Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121220
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.220, "Peralta, Daniel Noes contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, de Lázzari, Pettigiani , Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad de la ley 24.432 (v. fs. 1.535/1.542 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.548/1.557).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Daniel Noes Peralta contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía con fundamento en las disposiciones del Código Civil la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que padeció el día 26 de abril 2007 (v. fs. 1.462/1.480). En ese orden, impuso las costas a la parte demandada vencida y reguló los honorarios de los profesionales (v. fs. 1.482 y vta.).
Luego, ante la presentación efectuada por la accionada con motivo de la liquidación realizada (v. fs. 1.508/1.510 vta.), -por mayoría- declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, por juzgar que tales normas, al modificar los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limitando la responsabilidad por el pago de las costas, contradicen los arts. 14, 14 bis, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (v. fs. 1.535/1.542 vta.).
Para así decidir, diseñando un escenario con diferentes hipótesis, señaló que, si por la aplicación de las normas impugnadas se sostuviera que el responsable por el pago de la diferencia de honorarios del letrado o de los peritos, como es el caso, fuese el trabajador en su calidad de beneficiario de la labor, éste vería afectado su derecho de propiedad pese a su carácter de "vencedor", vulnerándose también el principio protectorio. Continuó diciendo que si, por el contrario, se interpretara que el actor no es responsable, ni tampoco lo es el demandado, no quedaría otra posibilidad que estimar que aquella diferencia habría de ser soportada por el propio abogado vencedor y los auxiliares de la justicia, con la lógica mengua patrimonial que ello implicaría, lo cual también atentaría contra las normas constitucionales e internacionales que tutelan al trabajo.
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 505 del Código Civil; 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 1.548/1.557)
Señala que el importe total de las costas a su cargo supera el límite del veinticinco por ciento que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil.
Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado, al declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte estableció en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005) y L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015).
Añade que, asimismo, se ha apartado del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "Abdurraman" (sent. de 5-V-2009); "Villalba" (sent. de 27-V-2009); "Palacio" (sent. de 24-III-2013) y "Arriete" (sent. de 6-III-2014).
Destaca también que los preceptos objetados por el a quo , concernientes al límite de la responsabilidad por el pago de las costas, se han mantenido vigentes en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente cabe recordar que esta Suprema Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014), se ha pronunciado -por mayoría que integré- por la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, en tanto consagra la eximición del cumplimiento del depósito previo al Fisco provincial.
III.2.a. Sentado lo anterior e ingresando ahora a analizar el caso, corresponde aclarar que surge de la síntesis efectuada en el liminar apartado de la presente, que los argumentos que esgrimió el a quo en la resolución recurrida para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y juzgarlos además violatorios de diversos instrumentos internacionales, no tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en una supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), tema -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas oportunidades (causas L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008 y L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012; e.o.).
III.2.b. Luego ceñido a las motivaciones brindadas por el tribunal de grado, he de adelantar que las directrices que emanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -invocadas por el recurrente- habré de seguir por razones de economía procesal, conducen a revocar el pronunciamiento.
Liminarmente, cabe recordar que en la causa A.151.XXXVII, "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9688" (sent. de 5-V-2009) el Alto Tribunal dijo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución, atento a la finalidad tenida en miras por el legislador, "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad..." (cons. 12°).
Concretamente, en el precedente V.1418.XXXVIII, "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente-ley 9688" (sent. de 27-V-2009), afirmó que en tanto la citada norma sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de éstos, "...no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley...", pues lo contrario significaría establecer una obligación sin sujeto pasivo alguno (cons. 6°). También sostuvo -y ello resulta trascendental en la especie- que la posibilidad de que los profesionales ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese arrojar el prorrateo legal, no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución nacional, toda vez que la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador "...no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho..." (cons. 7°).
Tales lineamientos, reiterados por la Corte Federal en las causas P.752.XLVI, "Palacio, Yanina Fernanda c/ Talyden S.A. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 19-XI-2013); A.579.XLVII y otros, "Arriete, Julio Néstor c/ A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ despido" (sent. de 6-III-2014) y CNT 13.512/2008/2/RHl, "Galván, Ornar Leónidas c/ Cayter Cielorrasos S.R.L. y otro s/ accidente - acción civil" (sent. de 5-IX-2017), y que entiendo aplicables no sólo en lo referido a los estipendios de los letrados sino también a los del perito actuante, evidencian que debiéndose situar el análisis de la disposición legal referida en el primer supuesto plasmado en la resolución impugnada, los argumentos brindados en dicho marco por el tribunal de grado colisionan con el criterio adoptado por la Corte Nacional.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la resolución atacada en cuanto declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto.
Costas de esta instancia a cargo de la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.2.a. de su voto.
I.2. Luego, también comparto la propuesta del ponente de revocar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, y ello con arreglo a los argumentos que expuse al emitir mi voto, entre otras, en las causas L. 121.989, “Mosiejchuk” (sent. de 26-XII-2019) y L. 121.906, “Benitez” (sent. de 29-IV-2020), de connotaciones similares al presente, y a los que por celeridad remito.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance expuesto en el punto IV del voto inaugural.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en los puntos III.1. y III.2.a. de su voto.
I.2. Coincido también con lo expresado por mi colega en el punto III.2.b., respecto a la validez constitucional de los arts. 1 y 2 de la ley 24.432.
En primer lugar, he de destacar -como lo hice al emitir mi sufragio en distintos precedentes entre los que anoto la causa L. 74.119, "Hait", sentencia de 11-VIII-2010- que la ley 24.432 adolece de una criticable técnica legislativa, ya que aborda la reformulación de cuestiones relacionadas con el Código Civil, la ley concursal, la ley laboral y el digesto de forma de la Nación, alcanzando también materia arancelaria, de eminente corte procesal nacional (conf. S. C. Mendoza, sala I, 8-VII-1996, "Amoretti, Marcos Rafael en J° 127.335/30.235 Paz, Lidia por su hija M.A.C. c/José Miranda s/Daños y perjuicios, s/Inc.", voto de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci; "El Derecho", 170-366 y sigs.).
Ello, sin embargo, no afecta su validez constitucional. En primer lugar -y para el caso de considerarse que la norma cuestionada refiere a cuestiones procesales reservadas en la carta magna a los poderes provinciales-, porque la Corte Suprema de la Nación ha declarado reiterada e inveteradamente la constitucionalidad de la facultad del Congreso nacional de dictar normas procesales con el fin de asegurar la efectividad de los derechos que consagra la legislación de fondo que le incumbe sancionar (ver causas L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005 y L. 83.629, "Rodríguez", sent. de 16-IX-2009; e.o.). De ellos se deriva que, por tratarse la ley 24.432 de derecho común en los términos del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, deviene innecesaria e improcedente una norma local que disponga la adhesión al régimen que en aquella se impone como se dispusiera en el leading case L. 77.914, "Zúccoli" (sent. de 2-X-2002).
En segundo lugar, porque no se advierte que, al declararse la inoponibilidad al condenado en costas de lo que exceda del 25% del producto de la sentencia, laudo o transacción (que es lo que se ha considerado recta interpretación de la reforma a los arts. 505 del Código y 277 de la LCT), haya una afectación de los derechos del trabajador o del principio protectorio que sea repugnante a la letra o al espíritu del texto constitucional. Las citas de la doctrina del Máximo Tribunal Nacional que hacen mis distinguidos colegas me eximen de abundar al respecto.
Aunque lo anterior no merezca mayores objeciones, corresponde que haga una aclaración: siempre he entendido que la doctrina que se desprende de la causa L. 77.914, "Zúccoli" (sent. de 2-X-2002; reiterada en otros pronunciamientos posteriores) indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505, Cód. Civ.) resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley. Siendo esa la doctrina legal que esta Suprema Corte ha establecido por mayoría, deben quedarnos claras algunas de sus consecuencias. Así, si lo que se instruye con ella es que la ley no fija una limitación a la regulación de honorarios según la normativa local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el 25% del monto definitivo del juicio.
II. Aclarado ello, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada con el alcance indicado en el sufragio inaugural.
Costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria (conf. sufragio en la causa L. 121.989, "Mosiejchuk", sent. de 26-XII-2019).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria del doctor Soria en atención a la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia, a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 119.955, "Duarte", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.989, "Mosiejchuk", sent. de 26-XII-2019; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis, ley 5.827 y modificatorias.
II. Por lo expuesto considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido debe prosperar, con el alcance indicado en el sufragio inaugural.
Voto por la afirmativa.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2020 08:32:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2020 11:18:21 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2020 11:40:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2020 18:15:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 15:16:14 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 16:46:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia