Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120189
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.189, "Saucedo, Leoncio Ángel contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Soria , Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 228/241 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 254/265).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la excepción de prescripción opuesta, acogió la acción promovida por Leoncio Ángel Saucedo y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 (v. fs. 228/241 vta.)
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor, como dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sufrió un accidente de trabajo el día 17 de marzo de 2003 cuando se dirigía a su trabajo y que, como consecuencia de aquel, padece un 85,64% de incapacidad total, permanente y definitiva (v. vered., fs. 228/229).
En la etapa de sentencia, desestimó la defensa opuesta por la demandada al concluir que la acción promovida el 7 de febrero de 2011 no estaba alcanzada por los efectos de la prescripción liberatoria, en tanto a la citada fecha de interposición de la demanda no había transcurrido el plazo bienal computado desde la oportunidad en que el actor había tomado conocimiento de la irreversibilidad de su disminución laborativa al momento del otorgamiento del alta médica (16 de abril de 2009).
Destacó, además, como acto interruptivo del curso de la prescripción, la interposición de demanda con similar objeto al planteado en autos con fecha 28 de julio de 2009 ante la Justicia Nacional del Trabajo, aun cuando dicha jurisdicción se había declarado incompetente el día 30 de septiembre de 2010 (v. fs. 237 y vta.).
En otro orden, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto dispone -a fin de determinar el módulo salarial para establecer las prestaciones dinerarias- que sólo deben tomarse las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones (v. fs. 233 vta.).
Señaló que, en el caso de autos, de la sola compulsa de los conceptos incluidos en los recibos de haberes del actor se evidenciaba que, de no considerarse, por ejemplo, el rubro categorizado por la empleadora como "horas cores", concepto sistemática y habitualmente abonado, se infligiría un grave e injusto perjuicio a los intereses del legitimado activo, por cuanto dichos emolumentos representaban una porción sustancial de sus haberes mensuales.
En estos términos -dijo-, el valor del ingreso base no debería tener otro objetivo que no sea que el trabajador accidentado perciba un resarcimiento acorde con las remuneraciones habitualmente devengadas y percibidas, más allá de que el empleador, por razones financieras o de otra índole, decida unilateralmente considerar una parte de los haberes como no contributivos a los fines de la seguridad social.
Manifestó que en tales condiciones resultaba ostensible la configuración de una diferencia -por disminución- generada por la aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557, frente a las sumas reconocidas en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, cuando el hecho productor del daño no es un accidente de trabajo o enfermedad profesional, sino un accidente o enfermedad denominada "inculpable", no profesional, anomalía que torna irrazonable el régimen y, por lo tanto, sujeto a su declaración de inconstitucionalidad (v. fs. 234).
Concluyó luego que -en el caso- existían elementos suficientes que lo llevaban a la convicción de que la metodología de cálculo prevista en el art. 12 de la ley citada no conducía a un resultado razonable, sino que -por el contrario- mediante su aplicación se producía una clara vulneración del derecho de propiedad.
Por lo expuesto, entendió que el dispositivo legal impugnado colisionaba con los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, así como con los principios de integralidad, progresividad -y no regresión- en materia de seguridad social, contenidos en los arts. 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 26 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana -Protocolo de San Salvador- (v. fs. 234 vta.).
Seguidamente, desestimó la aplicación al caso del decreto 1.694/09 -tal como había sido peticionado por el actor- desde que su acogimiento -explicó- implicaba la aplicación retroactiva de la ley, vedada por los arts. 2 y 3 del Código Civil por entonces vigente y del propio art. 16 del decreto que establece específicamente el momento de vigencia de la norma; y señaló, además, que resultaban insuficientes los argumentos expuestos a efectos de descalificar constitucionalmente el citado precepto (v. fs. 235 y vta.).
Por otro lado, puntualizó que el importe al que resultaba acreedor el actor, aplicando las pautas de la Ley de Riesgos del Trabajo vigente a la fecha del infortunio, resultaba irrisorio, ya que ni remotamente reparaba adecuadamente los perjuicios padecidos por quien había sufrido la merma total y definitiva de su capacidad laborativa, afectando la dignidad de las personas y el derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.), produciendo una situación intrínsecamente injusta que lo conducía a acudir a algún mecanismo reparatorio que brindara una respuesta, al menos, razonable (v. fs. 238 y vta.).
A partir de esta premisa, consideró que el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), contemplado en la ley 26.773 como mecanismo periódico de ajuste, constituía una pauta adecuada a los fines indicados.
Señaló que, por imperio de la resolución 1/16 de la Secretaría de Seguridad Social, durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2016 y el 31 de agosto de 2016, el "piso" correspondiente a la indemnización prevista en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557, no podía ser inferior a la suma de $943.119, sin contar la suma adicional contemplada en el art. 11 apartado 4 inc. "b" que también correspondería abonar en un caso donde se verificara una incapacidad como la de autos. En ese marco -continuó- quedaba evidenciado que sólo considerando el "piso" establecido en la citada resolución, éste presentaba un acrecimiento del orden del 146,73% con relación al importe que le correspondería percibir en autos al accionante -ya adicionados los intereses- ($382.243,82), según la normativa vigente al momento del hecho dañoso, lo que, en el caso, patentizaba una situación notoriamente injusta que -a juicio del a quo - no podía convalidarse (v. fs. 239).
En esos términos, propuso resolver el caso en base a los principios de justicia social y de indemnidad, expresamente contemplados en el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial. Reiteró que se trataba de una solución en equidad y no implicaba, en modo alguno, propiciar una aplicación retroactiva de la ley 26.773, desde que su invocación en autos fue únicamente para establecer una pauta objetiva de comparación en la reparación propuesta por la ley de riesgos del trabajo vigente al momento del accidente (v. fs. 239 y vta.).
Destacó que, atento la naturaleza y alcances de la reparación propuesta, no correspondía abonar la suma adicional contemplada en el art. 11 apartado 4 inc. "b" (v. fs. 239).
Señaló, además, que la prestación establecida en el art. 15 apartado 2 debía abonarse en un único pago toda vez que la ley 26.773 transformó, con vigencia inmediata, las prestaciones dinerarias de renta periódica en prestaciones de pago único -salvo las que se hallaren en ejecución- y, en consecuencia, declaró abstracto el tratamiento del planteo formulado por el demandante cuestionando la validez constitucional de las normas que disponían el sistema de pago en forma de renta (art. 163 inc. 5, CPCC; ley 11.653; art. 17 apdo. 1, ley 26.773; v. fs. 239 vta.).
Por último, determinó que, en consideración a que la suma de condena ($943.119) había sido establecida a la fecha del pronunciamiento, no correspondía la adición de intereses (v. fs. 239 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que plantea los siguientes agravios (v. fs. 254/265).
II.1. En primer lugar, controvierte el rechazo de la defensa de prescripción opuesta.
A esos fines, bajo la denuncia de absurdo y violación del principio de congruencia, cuestiona el punto de partida del plazo prescriptivo que determinó el a quo . En ese orden, alega que la propia actora reconoció, al promover la demanda, como fecha de consolidación del daño el día 17 de marzo de 2003, cuando ocurrió el accidente, al reclamar el cómputo de intereses a partir de esa fecha.
Por otro lado, sostiene que el sentenciante, para declarar no prescripta la acción, se valió de argumentos expuestos por el actor en forma extemporánea al contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653. En ese sentido, señala que luce absurda la conclusión en cuanto consideró que la fecha de alta médica implicó la toma de conocimiento del carácter irreversible de la minusvalía, cuando ya en ese momento el actor se encontraba jubilado por incapacidad y se había dictaminado previamente la incapacidad que portaba (v. fs. 257 vta.); la misma falencia le endilga a la definición por la cual determinó como acto interruptivo del curso de la prescripción la interposición de demanda el día 28 de julio de 2009 ante el Juzgado Nacional del Trabajo n° 79.
Agrega, desde otra perspectiva, que también el a quo incurrió en absurdo, en tanto no se advierte que, al iniciarse la acción, habían transcurrido dos años desde que se extinguiera la relación laboral, tal como lo prevé el art. 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.2. Alega luego que la decisión, en cuanto aplicó las prescripciones de la ley 26.773, deviene arbitraria pues el juzgador se apartó injustificadamente de la reparación que le correspondía al actor por reputarla injusta y resolvió el caso con base en los principios de justicia social, equidad e indemnidad.
En sustancia, señala que este pronunciamiento no abastece el deber de fundamentación previsto los arts. 18 de la Constitución nacional y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, vulnerando el derecho de defensa y de propiedad del demandado.
Desde otroángulo, invoca que el fallo impugnado transgrede la doctrina establecida por esta Corte en la causa "Staroni" y por la Corte federal en el precedente "Espósito" toda vez que aplicó retroactivamente el mecanismo de ajuste de una legislación que no estaba vigente a la fecha del infortunio base del reclamo, subsumiendo el hecho dañoso en una ley posterior e inexistente al momento de su acaecimiento.
En forma subsidiaria a lo expuesto, agrega que el índice RIPTE ha sido aplicado en el caso como un mecanismo de actualización, vulnerando la prohibición contenida en el art. 7 de la ley 23.928, modificada por el art. 4 de la ley 25.561.
II.3. En otro orden, se agravia porque el sentenciante, al establecer el porcentaje de incapacidad que afecta al accionante, no aplicó la denominada "fórmula de la capacidad restante" establecida para los supuestos de gran siniestrado en el parte final del decreto 659/96. Señala que dicha fórmula, también llamada "fórmula de Balthazard", evita que se produzcan situaciones de enriquecimiento sin causa.
Indica que el sentenciante prescindió de su aplicación, sin expresar fundamento alguno que justificase su apartamiento, pues se trata de una normativa vigente y plenamente aplicable al caso.
II.4. Por otro lado, cuestiona que el tribunal de grado haya descalificado constitucionalmente el art. 12 de la ley 24.557, incluyendo, para calcular el valor mensual del ingreso base, las sumas abonadas en concepto de "horas cores" que no están sujetas a cotización.
Alega que las "horas cores", aunque sean percibidas en forma habitual y permanente por el actor, no forman parte de su remuneración por no ser un suplemento sujeto a aportes previsionales y encontrarse expresamente excluidas por el art. 59 del decreto 1.059/09, reglamentario de la ley 13.982 de Personal de Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene, además, que en el caso el accionante percibió una remuneración en consonancia con la normativa laboral vigente y aplicable.
Agrega que la previsión contenida en el art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, invocada por el a quo al establecer la comparación entre las pautas establecidas en ese régimen y en el de riesgos del trabajo, no resulta aplicable en la especie pues rige una situación distinta.
Manifiesta, por todo lo expuesto, que el a quo incurrió en absurdo al descalificar una norma válida, vigente y aplicable al caso.
II.5. Finalmente, señala que el fallo es absurdo y vulnera el principio de "no contradicción" en cuanto rechazó la defensa de prescripción a partir de considerar que la primera manifestación invalidante tuvo lugar cuando se le otorgó el alta médica al accionante, esto es, el 16 de abril de 2009 y luego aplicó intereses desde la fecha del hecho ocurrido el día 17 de marzo de 2003.
Señala que esta última conclusión luce contradictoria con lo anterior decidido, dado que la mora -según el razonamiento seguido por el tribunal de origen- recién pudo verificarse a partir de la primera de las fechas invocadas.
Por ende, a todo evento, denuncia la improcedencia del referido cómputo de intereses, debiendo adecuarse los acrecidos -sostiene- a la fecha determinada por el a quo como primera manifestación invalidante.
En su apoyo, invoca la doctrina de esta Corte emanada de la causa L. 45.848, "Umeres" (sent. de 14-V-1991), entre otras, que expresa que la fecha de exigibilidad del crédito determina el punto de partida para el cómputo de los intereses.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De modo liminar, se impone destacar que el recurso ha sido bien concedido, pues la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653 consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial, y su validez constitucional fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro", resolución de 3-XII-2014.
III.2. Sentado ello, he de destacar que no es atendible el reproche orientado a controvertir el rechazo de la excepción de prescripción.
Tiene dicho esta Corte que determinar el comienzo del curso de la prescripción, así como su eventual interrupción o suspensión, constituyen facultades privativas de los tribunales de grado e irrevisables en casación, salvo que se acredite que la solución del caso es el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo (causas L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011; L. 99.257, "Díaz", sent. de 11-IV-2012 y L. 118.880, "Benítez", sent. de 30-III-2016).
El interesado no logra demostrar que la sentencia impugnada adolezca de tal vicio invalidante.
Ello así pues, desentendiéndose de la línea reflexiva expuesta en el fallo y de las motivaciones que lo sustentan, se limita, por un lado, a reiterar conceptos ya vertidos en el curso del proceso que fueron expresamente considerados y descartados en la sentencia y, por el otro, a manifestar insistentemente que el actor introdujo argumentos en forma extemporánea, en oportunidad de contestar el traslado del art. 29 de la ley 11.653, al oponerse a la defensa de prescripción.
De este modo, el recurrente no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión con el criterio de los jueces de mérito, desentendiéndose por completo del análisis que condujo al a quo a desestimar la defensa de prescripción, sin lograr concretar una réplica idónea a los fines de descalificar lo decidido en la instancia de origen.
Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del fallo objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 103.438, "Rincón", sent. de 20-III-2013 y L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014).
Por lo demás, tampoco son útiles a los fines de modificar lo resuelto, las alegaciones vinculadas al art. 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo que reflejan un renovado análisis del tema debatido, poniendo en evidencia la propia contradicción del recurrente entre lo argumentado en las etapas anteriores del proceso y lo expuesto en el recurso frente a la suerte adversa de su reclamo.
III.3. Corresponde ahora abordar el agravio relativo a la determinación del grado de minusvalía laborativa del actor.
En el caso, a partir del análisis del informe pericial médico y con fundamento en las disposiciones de la ley 24.557, el tribunal de origen estimó la minusvalía indemnizable en el orden del 85,64% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 229).
De los términos del embate se desprende que, si bien el interesado propugna la aplicación del criterio de incapacidad restante en oposición al empleado en la sentencia de mérito, no acomete una crítica frontal del razonamiento seguido por el juzgador para establecer la conclusión que impugna. En su lugar se limita a exponer su propio análisis acerca del modo como debió haber sido resuelto este aspecto de la controversia, reiterando los términos que expuso al impugnar el informe del perito médico (v. fs. 212), sin que ello conforme una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto o demuestre el error que le endilga al sentenciante de grado.
III.4. Luego, no es atendible el reproche vinculado a la declarada inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
III.4.a. El interesado dirige su impugnación a cuestionar la decisión de los jueces del tribunal de trabajo actuante, en cuanto consideraron que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo resulta inconstitucional en tanto excluye -para el cálculo del ingreso mensual base- a los llamados ingresos no remunerativos.
III.4.b. A los fines de dar respuesta al reproche formulado por el impugnante, corresponde señalar que esta Suprema Corte, en distintas oportunidades, al desestimar recursos presentados por el Fisco provincial declarando su insuficiencia, ha censurado aquella parte de la norma en cuanto establece que, para computar el ingreso base mensual, debían tomarse en cuenta "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones" (v. causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; L. 120.292, "Leguizamón", sent. de 15-XII-2018; e.o.), disponiendo que fueran incluidos todos aquellos importes de carácter no remunerativo que integran el salario del trabajador. En virtud de ello, debe confirmarse este aspecto del pronunciamiento atacado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.5. En cambio, el planteo dirigido a discutir la decisión del tribunal de origen que cuantificó el monto de condena con arreglo a las pautas previstas en la
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