Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
FERNANDEZ RAMONA ANTONIA C/ PREVENCION ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL 2.
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en dicha ciudad en el marco de un proceso iniciado por Ramona Antonia Fernández contra Prevención ART S.A. en procura del cobro de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo, decretó la caducidad de la instancia (v. fs. 117/118).
Frente a lo así resuelto, el doctor Carlos Alberto Flores, uno de los apoderados de la parte actora, interpone revocatoria y plantea la nulidad de la notificación de la intimación que le fuera cursada a la accionante el día 12-IX-2018 a fin de que realice actividad procesal útil.
II. El tribunal de grado desestimó el remedio articulado, al juzgar que la cédula electrónica cuestionada no resulta irregular, ni padece de vicio trascendente que viabilice su nulidad. Por el contrario, a criterio del sentenciante, aquella cumple acabadamente con los recaudos previstos en las normas que rigen en la materia, resultando, en consecuencia, plenamente válida (v. fs. 121/123).
III. Frente a lo así resuelto se alza la legitimada activa con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 30-IV-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 130 y vta.
En su impugnación denuncia arbitrariedad. Puntualmente, manifiesta que todo domicilio electrónico está ligado a la identificación personal de cada letrado, de modo tal que la notificación que ha sido cursada en la causa, a fin de realizar actividad procesal útil, dirigida a uno de los apoderados, pero al domicilio de otro, no resulta válida, y está expuesta a la nulidad.
Finalmente alega insuficiente tratamiento de la nulidad solicitada.
IV. El recurso no puede prosperar.
IV.1. En primer lugar, cabe señalar que la sentencia en crisis puede resultar equiparable a un pronunciamiento definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y su abundante doctrina legal (causas C. 89.739, "Fisco", sent. de 13-VIII-2008; C. 92.630, "Zorita", sent. de 10-IX-2008; Ac. 100.974, "Fasce", resol. de 11-III-2009); ello, por la implicancia que en el caso ostenta el rechazo de la nulidad de la notificación incoada toda vez que importa dejar firme el auto que decretó la caducidad de instancia en los autos principales -ya referenciados- y dicho modo anormal de conclusión del proceso proyecta sus efectos directamente sobre la prescripción de la acción (causas Ac. 91.923, "Ludueña", resol. de 9-II-2005 y L. 108.882, "Tesoniero", sent. de 17-IV-2013), quedando por este motivo posibilitada su revisión casatoria.
IV.2. En el caso, el tribunal de grado entendió que, sin perjuicio que la cédula del 14 de setiembre de 2018 que intima a la parte actora a activar el proceso, fue dirigida a nombre de uno de sus apoderados, pero consignándose el domicilio electrónico denunciado por el otro letrado de la accionante, cierto es, que no emana de tal notificación irregularidad alguna que conlleve algún vicio trascendente que viabilice su nulidad. Ello así, pues el emplazamiento se dirigió al único domicilio electrónico constituido en autos por la actora, el cual resulta vigente conforme lo dispuesto por el art. 3 anexo único del Acuerdo 3540/2011.
IV.3. Así, los argumentos que contiene el recurso bajo examen no logran rebatir las razones expuestas por el a quo para decidir en el sentido que lo hizo, ni ponen en evidencia la falta de razonabilidad en el análisis de las constancias de la causa, limitándose la impugnante a exhibir su disconformidad con lo resuelto, a partir de meras discrepancias subjetivas, carentes de idoneidad como tales para conmover las conclusiones del fallo (causas L. 119.060, "Ledesma", resol. de 28-X-2015 y L. 119.832, "Moreno", resol. de 22-VI-2016).
IV.4. Luego, y pese a las afirmaciones de la recurrente, resulta indiscutido que la cédula cuya validez se cuestiona, fue dirigida a la accionante al domicilio que uno de sus apoderados (v. carta poder de fs. 3) constituyera electrónicamente en autos (v. fs. 94), sin que resulte atendible el cuestionamiento sustentado en la incorrecta indicación del nombre del letrado, en la que se funda la pretensión nulitiva, toda vez que tal notificación cumplió con los recaudos establecidos en el art. 136 del Código Procesal Civil y Comercial (causas C. 112.967, "Capdepont", resol. de 11-VII-2012), por lo que dicha intimación fue debidamente notificada.
IV.5. Finalmente, ha de señalarse que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 115.287, "Garibaldi", resol. de 24-IX-2014), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en el caso sub examine .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/10/2020 14:48:55 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 15:06:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 16:33:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/10/2020 19:40:39 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2020 21:51:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia