativos a la aplicación en el tiempo de sus antecesoras (decs. 1.278/00 y 1.694/09 cits.).
I.2.b. Definido lo anterior, cabe analizar si el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, en cuanto regula el mecanismo de "ajuste" de las prestaciones por incapacidad permanente previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, consagra una excepción a la aludida regla general establecida en el art. 17 apartado 5 del mismo texto legal, resultando eventualmente aplicable incluso a las contingencias acaecidas con anterioridad a su sanción.
El referido art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
A su vez, a los fines de contextualizar el mecanismo al que hace referencia el citado art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 es indispensable tener presente el art. 8 del mismo cuerpo legal, en cuanto dispone que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Más allá de las deficiencias que podrían endilgarse a la técnica legislativa utilizada por la ley 26.773 para regular estos aspectos, en mi opinión la interpretación sistemática de los preceptos legales aludidos lleva a concluir que el art. 17 apartado 6 del referido texto normativo no establece una excepción a la regla general establecida en su art. 17 apartado 5.
En primer lugar, esa supuesta excepción no fue plasmada expresamente en el texto de la ley.
Ese dato (que surge de la simple lectura de la norma) puede ser corroborado si se repara en la circunstancia de que, cuando la nueva normativa quiso excepcionar aquella regla general, lo hizo de manera expresa y categórica. Así, al disponer en el art. 17 apartado 7 que "Las disposiciones atinentes al importe y actualización de las prestaciones adicionales por Gran Invalidez entrarán en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente, con independencia de la fecha de determinación de esa condición", la ley 26.773 ha excepcionado expresamente -sólo para el caso de las prestaciones por gran invalidez, hipótesis ajena al caso de autos- la regla general relativa a que las mejoras prestacionales y los mecanismos de actualización contemplados en la nueva legislación solo se aplican a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se haya producido con posterioridad a su publicación, disponiendo (exclusivamente para ese tipo de incapacidades) la aplicación inmediata de la reforma incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
En ese contexto, y en tanto no corresponde suponer imprevisión o inconsecuencia en la tarea legislativa (causa B. 63.568, "García", sent. de 10-VIII-2011; e.o.), no cabe sino concluir en que, para todos los supuestos no excepcionados expresamente, rige sin ambages la regla general establecida en el art. 17 apartado 5 de la ley 26.773.
Por otra parte, como ya fue anticipado, la disposición del art. 17 apartado 6 -en cuanto establece que las prestaciones dinerarias "se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010"- no puede interpretarse aislada de la norma del art. 8 del mismo cuerpo legal, que es la que dispone -plasmando una de las innovaciones principales de la ley 26.773 sobre el sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo- que las mentadas prestaciones dinerarias por incapacidad permanente se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del referido índice, a cuyos efectos la Secretaría de Seguridad Social "dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
De la interpretación conjunta del sistema de normas en juego, se desprende que la ley 26.773 establece que el monto de las prestaciones por incapacidad correspondientes a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de su entrada en vigencia (art. 17 apdo. 5) deben actualizarse semestralmente mediante el índice RIPTE (art. 8), precisando que, para cuantificar inicialmente (esto es, hasta que se implemente definitivamente el mecanismo de ajuste periódico de frecuencia semestral que la ley ordena realizar a la Secretaría de Seguridad Social) esa actualización debe tomarse en cuenta la evolución del módulo escogido (RIPTE) desde el mes de enero de 2010 en adelante (art. 17 apdo. 6).
Como se observa, ninguna aplicación retroactiva o inmediata de las modificaciones legislativas incorporadas por la reforma surge del texto expreso de la norma, con la única excepción del caso de las prestaciones por gran invalidez (art. 17 apdo. 7), hipótesis extraña al presente caso.
Por lo demás, refuerza la hermenéutica aludida la sancionada resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 34/13 (B.O. de 24-XII-2013).
En la citada resolución se establece -en cumplimiento de la delegación efectuada por los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773- el importe actualizado (por la evolución del índice RIPTE desde el mes de enero del año 2010) de las prestaciones adicionales de pago único (art. 11 apdo. 4, LRT), de los "pisos" indemnizatorios de las prestaciones por incapacidades permanentes o muerte (arts. 14 y 15, ley cit.) y de
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