Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125412
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.412, "Ponillaux, Cristian Gustavo contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, de Lázzari, Torres, Pettigiani .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 195/204).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29 de agosto de 2019 y fs. 205/210).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Cristian Gustavo Ponillaux contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía el cobro de la prestación prevista en el régimen especial de reparación de infortunios laborales por la incapacidad laborativa que resultó acreditada en autos (10,8% del índice de la total obrera), como derivación del accidente que sufrió el día 19 de abril de 2017.
En lo que interesa, por aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557 (t.o. art. 11, ley 27.348), el órgano de grado calculó el ingreso base mensual del actor conforme el promedio de los doce salarios previos al accidente actualizados con arreglo al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), arribando así a la suma de $27.550,44. A dicho importe adicionó los intereses según la tasa activa del Banco de la Nación Argentina calculados desde la fecha del evento dañoso (19 de abril de 2017) hasta la del dictado de la sentencia, elevando aquel guarismo hasta $56.231,78 (v. vered., fs. 196 vta.).
Luego de calcular la cuantía del resarcimiento con arreglo a las pautas establecidas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, el sentenciante rechazó el pedido de la demandada de no fijar intereses sancionatorios. Al respecto, determinó que "A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación (art.12 ley 24.557 según texto ley 27.348)" (sent., fs. 201 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la Constitución provincial; 768 del Código Civil y Comercial; 44 inc. "d", 48 de la ley 11.653; 11 incs. 2 y 3 de la ley 27.348; 7, 8 y 10 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 29 de agosto de 2019).
En sustancia, cuestiona la tasa de interés aplicada por el juzgador con fundamento en el art. 11 de la ley 27.348.
Sostiene que la misma fue concebida -como entiende se desprende del art. 4 de la propia norma- para el procedimiento administrativo previsto por la ley 24.557, para el pago de prestaciones dinerarias allí contempladas, homologadas luego del dictamen de las Comisiones Médicas.
En tal sentido afirma que se vulnera la doctrina legal que emerge de la causa L. 113.328, "M., O. E. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otros. Accidente de trabajo", en la cual esta Corte declaró inaplicable al caso la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento de documentos, dado que esa solución había sido adoptada para la tramitación administrativa de la Ley de Riesgos de Trabajo, por lo tanto, ajeno al proceso judicial.
Asimismo, denuncia violada la doctrina emergente de las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991); L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013), entre otras, destacando que este Superior Tribunal se pronunció por la aplicación de la tasa de interés que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, la cual -afirma- "no ha sido alterado por el abandono del sistema de convertibilidad" (v. pág. 9 de la presentación electrónica).
Manifiesta que la diferencia entre la tasa activa del Banco Nación y la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires arrojan resultados desproporcionados entre sí, desnaturalizándose el carácter del sistema de protección contra riesgos del trabajo, conforme lo ha decidido la Suprema Corte provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiterados pronunciamientos.
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, destaco que, en el caso, el valor de lo cuestionado representado por la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el juzgador, y el que habría de obtenerse por aplicación de la tasa pretendida por el recurrente, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e.o.).
III.2. Bajo esa directriz, se observa que las doctrinas que se denuncian violadas no resultan idóneas para fundar el recurso ya que han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles de los que aquí concurren (causas L. 100.582, "Rimoli", sent. de 30-XI-2011; L. 98.777, "Trujillo", sent. de 21-III-2012; L. 109.862, "Vallejos", sent. de 26-IX-2012; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015; e.o.).
En efecto, por un lado, en los autos L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014) y L. 118.006, "Tello" (resol. de 6-V-2015), se discutió sobre la tasa aplicable al capital en el marco del procedimiento administrativo, de conformidad con lo establecido por las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (resol. 414/99, modif. por resol. 287/01).
Luego, en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009) y L. 90.768, "Vitkauskas", L. 108.142, "Díaz" y L. 108.164, "Abraham" (sents. de 13-XI-2013), entre otros, el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Entonces, la temática debatida en dichos precedentes difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el sentenciante de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348; v. sent., fs. 632) y utilizada para recomponer el ingreso base mensual, lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada.
III.3. Agrego, para mayor satisfacción del recurrente, que tampoco se observa configurada la hipótesis excepcional (art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653) respecto de los intereses punitorios aplicados en autos (v. sent., fs. 201 vta.). Ello pues, si por vía de hipótesis se considerase que esta cuestión integra los agravios o reviste calidad de tal, la doctrina cuya transgresión denuncia el recurrente versa, cabe aclarar, sobre la tasa aplicable a intereses de carácter moratorio.
En tal sentido, esta Corte reiteradamente ha declarado que, tales acrecidos no comparten la naturaleza jurídica de los punitorios, puesto que estos últimos son fijados para el supuesto de incumplimiento de una manda judicial y tienen una esencia sancionatoria y no indemnizatoria (causas L. 80.710, "Rodríguez", sent. de 7-IX-2005; L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 114.958, "Bernier", resol. de 24-VIII-2011 y L. 115.162, "Reyes", resol. de 26-X-2011).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/11/2020 11:38:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/11/2020 09:18:45 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2020 15:33:15 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2020 19:54:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/11/2020 08:37:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia