Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor mayoría, hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial y 63, ley 11.653; y Ac. 1790).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
El señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En el caso, el Presidente del Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción interpuesta por Susana Beatriz Castillo contra la Provincia de Buenos Aires, confirió el traslado de la acción interpuesta, en la sede del Fiscal de Estado, por el plazo de treinta días (v. fs. 6).
Luego, hizo lo propio respecto de la excepción de litispendencia opuesta por la Fiscalía de Estado a la parte actora por cinco días (v. fs. 47). Sin perjuicio de ello, advirtiendo que en el escrito sometido a examen hubo de denunciarse la existencia de un proceso que se hallaría vinculado con las presentes actuaciones, dispuso se diligencie el pedido de remisión ad effectum videndi et probandi de aquella causa (v. fs. 47 y vta.).
Asimismo, declaró extemporáneo el escrito de la contestación de la acción ingresado de modo electrónico por la demandada con fecha 27 de marzo de 2017 (v. fs. 47/48).
Para resolver como lo hizo en torno a la temporaneidad del escrito de contestación de la demanda, entendió que cuando la legitimada pasiva es la Provincia de Buenos Aires o los organismos referidos en el decreto ley 7.543/69, el caso requiere una interpretación armónica de los preceptos de la ley 11.653 y del art. 31 del mencionado decreto ley.
En ese contexto normativo, observó que el plazo para contestar la demanda, reconvención o citación como tercero es de treinta días, debiendo oponerse conjuntamente en dicho acto las excepciones y defensas -incluso la de prescripción- contempladas en la ley ritual del fuero del trabajo. Conforme a ello, concluyó que en el sub examine , la demandada se presentó a contestar la acción, con posterioridad a la primer defensa opuesta, pese a hacerlo -observa- dentro del término conferido a fs. 6.
II. Contra lo así resuelto, la Fiscalía de Estado dedujo una revocatoria (v. fs. 50/51), que fue desestimada por el tribunal de grado, por mayoría (v. fs. 172/175), dando lugar a la interposición de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 179/184 vta.).
El tribunal del trabajo, denegó el recurso extraordinario deducido, con fundamento en la falta de definitividad del pronunciamiento puesto en entredicho (v. fs. 185) y la recurrente articuló de modo directo ante esta sede la queja prevista en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 211/216 vta.).
En sustancia, contradice lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto deja firme la decisión dictada por su Presidente a fs. 47/48 vta., alegando la errónea aplicación de los arts. 31 y concs. del citado decreto ley 7543/69 (texto según ley 12.748), como así también, de los arts. 28, 29, 44 inc. d y ccs. de la ley 11.653; 34, inc. 5, apdo. c. y 384 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial. En esa inteligencia, alega que lo resuelto resulta definitivo, en tanto infringe los principios y garantías contenidos en los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional.
III. Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones, cabe poner de resalto que esta Corte tiene dicho que los remedios extraordinarios sólo son viables con relación a las sentencias definitivas, entendiéndose por tales a aquéllas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aún refiriéndose a un artículo, producen el efecto de finalizar al mismo, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, CPCC; causas L. 113.289, "Olivello", resol. de 28-XII-2010 y L. 113.643, "Usandizaga", resol. de 6-IV-2011).
Así, en el caso, el pronunciamiento dictado por el tribunal laboral que, al rechazar la reposición articulada, deja firme aquel decretado por su Presidente que tuvo por contestada la demanda fuera del plazo legal, no reviste el carácter de definitivo ni deviene equiparable a tal, sin que se observen motivos excepcionales que permitan apartarse del indicado principio (causas Ac. 90.957, "Moran", resol. de 9-II-2005; Ac. 95.785, "Mancebo", resol. de 20-X-2006; Ac. 104.920, "Russo", resol. de 15-VII-2009 y L. 109.767, "Toledo", resol. de 3-III-2010).
De tal modo, considero que corresponde desestimar la queja aquí traída (arts. 292, CPCC; 63, ley 11.653; y Acordada 1790).
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos expuestos adhiere al voto del señor Juez doctor Pettigiani.
El señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Disiento con la solución propiciada por mis colegas preopinantes.
II. En efecto es dable señalar que, si bien resulta doctrina reiterada que, como principio general, sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de los remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aún refiriéndose a un artículo, produce el efecto de finalizar la misma, haciendo imposible su continuación (arts. 278, 296 y 297, CPCC causas L. 116.920, "González", resol. de 22-VIII-2012; L. 116.702, "Kokalj", resol. de 6-VI-2012; L. 118.058, "López", resol. de 12-XI-2014 y L. 121.039, "Juncos", resol. de 27-IX-2017), tal regla -como en otras oportunidades ha resuelto esta Corte- debe ceder en la especie.
Ello así, desde que el pronunciamiento que, al rechazar la reposición intentada, deja firme el que declaró la extemporaneidad de la contestación de la demanda opuesta por el Fiscal de Estado, efectuada dentro del término fijado a fs. 6, poniendo en juego una cuestión ceñida estrictamente a la interpretación del art. 31 del citado decreto ley, reviste -por sus efectos- carácter definitivo según lo dispuesto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que, además de impedir la reedición de aquella cuestión, obstruye a la recurrente, el ejercicio pleno de la defensa de los intereses provinciales comprometidos y que provoca la intervención de ese organismo, generando un agravio de imposible reparación ulterior, con mengua de la defensa en juicio y el debido proceso (arts. 10, 15, Const. prov. y 18, Const. nac.; v. mi voto en causa L. 121.301, "Nievas", resol. de 17-X-2018).
III. De allí que, en la especie, debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653) lo resuelto a fs. 47/48.
IV. En consecuencia, encontrándose reunidos los restantes requisitos de admisibilidad, más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes del remedio incoado, se hace lugar a la queja traída y se declara mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley deducido el que se concede (arts. 292, CPCC y Acuerdo 1790).
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos, adhiere al voto del señor Juez doctor de Lázzari.
El señor Juez doctor Soria dijo:
I. A lo dicho por mi distinguido colega doctor de Lázzari agrego que, en numerosos precedentes, esta Corte ha entendido que los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 5-VI-2002 y Ac. 87.467, "C.,L.I", resol. de 11-VI-2003). Mas no lo es menos que, tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - tal decisión traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (conf. CSJN, causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
Luego, le asiste razón a la impugnante en cuanto alega que en el caso el pronunciamiento en crisis mediante el cual el tribunal a quo confirma la decisión que juzgó extemporánea la contestación de la demanda por Fiscalía de Estado, resulta equiparable a la sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal.
Por todo lo cual, corresponde hacer lugar a la queja bajo estudio y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la parte demandada, el que se concede.
II. Con tales consideraciones adhiero al voto del doctor de Lázzari.
El señor Juez doctor Torres, dijo:
Por los mismos fundamentos, adhiero al voto del señor Juez doctor de Lázzari, conforme el criterio que sostuve al pronunciarme en la causa L. 123.950, "Arreguez", resol. de 29-IV-2020.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Por mayoría, hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial y 63, ley 11.653; y Ac. 1790).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y pasen los autos a despacho.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2020 18:41:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/10/2020 14:43:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2020 14:52:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/10/2020 16:48:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2020 18:45:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 10:56:44 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2020 11:30:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia