Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125037
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC). En cambio, declarar procedente el deducido por Fiscalía de Estado, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), imponiendo las costas por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
HERNANDEZ MARIANA EVANGELINA C/PROVINCIA DE BUENOS AIRES (MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES) S/ACCIDENTE DE TRABAJO-ACCION ESPECIAL (38).
I. El Tribunal de Trabajo n ° 3 con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, perteneciente al Departamento Judicial de Bahía Blanca, rechazó en todos sus términos la demanda instaurada por Mariana Evangelina Hernández contra la Provincia de Buenos Aires, por la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas de dos accidentes de trabajo que denunció padecer (v. fs. 3339/350 vta.).
Para así decidir, en primer lugar, juzgó no demostrado que la actora sufriera un accidente in itinere en julio de 2013. Por otro lado, puntualizó que si bien la trabajadora posee una incapacidad parcial y permanente del 19,7% del índice de la total obrera, dicha minusvalía no se relaciona con el siniestro padecido en febrero de 2014, sino que se vincula –según los expertos- con un suceso anterior, por el que había sido intervenida quirúrgicamente en reiteradas oportunidades.
II. Contra dicho pronunciamiento ambas partes dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 5-X-2019 y 8-X-2019), los que fueron concedidos por el a quo a fs. 353/355 vta.
III.1. En el remedio incoado por la legitimada activa, relata los antecedentes de la causa y cita las normas que considera vulneradas.
En lo esencial, denuncia absurdo en la valoración de los hechos y las pruebas rendidas, especialmente las pericias médicas y las declaraciones testimoniales, agraviándose de la conclusión del fallo en cuanto tuvo por no reconocido el infortunio padecido en julio de 2013, al que la accionante atribuye su incapacidad.
III.2. El remedio deducido resulta manifiestamente insuficiente (art. 279, CPCC).
III.2.a. En primer lugar, se impone recordar que esta Corte ha declarado que determinar si -en el caso- se demostró o no el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, o si tiene relación causal o concausal con la incapacidad que presenta el trabajador, y, en general, el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio (causas L. 117.155, "Roselli", sent. de 22-X-2014; L. 118.540, "Smaldore", resol. de 8-IV-2015; L. 122.498, "Spagnoli", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.085, "Fuente", resol. de 8-V-2020), constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se denuncie y acredite absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 116.862, "Rojas", sent. de 5-III-2014; L. 118.394, "Salvatierra", resol. de 19-II-2015; L. 103.787, "Gonzalo", sent. de 13-V-2015; L. 119.633, "Ríos", resol. de 8-III-2017 y L. 121.561, "Mutti", resol. de 26-IX-2018).
La configuración del vicio señalado requiere de la existencia de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.387 "Sala", resol. de 19-II-2015).
III.2.b. En autos, el juzgador a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)-, tras evaluar los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa, señaló -como se anticipó- que la accionante no acreditó haber sufrido un accidente in itinere el día 4 de julio de 2013, y que la cirugía de rodilla y el posterior tratamiento lo había realizado a través de su obra social, sin denunciar infortunio alguno ante su empleador en esa fecha. Asimismo, puntualizó que, por el incidente que padeció en febrero de 2014, el dictamen de la comisión médica y el informe de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, dieron cuenta que tal evento no había sido laboral.
Por otra parte, sostuvo que si bien la actora es portadora de una incapacidad, ninguno de los expertos la atribuyó al siniestro del año 2014, sino a un suceso anterior y por el cual aquella debió ser intervenida en reiteradas oportunidades para procurar una mejoría.
III.2.c. Estas esenciales conclusiones del órgano judicial de grado no logran ser descalificadas por la recurrente, por cuanto las alegaciones que formula no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre cómo debieron apreciarse los hechos y las probanzas agregadas a la causa, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019).
En definitiva, los argumentos que porta la impugnación se muestran carentes de idoneidad para conmover la decisión atacada, pues basados en premisas desencontradas con la definición medular del fallo, la interesada no se hace cargo de desvirtuar las motivaciones a las que arribó el juzgador de grado, vinculadas a la ausencia de relación causal entre el único accidente acreditado (febrero de 2014) y la incapacidad que porta.
Recuérdese además que la apreciación, jerarquización y selección de la prueba aportada a la causa -como adjudicarle a la pericia médica la eficacia probatoria pertinente- es atribución privativa del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (cfr. causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017).
Tampoco resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada -como se dijo- no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011 y L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016).
Finalmente, corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no devienen aplicables al proceso laboral, en donde rige -como se adelantó- el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado se objeta que el a quo utilizara, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada por los estipendios del perito médico, cuyo pago -aduce- fue impuesto al Fisco en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que se benefició de prueba útil.
En apoyo su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 del decreto ley 8.904.
IV.2.Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre las sumas presupuestadas en la sentencia en materia de honorarios y las que corresponderían a partir de la base pretendida por la recurrente- no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 103.596 "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 118.251 "Ponce" y L. 118.272 "García", resols. de 20-XI-2014; L. 117.919 "García", sent. de 6-V-2015).
IV.3.a. En ese contexto, el recurso debe prosperar, en tanto se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por el interesado.
IV.3.b. En efecto, como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001), -citada por la impugnante-, L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007) y recientemente L. 122.685 Sánchez (resol. de 15-IX-2020) resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que la actora en tanto trabajadora- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente; idéntica situación, en función del art. 58 del decreto ley 8.904/77, podría presentarse respecto de los honorarios de los letrados de la demandada.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Así lo ha entendido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la base regulatoria adecuada a los fines de determinar los estipendios de los profesionales con arreglo a las peculiaridades del caso (CSJN, 20-IV-1995, in re "Martín, Jorge A. c. Shin Dong Sik", "La Ley", 1995-C-320, con nota de Juan C. Poclava Lafuente, "Diario de Jurisprudencia", 1995-2-397); habiendo además señalado que en tal tarea no pueden obviarse los intereses económicos de las partes y los efectos que sobre ellas produce el rechazo de la demanda, accionar que importa un recaudo insoslayable para el juzgador desde que constituye el cimiento para toda regulación (CSJN Fallos: 306:1720; 316:74; voto del doctor Zaffaroni in re "Recursos de hecho deducidos por Valerio R. Pico y Carlos Manuel Jessen en las causas Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales" y R.2015.XXXVIII, "Resinas Naturales S.A.I.C. y C. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales", sent. de 7-VI-2005).
IV.3.c. En situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (conf. mis votos en las causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; C. 88.619, "Silva", sent. de 18-XI-2009; L. 93.990, "Araujo de Benítez", sent. de 21-XII-2011; L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014 y L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016).
Ello, sin perjuicio de que, en caso de advertirse que la sujeción estricta, lisa y llana de los mínimos legales previstos en los regímenes arancelarios locales en especial en procesos de significación patrimonial genuinamente de excepción- también denote una evidente e injustificada desproporción entre la extensión e importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que sobre la base de aquellas normas habría de corresponder, pueda acudirse a las facultades previstas en los arts. 1.627 segundo párrafo del Código Civil, texto ordenado ley 24.432; 13 y 15 de la citada ley (CSJN in re "Río Negro, Provincia c. Estado Nacional (DGI) s/ nulidad de acto administrativo", sent. de 11-X-2005, Fallos: 328:3695; íd. Fallos: 324:2586).
IV.3.d. Sin perjuicio de lo señalado, y en tanto ello también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que en la causa Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007; citada por el recurrente, esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios profesionales, de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. y 13, ley 24.432).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC). En cambio, declarar procedente el deducido por Fiscalía de Estado, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), imponiendo las costas por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/12/2020 08:31:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/12/2020 11:40:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2020 15:37:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/12/2020 18:14:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2020 11:34:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia