Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120656
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.b. in fine del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo que aquí se decide. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.656, "Pedro, Martin Antonio contra Dirección General de Cultura y Educación. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. sent., fs. 257/275 y aclaratoria fs. 296/298).
Se interpusieron, por la Fiscalía de Estado, dos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. fs. 290/294 vta. y fs. 307/314 vta.). El primero fue declarado abstracto a fs. 296/298, y el segundo fue concedido a fs. 316 y vta.
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Martin Antonio Pedro contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, y en consecuencia, condenó a ésta -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 257/275). En ese orden, impuso las costas a la parte demandada vencida y reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso con sustento en las leyes 6.716, 6.742, 8.904, 10.620, 12.109, 12.724 y 13.750 (v. fs. cit. y 276).
Luego, ante el pedido de aclaratoria formulado por la accionada (v. fs. 285 y vta.), el a quo modificó el monto de la condena establecido en la sentencia y ordenó practicar una nueva la liquidación (v. fs. 296/299).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que identifica.
Señala que el importe de las costas a su cargo representa el 38,79% del monto de la sentencia y, por ende, excede el límite que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, 505 del Código Civil y 730 del Código Civil y Comercial (v. fs. 313 vta./314).
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte sentó en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005) y L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015; v. fs. 313).
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2.a. Aclarado ello, corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia que se verifica entre lo presupuestado en la instancia ordinaria en materia de costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a la recurrente- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3840/17)-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal sub examine sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653. Así lo entendió también el a quo , al concederlo en la resolución de fs. 316 y vta., que arriba firme y consentida a esta instancia extraordinaria.
En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
III.2.b. Desde esa perspectiva, le asiste razón a la recurrente cuando denuncia que el órgano judicial de grado transgredió la doctrina legal elaborada en torno a la previsión del art. 8 de la ley 24.432.
La limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas contemplada en la citada normativa ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (así, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002 y L. 117.427, "C., M. Á.", sent. de 20-V-2015, citadas por la recurrente; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como bien lo destaca la impugnante, tal directriz fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del ordenamiento de fondo (causas L. 118.380, "Arce" y L. 115.743, "Avalos", sents. de 11-IV-2018).
En el caso, del relato de los antecedentes y de los cálculos aportados por la interesada, es dable advertir que el órgano judicial de grado, en la última estimación de los conceptos integrantes de las costas, excedió el 25% del monto de condena (v. fs. 299 y vta.).
En atención a lo señalado, corresponde revocar el pronunciamiento de grado en esta parcela y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que, teniendo en cuenta los lineamientos de la doctrina legal transgredida, así como también lo normado por el art. 330 de la ley 10.397, dicte nuevo pronunciamiento observando los límites fijados por el legislador nacional, de modo tal que la responsabilidad de la codemandada por el pago de las costas no supere el 25% del monto de la condena impuesta a su parte.
IV. Por todo lo dicho, propongo hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la resolución atacada con el alcance indicado en el párrafo precedente.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta decisoria del señor Juez doctor Genoud.
En efecto, con relación al tratamiento dado al agravio por el que se cuestiona el límite en la responsabilidad por el pago de las costas (art. 277, LCT y 505, Cód. Civ. -art. 730, Cód. Civ. y Com.- t.o. ley 24.432), habré de remitir -como indiqué al emitir mi voto en la casa L. 118.223, "Cáceres" (sent. de 26-X-2016)- a los términos de la adhesión que efectuara al votar en la causa L. 91.884, "Arzamendía Rolón" (sent. de 18-VIII-2010).
Lo expresado en dicho precedente, entre otros, se encuentra en la misma línea de ideas ya volcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes "Abdurraman" (Fallos: 332:921) y "Villalba" (Fallos: 332:1276), ratificados en recientes fallos dictados por el Alto Tribunal, en las causas "Canosa, Javier Eduardo c/ Canal del Este S.A. y otros s/ despido" y "Malynowyc, Ignacio Javier c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. y otros s/ despido", sentencias de 6-VIll-2015 y en "Tarantino, María de los Ángeles c/ Refinería del Norte S.A. y otro s/ accidente-acción civil", sentencia de 15-X-2015.
Tal como quedó de manifiesto en el voto que abre el acuerdo, la responsabilidad de la condenada en costas ha de tener como límite el establecido por la normativa (25%). Por ende, el tribunal deberá, en el momento procesal oportuno, obrar de conformidad con lo allí dispuesto (art. 277, LCT, texto según ley 24.432).
Con el alcance dado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria del señor Juez doctor Genoud en atención de la consolidada doctrina legal de este Tribunal sobre la materia, a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002 y L. 117.427, "C., M. Á.", sent. de 20-V-2015, citadas por la recurrente; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias.
II. Por todo lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe prosperar, con el alcance indicado en el sufragio inaugural.
Con el alcance indicado, así lo voto .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.2.b. in fine del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo que aquí se decide. Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/11/2020 18:10:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/11/2020 09:24:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/11/2020 11:51:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/11/2020 16:55:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/11/2020 19:14:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia