Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124886
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda incoada por Daniela Fernanda Luna y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral con fundamento en la ley 24.557 (v. fs. 105/118).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la actora padece una incapacidad laboral total y permanente del 74,04% del índice de la total obrera en relación causal con el accidente de trabajo denunciado en autos.
II. Contra dicha decisión, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs.128/132 vta.), el que fue concedido por el a quo a fs. 133.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que entiende violadas. En sustancia, cuestiona el porcentaje de incapacidad fijado en la sentencia. Alega absurdo en la valoración de la prueba, específicamente, de la pericial médica. Critica el mecanismo de las incapacidades múltiples o polifuncionales utilizado en el fallo. Invoca vulneradas las garantías constitucionales de propiedad y debido proceso legal.
III.1. El recurso no prospera.
III.2. Tiene dicho esta Corte que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, como la apreciación del material probatorio, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014 y L. 107.471, "López", sent. de 30-XI-2014).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 113.555, "Cortés", resol. de 23-II-2011; L. 114.235, "Barroca", resol. de 11-V-2011 y L. 118.387, "Sala", resol. de 19-II-2015).
En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluida la pericias médica que la impugnante denuncia como erróneamente ponderada y dispuso que -tratándose el caso de un único accidente que provocó diversas secuelas- correspondía sumar aritméticamente los porcentuales asignados a cada una de ellas y sobre tal base juzgó que la incapacidad total y permanente de la actora era de un 74,04% del índice de la total obrera.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la impugnante, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009; L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015).
En efecto, se advierte que la recurrente de manera alguna controvierte de modo frontal, concreto y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance-, y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010 y L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011).
A mayor abundamiento, es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 105.461, "Bertón", sent. de 22-VIII-2012; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014 y L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016), vicio que no logra ser acreditado en el caso.
III.3. Para terminar, no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 94.066, "Villegas", sent. de 3-VI-2009; L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010 y L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/10/2020 12:18:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/10/2020 16:49:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2020 19:19:51 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 10:26:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2020 11:09:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia