Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124183
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.183, "Britos, José Alberto contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 296/313).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3 de junio de 2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por José Alberto Britos y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en concepto de incapacidad psíquica derivada del infortunio que protagonizó el 16 de mayo de 2012.
Para así decidir, tras analizar la experticia médica psiquiátrica realizada a fs. 175/182 y 191, estudios complementarios agregados a la causa y el informe de la Asesoría Pericial, concluyó que el actor presentaba trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos (depresión psicótica de acuerdo al Baremo establecido en el decreto 659/96) que lo incapacitaba de modo parcial, permanente y definitivo en un 35% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 300 y vta.).
Luego de analizar la vía administrativa por la que había transitado el actor en reclamo de las secuelas físicas que le había generado el accidente, destacó que el reclamo del accionante en el proceso judicial consistió en la reparación integral y, en forma subsidiaria, en la reparación tarifada exclusivamente por el daño psíquico, por lo que la incapacidad a resarcir en el caso era solo esa, correspondiendo otorgar las prestaciones contempladas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. En tal sentido, sostuvo que no correspondía tener en cuenta la premisa actoral para que el cálculo lo sea por la incapacidad total que porta el trabajador, por cuanto excede el marco de la pretensión, sin encontrar elementos objetivos válidos, que justifiquen ir más allá de los límites que integran la litis (v. vered., fs. 300 vta. y 301).
Sobre esas motivaciones, tras desestimar los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetiva y objetiva en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil, calculó la prestación dineraria que le correspondía percibir al actor en la suma de $242.571,67 (v. sent., fs. 308 vta.).
II. La legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad, absurdo, errónea aplicación del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 75 incs. 19 y 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 31 y 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial; 9, 11, 12, 29, 47 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo; 8, 13 inc. "b", 21, 25 y 29 del Pacto de San José de Costa Rica; 8, 17, 23.1 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11, 14, 16, 18 y 23 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 12, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 354 incs. 1 y 2, 163 inc. 3 y 484 primer párrafo del Código Procesal Civil y Comercial; 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557 y doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 3 de junio de 2019).
En primer lugar, sostiene que la sentencia impugnada afecta derechos de raigambre constitucional, verificándose la existencia de una cuestión habilitante de la vía del recurso extraordinario federal y, por ende, no es exigible en el caso el requisito de un monto mínimo para recurrir.
Luego, en esencia, cuestiona que el sentenciante no haya aplicado los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 inc. "b" de la Ley de Riesgos de Trabajo, por entender que, al demandar, la parte actora limitó su planteo solamente a la incapacidad psíquica del trabajador y no reclamó por la minusvalía total ni la compensación dineraria adicional de pago único.
En tal sentido manifiesta que el a quo alteró el objeto de la demanda encontrándose vulnerado el principio de congruencia.
Arguye que si bien el objeto de autos fue la determinación de la incapacidad psíquica y no de la física -ya fijada por la Comisión Médica y consentida por la demandada-, sí se reclamaron las indemnizaciones correspondientes a la incapacidad global que porta el trabajador.
En tal sentido, encontrándose firme que Britos posee una invalidez física del 47,2% y psíquica del 35%, la incapacidad total es mayor al 66%, por lo que el tribunal debió cuantificar las prestaciones conforme los arts. 11 apartado 4 inc. "b" y 15 apartado 2 de la ley 24.557.
A partir de ello, solicita se declare la inconstitucionalidad de la renta periódica, que -alega- también fue peticionada en el escrito de inicio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se observa que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre lo ya abonado por la aseguradora en etapa administrativa más el importe de la condena establecido en la sentencia, y el que habría de obtenerse de prosperar los agravios traídos por el impugnante a tenor del cálculo efectuado por el propio recurrente en su presentación- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VII-2010), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En tales condiciones, la función revisora de la Suprema Corte queda entonces circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.584, "Rodríguez", sent. de 18-IX-2013; L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 119.642, "Short", sent. de 21-IX-2016 y L. 119.106, "Romero", sent. de 17-V-2017; e.o.).
III.2. Ahora bien, a propósito de las argumentaciones del recurrente relativas a la exigencia de un monto mínimo para acceder a esta instancia extraordinaria, sabido es que el criterio jurisprudencial sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) -citado por el quejoso- condiciona la validez de las restricciones procesales locales para recurrir ante los superiores tribunales de la causa (como -en el caso- el valor del litigio previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia de embates que porten agravios federales.
Sin embargo, en la especie, no se observa que los planteos y agravios introducidos por el impugnante pudieran considerarse incluidos en las previsiones del art. 14 de la ley 48 (causas L. 116.665, "Funes", resol. de 3-V-2012 y L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009; CSJN, Fallos: 310:1545, 325:2192, 1145).
III.3. Aclarado ello, debiendo resolverse la impugnación, entonces, en el estrecho marco de análisis del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la exclusión de la hipótesis habilitante se impone nítida.
Ello así, por un lado, en cuanto a lo transcripto por el interesado relativo al precedente L. 84.999, "Rodríguez" (sent. de 23-IV-2008), emanado de este Tribunal, cabe señalar que ello corresponde a la opinión personal de uno de los Ministros votantes en la mencionada causa, no constituyendo -entonces- doctrina legal que permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción. Igual suerte ha de correr la restante doctrina legal invocada (causa Ac. 23.264, "Ruiz Fernández", sent. de 7-VI-1977), pues no guarda correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que constituyeron factores esenciales de su decisión, ni refiere a situaciones similares, atento que mediaron presupuestos fácticos y normativos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017 y L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018).
Para más, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015 y L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015).
III.4. Asimismo, a propósito de los argumentos del impugnante mediante los cuales intenta poner a consideración de este Tribunal cuestiones vinculadas a la supuesta violación del principio de congruencia, cabe recordar que tal asunto se encuentra detraído de revisión en el acotado marco de conocimiento por el que transita la impugnación (causas L. 95.733, "Mouzo", sent. de 30-III-2011; L. 105.969, "González", sent. de 13-VI-2012 y L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018).
III.5. Sentado lo que antecede, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
Adhiero al voto del doctor de Lázzari, con excepción de lo expuesto en su punto III.4.
Ello, toda vez que -como hube de señalar en reiteradas oportunidades- participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
No obstante, advierto que en el presente caso la recurrente omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el postulado de la congruencia (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 110.344, "Esains", sent. de 22-V-2013 y L. 117.832, "Campos", sent. de 2-XI-2016; e.o.); circunstancia que define la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral.
II. Por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2020 16:54:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2020 19:14:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/12/2020 21:31:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 09:46:20 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 11:39:59 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 10:18:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia