Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125035
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, perteneciente al Departamento Judicial de Bahía Blanca, hizo lugar a la demanda incoada por Nicolás Martín Gutiérrez y condenó, solidariamente, a José Aiello e Hijos S.A. y a La Segunda ART S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral por daños y perjuicios, con sustento en el derecho común (v. fs. 1.006/1.044).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, tuvo por acreditado que el actor padece una incapacidad laboral parcial y permanente del 9,85% del índice de la total obrera en relación causal con el accidente padecido. Asimismo, consideró que la máquina utilizada por el accionante era en sí misma riesgosa, y que la aseguradora no cumplió con el deber de control, a fin de evitar la ocurrencia de accidentes, infringiendo de ese modo sus obligaciones de prevención establecidas en la ley 24.557, y resultando en consecuencia responsable en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil.
II. Contra dicha decisión, la aseguradora codemandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 25-IX-2019), el que fue concedido a fs. 1.062/1.063 vta.
En su presentación denuncia absurdo y arbitrariedad, e indica las normas que considera violadas.
II.1. En primer lugar, se agravia del porcentaje de incapacidad, en tanto entiende que el a quo calculó erróneamente los factores de ponderación.
II.2. Luego, objeta que el tribunal de grado, a partir de una errónea apreciación de la prueba, juzgó no probada la culpa del trabajador en la ocurrencia del accidente, y sí la existencia de nexo causal entre aquél y las omisiones en que habría incurrido su parte, las que plantea no existieron.
II.3. En igual sentido, se agravia de la condena civil impuesta, en tanto entiende que su responsabilidad se encuentra limitada al cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de afiliación celebrado en los términos de la ley 24.557, no siendo la eventual omisión de su deber de vigilancia o de seguridad causa adecuada o condición relevante del resultado dañoso.
II.4. Por otro lado, cuestiona el ingreso base tomado para el cálculo de la indemnización, en tanto aduce que debe estar limitado al monto asegurado.
II.5. Por último, impugna el importe de la condena, el que considera que resulta exorbitante y supera en casi diez veces el que le hubiera correspondido por el régimen especial, agraviándose igualmente de la imposición de las costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta insuficiente el embate dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen.
III.1.a. Al respecto, esta Corte ha señalado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016; L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018 y L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014 y L. 117.795, "Idaskin", resol. de 20-XI-2014).
III.1.b. El señalado vicio no es demostrado por la recurrente, habida cuenta de que las objeciones que formula en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, basadas en meras apreciaciones personales y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, resultan ineficaces para conmover la decisión respecto del grado de minusvalía que en forma privativa el juzgador estableció en el fallo (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015 y L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016).
III.1.c. Asimismo, se impone recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causa L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.2. Igualmente insuficiente es el reproche vinculado a la adjudicación de responsabilidad en los términos del art. 1.074 del anterior Código Civil.
III.2.a. Liminarmente, cabe destacar que no le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios", sent. de 31-III-2009 y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil", sent. de 26-III-2013.
Asimismo, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujeto pasivo de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015 y L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017).
III.2.b. Sentado ello, reiteradamente esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, y si media o no relación causal entre tales inobservancias y el daño comprobado, son cuestiones privativas de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013 y L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015), anomalía que no ha sido evidenciada por la recurrente.
III.2.c. En el caso, el tribunal de grado juzgó demostrada la existencia del daño sufrido por el trabajador, como consecuencia de una cosa riesgosa o viciosa propiedad del principal, ubicada en el lugar de tareas. Además, tuvo por acreditados diversos incumplimientos por parte de la aseguradora, a saber: la ausencia de relevamiento de los riesgos derivados de la utilización de una máquina guillotinadora que posee pistones; la falta de capacitación del operario; la ausencia de pictograma que alerte sobre la presencia de riesgos y ponga de manifiesto la forma segura de operar y la que no es correcta; la falta de una defensa apta y segura; entre otros (v. vered., cuestión decimoquinta, fs. 1.018 in fine /vta.).
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 120.712, cit.).
III.3. No mejor suerte ha de correr el cuestionamiento relativo al monto indemnizatorio.
III.3.a. Tiene dicho esta Corte que la determinación del quantum resarcitorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común constituye, por regla, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y, como tal, ajena al ámbito de conocimiento de esta Corte, salvo absurdo (causas L. 107.730 "Medina", sent. de 30-X-2013; L. 117.226 "Guajardo", sent. de 25-II-2015 y L. 121.725, "Oviedo", resol. de 7-III-2019).
Igualmente lo es la elección de las pautas que consideren adecuadas a los fines de establecer el referido monto, así como determinar el importe percibido por el trabajador en concepto de remuneración, en cuyo caso la configuración del mencionado vicio debe apreciarse estrictamente (causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 102.276, "Cruz", sent. de 11-VII-2012; L. 105.816, "C., A.", sent. de 8-VIII-2012; L. 107.804, "Vatrella", sent. de 11-XII-2013; L. 119.684, "Fassio", sent. de 30-V-2018 y L. 121.122, "Domínguez", sent. de 27-XI-2019).
III.3.b. En ese contexto, la interesada, además de no lograr evidenciar la configuración del mentado vicio, no logra rebatir la conclusión que impugna, ya que las alegaciones que formula no exteriorizan más que su discrepante opinión en orden a las conclusiones arribadas por el sentenciante respecto al modo en que considera que aquél debió definir la determinación económica de la reparación de la minusvalía padecida, criterio que, indudablemente, no puede sustituir al de los jueces de mérito (causas L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014).
En ese sentido, basta con señalar que de la lectura del pronunciamiento puesto en crisis no se observa que el juzgador se hubiera apartado de las constancias objetivas de la causa ni que hubiera incurrido en un error grave y manifiesto configurativo de absurdo para calcular la remuneración del trabajador.
Asimismo, a la hora de cuantificar el importe indemnizatorio, con sustento en los distintos elementos probatorios, tuvo en cuenta no sólo la remuneración realmente percibida por el trabajador, sino también la edad del accionante a la fecha de consolidación del daño, los años faltantes hasta cumplir los 60, así como el porcentaje de incapacidad que padece.
III.4. Finalmente, permaneciendo inalterada la sentencia de grado, pierde virtualidad el reproche formulado respecto a la imposición de las costas del proceso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2020 16:47:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2020 19:17:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/12/2020 21:32:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2020 09:44:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/12/2020 10:16:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia