Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124784
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que el agravio tratado en el punto IV.3.a ha sido desestimado en casos análogos, y el introducido en el punto IV.3.b no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por Daniel Fabián Córdoba y, en consecuencia, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral parcial y permanente (v. fs. 369/389 vta.).
Para así decidir -en lo que interesa destacar por ser materia de agravio- consideró que correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, e incluir, para el cálculo del ingreso base, la totalidad de los haberes percibidos habitualmente por el accionante como contraprestación por su desempeño laboral.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 9-VIII-2019), concedidos por el tribunal de grado a fs. 397 y vta., el segundo de ellos en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.1. En el primero de los remedios intentados, la interesada denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En sustancia, acusa falta de fundamentación legal y jurídica del fallo atacado.
III.2. El recurso no es de recibo.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012 y L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018).
III.2.b. Sentado ello, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 114.220, "Galván", resol. de 26-X-2011; L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015 y (L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018).
En el caso, no se halla vulnerada aquella cláusula constitucional, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015).
III.2.c. Finalmente, resta mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la compareciente denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita.
En primer lugar, se agravia del modo en que el juzgador de origen determinó el ingreso base del accionante, alegando que se aparta de las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, así como del haber remuneratorio determinado en la pericia contable.
Por otro lado, respecto de la aplicación de los intereses sobre el monto de condena, denuncia la incorrecta aplicación en el fallo del art. 770 del Código Civil y Comercial.
IV.2. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 397 y vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 123.066, "Nuñez", resol. de 14-VIII-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014).
IV.3.a. En ese contexto, el cuestionamiento referido a la determinación del ingreso base debe rechazarse, en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; L. 121.058, "Buceta", resol. 26-XII-2018 y L. 121.402, "Lombardo", resol. de 10-IV-2019), debiendo permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto consideró que para computar el ingreso base mensual no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
IV.3.b. En cuanto al agravio destinado a desvirtuar la parte del pronunciamiento que capitaliza los intereses al capital de condena, se advierte que la doctrina que se denuncia como vulnerada ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011; L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017 y L. 117.605, "Gomez", resol. de 14-VIII-2019).
Para terminar -dable es recordar-, no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de autores (causas L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015), así como tampoco los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014 y L. 121.748, "Del Rey", resol. de 26-XII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que el agravio tratado en el punto IV.3.a ha sido desestimado en casos análogos, y el introducido en el punto IV.3.b no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/10/2020 08:34:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/10/2020 11:45:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2020 14:04:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/10/2020 20:21:18 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2020 08:57:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia