Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120537
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.537, "Escobar, Lidia Gisela contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 170/183 vta.).
Se dedujeron, por la Fiscalía de Estado y la parte actora, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 194/198 vta. y 199/206, respectivamente).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte demandada?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Lidia Gisela Escobar y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- al pago de diferencias adeudadas en concepto de prestaciones dinerarias contempladas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con más los intereses calculados según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema de "Banca Internet Provincia".
Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 7 de agosto de 2013, la actora padece una incapacidad laboral permanente parcial que, incluyendo los factores de ponderación, la invalida en un 20,96% del índice de la total obrera y que, como consecuencia de ello, percibió por parte de la aseguradora la suma total de $68.864,89 (v. vered., fs. 170/172).
A la hora de resolver, en lo que aquí interesa -con apoyo en la doctrina y jurisprudencia que cita-, consideró que le asistía razón a la parte actora en cuanto a que correspondía incluir en la base de cálculo de la indemnización reclamada el rubro denominado "horas cores", en tanto éste era percibido con normalidad y habitualidad, y no -como lo señalaba el demandado- de forma extraordinaria (v. fs. 175 vta. y 177 vta.).
Además, a partir del análisis del art. 1 del Convenio n° 95 de la Organización Internacional del Trabajo y por aplicación del principio de primacía de la realidad reconocido en el art. 39 de la Constitución provincial, sostuvo que no había dudas de la naturaleza salarial de dicho concepto.
Manifestó que, en el caso, al estar en juego cuestiones tuteladas por el orden público laboral, el carácter remuneratorio -o no- de una determinada prestación que percibe el trabajador en el marco de una relación laboral depende de su propia naturaleza, sin que ella pueda ser válidamente alterada por la denominación que le asignen las partes, una negociación colectiva o normas estatales (v. fs. 176).
Señaló que si bien la provincia demandada -en su carácter de empleadora pública- no se encontraba alcanzada por el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, el rubro "horas cores" debía considerarse parte integrante del salario que percibía la accionante. Ello así, por cuanto -manifestó- las garantías que protegen la intangibilidad del salario no encuentran apoyo únicamente en aquella norma, sino también en el propio art. 14 bis de la Constitución nacional y el citado Convenio n° 95 (art. 2.1).
Sobre la base de estas premisas, consideró que no existían dudas de que el rubro en cuestión debía ser computado en el ingreso base.
Por otro lado, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en tanto, al establecer que corresponde tomar los haberes percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante (7 de agosto de 2013) -en lugar de hacerlo teniendo en cuenta el salario devengado a la fecha en la que la indemnización fue abonada (marzo de 2014)-, genera una diferencia económica notoria e importante que conduce a un resultado indemnizatorio irrazonable y no representativo de la pérdida de ganancia del trabajador.
En tales condiciones, calculó la prestación por incapacidad parcial permanente en la suma de $320.338,41 ($11.978,22 x 53 x 20,96% x 65/27), juzgando que superaba el piso mínimo previsto en el art. 3 del decreto 1.694/09, conforme la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 34/13, que resultaba de aplicación en la especie, atento la fecha de la primera manifestación invalidante (v. sent., fs. 179 y vta.).
Luego, el tribunal desestimó el pedido de la legitimada activa de actualizar el importe indemnizatorio a través de la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) y adicionó a dicho monto el 20% que fija el art. 3 de la ley 26.773, arribando a un total de $384.406,09 (v. sent., fs. 179 vta. y 180).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial y permanente prevista en dicho régimen legal, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la actora el importe de $315.541,20, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., últ. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En concreto, aunque equivocando los alcances con que fue declarada la inconstitucionalidad de la norma, controvierte lo resuelto en torno al art. 12 de la ley 24.557 por dos órdenes de motivos:
II.1. Por un lado, en cuanto al modo como se determinó el "salario base", tomando en consideración la totalidad de las remuneraciones brutas percibidas por la actora y no como lo establece la ley computando los ingresos sujetos a aportes y contribuciones.
Manifiesta que la naturaleza remuneratoria de cada rubro está determinada por la habitualidad, regularidad, permanencia, estar sujeto a aportes y no estar otorgado en mérito al comportamiento del agente o a las circunstancias especiales del mismo, lo que torna improcedente el obrar del juez.
Argumenta que el salario que se toma en cuenta para establecer el monto de las prestaciones dinerarias previstas por dicha ley se calcula incluyendo los rubros que componen la prima que abona el asegurado, y es en función de la relación laboral que el trabajador siniestrado puede demandar el otorgamiento de dichas prestaciones, para lo cual se le exigen determinados requisitos.
Señala que las "Horas Cores" son compensaciones por retribución de servicios, y que el derecho al cobro se encuentra supeditado a la efectiva realización de servicios extraordinarios, conforme surge de la norma que las reglamenta.
Tal circunstancia -sostiene- hace que el a quo haya incurrido en absurdo, toda vez que la norma es válida, vigente y aplicable al caso.
II.2. Por el otro lado, critica que se tomara como base de cálculo el salario devengado a la fecha del pago de la prestación dineraria, y no el ingreso base al momento de la primera manifestación invalidante. Sostiene que, de este modo, el tribunal realiza una actualización ilegal, haciendo una desinterpretación de la normativa en cuestión.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141, Acordada 3.840/17), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Sin embargo, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -respecto del período a tener en cuenta para calcular el ingreso base mensual- involucra el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su tratamiento incluso con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el embate que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Sentado ello, observo que la impugnación dirigida a cuestionar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente (ahora en razón de los rubros contemplados), no resulta atendible.
Esto es así porque, más allá de la errada afirmación de la recurrente en cuanto a que el tribunal de origen habría invalidado constitucionalmente la norma a fin de incorporar conceptos no sujetos a cotización, la crítica -desde su propia formulación- no involucra ningún tema federal, ya que se trata, en definitiva, de una cuestión de hecho y de la interpretación y aplicación del derecho común, temas ajenos a la vía establecida en el art. 14 de la ley 48 (v. fs. 176 vta. in fine /178 vta.; causas Ac. 101.951, "Pereira", resol. de 16-IV-2008 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009).
En consecuencia, se impone la exclusión de la hipótesis que habilita el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 toda vez que la invocada transgresión de la doctrina que se cita en el recurso (proveniente de las causas B. 53.024, "La Palma", sent. de 11-X-1995 y B. 56.528, "Velazco", sent. de 17-II-1998), fue elaborada por este Tribunal a instancias de presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento (causas L. 117.914, "Vásquez", sent. de 15-VII-2015; L. 116.942, "Novelli" y L. 117.785, "Sias", sents. de 28-X-2015; e. o.).
En efecto, en el primero de los precedentes aludidos, esta Suprema Corte hubo de rechazar la demanda contenciosa administrativa que el actor había interpuesto contra la Provincia de Buenos Aires, por la que solicitaba la anulación de dos resoluciones del Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (de 26 de julio de 1989 y 27 de diciembre de 1989), en cuanto le habían denegado el pedido de reajuste de sus haberes jubilatorios y rechazado el recurso de revocatoria interpuesto contra la aludida denegatoria.
En la restante causa, este Tribunal también dispuso el rechazo de la demanda contencioso administrativa promovida contra la Provincia de Buenos Aires en la que se solicitaba dejar sin efecto el decreto 411 del Poder Ejecutivo, mediante el cual se desestimaba el pedido del actor de continuar percibiendo la bonificación por músico prevista en el art. 112 inc. "b" del decreto ley 9.550, no obstante haber dejado de cumplir con la función asignada en la Banda de Música de la Policía Bonaerense al disponerse su traslado a la División de Relaciones Públicas.
De lo expuesto se colige que las circunstancias fácticas ventiladas en esas actuaciones difieren de lo debatido y resuelto en la presente causa, donde se condenó a la demandada a abonar la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el régimen especial de la ley 24.557.
Asimismo, estimo oportuno recordar al recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015; e. o.).
III.3. Por otro lado, considero que debe desestimarse el cuestionamiento que gira en torno a la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, respecto del período a tener en cuenta para calcular el ingreso base mensual.
Esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado precisamente aquella parte de la norma donde se establece que, para computar el ingreso base mensual, deben tomarse en cuenta los "doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante" (v. causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016 y L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; e. o.), confirmando -en consecuencia- pronunciamientos de grado que dispusieron un período computable distinto, más cercano en el tiempo, con el objeto de resguardar cualquier desajuste o desvalorización que pudiera provocarse respecto de la prestación dineraria debida a la víctima del infortunio laboral o sus derechohabientes.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero a lo manifestado por mi distinguido colega doctor de Lázzari en los puntos III.1. y III.2. de su voto.
I.2. Luego, y sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -conf. art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse en atención a que en él se plantean agravios que han sido desestimados por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.534, "Castiñeira", sent. de 29-XI-2017; L. 119.692, "Escobar", sent. de 27-XII-2017; L. 119.538, "Alice", sent. de 27-XII-2017 y L. 119.454, "Solari", sent. de 16-V-2018). En consecuencia, debe permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado en cuanto a la descalificación constitucional del art. 12 de la ley 24.557 -declarada con relación al periodo computable-, como también respecto del modo en que resolvió en cuanto al monto del ingreso base mensual de la parte actora, en razón de los rubros contemplados.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución provincial; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que identifica.
Sostiene -en lo esencial- que el a quo , por conducto de la primacía de la equidad y de los principios alterum non laedere y de progresividad, debió reconocer la máxima indemnización posible y ajustar el resultado de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 con arreglo al índice RIPTE.
Argumenta que el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 refiere que las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente relacionadas con sucesos acaecidos durante la vigencia de los decretos 1.278/00 y 1.694/09 y de la ley 24.557 deben ajustarse conforme el índice RIPTE desde el día 1 de enero de 2010 hasta la fecha de pago. De lo contrario, afirma, aquellas resultan insuficientes, afectando el derecho de propiedad y los principios de integralidad, progresividad y no regresión (conf. arts. 17, 19, 21 y 28, Const. nac.; 39, Const. prov.; 26 y 29, CADH; y 9, Protocolo de San Salvador).
II. El recurso no prospera.
II.1. El art. 8 de la ley 26.773 (conforme su texto original) establece que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Por su parte, el art. 17 apartado 6 de la misma ley (siempre según su primitivo texto) prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
En línea con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párrafo), una interpretación sistemática de las normas, lleva a afirmar que el "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" trajo un mecanismo de ajuste general y periódico, que como tal, actúa sobre los importes que en abstracto y genéricamente prevé el sistema, así, sobre los relativos a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que se refiere el art. 1 del decreto 1.694/09 y sobre aquellos correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden los arts. 3 y 4 del mismo instrumento.
II.2. Precisamente, y tal como surge de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), es esa la exégesis que recoge no sólo el decreto 472/14, sino también las resoluciones n° 34/13, n° 3/14 y n° 6/15 -no obstante referirse, asimismo, al mínimo valor de la indemnización del art. 3 de la ley 26.773 en determinados supuestos- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8 citado de la ley 26.773, y además, la ley 27.348).
II.3. Sentado ello, no le asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que corresponde calcular dicho índice sobre el resultado de la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, pues tal método no se condice con lo dispuesto en la normativa de aplicación conforme la interpretación que le ha dado la doctrina legal de esta Corte anteriormente citada.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Vot
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.