Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121226
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.226, "Rodríguez, Diego Roberto contra Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Pettigiani, Torres, de Lázzari .
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 702/728 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 740/748).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan, dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y, en consecuencia, desestimó la demanda promovida por Diego Roberto Rodríguez contra la Provincia de Buenos Aires, en cuanto procuraba el cobro de una indemnización -con fundamento en las normas del derecho común- por el accidente que sufrió el día 1 de julio del año 2003 en ocasión de encontrarse prestando sus servicios habituales como oficial de policía en la ciudad de Mar del Plata.
Para así decidir, tras analizar el material probatorio aportado a la causa, consideró demostrado que, en la fecha señalada y mientras conducía una patrulla, el actor recibió un disparo en el abdomen propinado accidentalmente por su acompañante (el oficial Iñiguez), quien descargó su arma reglamentaria de modo negligente; provocándole lesiones tanto físicas (resección de sesenta centímetros de intestino delgado, colostomía transitoria reconstruida) como psicológicas (reacción vivencial anormal neurológica de grado II) que lo incapacitan en un 30,2% del índice de la total obrera (v. vered. tercera y cuarta cuestión, fs. 704/707).
Asimismo, tuvo por probado que Provincia ART S.A. liquidó al actor la suma de $23.264 en concepto de indemnización por incapacidad parcial y definitiva (v. vered. quinta cuestión, fs. 707 vta./708).
Sobre esa base fáctica, declaró verificados los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil del Estado empleador en los términos del art. 1.113 del Código velezano; tanto por imperio de lo dispuesto en el primer párrafo -responsabilidad por el hecho del dependiente- como en el segundo -responsabilidad objetiva- (v. fs. 711 vta. y 712).
Posteriormente, puesto a analizar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 articulado en la demanda, señaló la necesidad de efectuar la comparación de las cuantías resarcitorias a las que accedería el demandante según se atienda a su reclamo en el marco del régimen de responsabilidad civil o conforme a las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
A tal fin, al momento de efectuar el cálculo de la indemnización que -de conformidad al derecho común- obtendría el accionante en concepto de daño material, contempló como parte del mismo al "daño emergente" y desestimó, en cambio, los rubros: "daño psicológico", "asistencia profesional", "perdida de ingreso", "limitaciones para el ascenso" y "gastos farmacéuticos y traslados" (v. fs. 712/713). Arribó así al monto de $15.914,76, al que adicionó, luego, la suma de $30.000 en concepto de "daño moral" (v. sent., fs. 712/714 vta.).
Por otro lado, cuantificó las prestaciones previstas en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con arreglo a las pautas de cálculo que proporciona dicha norma, en la suma de $40.714 (v. sent., fs. 715).
En ese marco y tras cotejar el importe total del resarcimiento integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil ($45.915) con la cuantía de la reparación brindada por la ley 24.557 ($40.714), el órgano judicial de grado destacó que ésta última "representa para Rodríguez una pérdida o quebranto aproximado del 11,3275% respecto de la indemnización derivada del derecho común" (fs. 716). Luego, con sustento en los "principios aplicados por la CSJN in re 'Vizzoti' para descartar la validez constitucional del tope del art. 245 LCT (ocasión en que se fijara como valla o límite de confiscatoriedad, el 33% de la indemnización sin tope)" juzgó que "la tarifa resarcitoria derivada de la ley de riesgos ($40.714) no alcanza a ser lo suficientemente menor como para reputar su cuantía, confiscatoria o constitucionalmente intolerable para el damnificado" (fs. 716 y vta.). A partir de estas conclusiones se pronunció -en el caso- por la constitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 715/716 vta.) y, por su conducto, eximió de responsabilidad civil al Estado empleador (v. sent., fs. 718 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del art. 163 de Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita.
II.1. Señala que el tribunal de grado, al juzgar constitucional el art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, violó la doctrina legal y efectuó una errónea aplicación del criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en el precedente "Vizzoti" (v. fs. 746 y vta.).
Advierte que el objeto reclamado en la demanda no eran las prestaciones de la ley 24.557; sino una reparación integral fundada en las normas del Código Civil, tomando como base de comparación lo efectivamente percibido por la ley 24.557 ($23.264,09) que alcanza una diferencia superior al 50% respecto de la reparación integral, sobrepasando la pauta de "Vizzoti" (v. fs. 746/747).
II.2. Por otro lado, objeta el quantum indemnizatorio que estableció el juzgador en la sentencia -en base al régimen del derecho común- a los fines de efectuar el cotejo con la reparación sistémica (v. fs. 747).
Cuestiona el rechazo de los rubros daño psicológico y gastos farmacéuticos, al tiempo que agrega que el daño estético debió considerarse como un rubro autónomo y no subsumirse en el moral (v. fs. cit.).
Indica que si el monto resarcitorio se hubiese determinado correctamente sería mayor y, en consecuencia, elevaría la diferencia porcentual que tuvo en cuenta el sentenciante para definir la condena (v. fs. cit.).
II.3. Por último, aduce que el juzgador no consideró el "pedido de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar", violando así lo normado en el art. 163 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 747 vta. y 748).
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente corresponde destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre la suma que el tribunal condenó a pagar a la aseguradora en concepto de capital y aquella otra que había liquidado el impugnante en la demanda por aplicación de las normas del derecho común (v. fs. 33)- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3704/14), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo - in fine - de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "Velásquez", sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
En consecuencia, este Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por el recurrente.
III.2. Empero, no puede soslayarse que la crítica a la parcela del pronunciamiento por el que se rechaza el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, involucra el análisis de una cuestión federal.
III.2.a. Al respecto, ha declarado esta Corte que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, la impugnación habrá de ser abordada con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.b. En esas condiciones, advierto que los argumentos que nutren la crítica no logran conmover los fundamentos brindados por el tribunal de origen para desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.
III.2.b.i. Sin controvertir frontalmente el razonamiento seguido por el juzgador para arribar a la conclusión que impugna -ya expuesta en el relato de los antecedentes-, el agraviado postula una interpretación diferente respecto del modo que a su criterio debió efectuarse el cotejo, atribuyéndole virtualidad suficiente para rescindir este aspecto del fallo.
La impugnación así introducida no resulta eficaz, pues -pueda o no compartirse el criterio expuesto por el juzgador para desestimar el planteo- la lacónica estructura argumental que propone se aparta de las concretas motivaciones que condujeron al sentenciante a resolver este aspecto del reclamo.
El interesado no aporta ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 105.816, "C.A.", sent. de 8-VIII-2012; L. 110.785, "Dinapoli", sent. de 14-VIII-2013 y L. 116.914, "G., P. A.", sent de 15-VII-2015).
III.2.b.ii. Luego, y en lo que resulta definitorio para la suerte adversa de la crítica, no es posible soslayar que, en rigor, el cuestionamiento que contiene el recurso sólo evidencia la intención de objetar el importe del resarcimiento sistémico tomado en cuenta por el sentenciante para efectuar el pertinente cotejo con la suma presupuestada con arreglo a las normas de derecho común, pero no ataca concretamente la utilización de los parámetros implementados por la Corte federal en el precedente "Vizzoti".
La lectura de la pieza recursiva evidencia que el yerro puntualizado por el recurrente se asienta en la aseveración de que para realizar el referido cotejo debió tomarse en cuenta -para definir el componente de la reparación sistémica- lo efectivamente percibido por el actor en sede administrativa ($23.264.09) y no la cuantía presupuestada para el mismo concepto por el propio tribunal; habida cuenta que sólo reclamó en autos la reparación integral del daño sufrido. En ese esquema, advierte que por aplicación del mismo criterio sustentado en el precedente "Vizzoti" la diferencia porcentual entre los sistemas resultaría confiscatoria por superar el 50% (v. rec., fs. 746 vta.).
Tal argumento contiene, en definitiva, un reproche a la interpretación que efectuó el sentenciante de los términos del reclamo contenido en la demanda -tarea que, en principio, le compete en forma privativa y solo excepcionalmente podría ser revisada por esta Corte- y, a esos fines, debió haber denunciado y demostrado la absurda valoración de dicho escrito constitutivo del proceso y la violación del principio de congruencia y de las normas que lo receptan, carga que no satisfizo.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, sustentado -en rigor- en la presunta vulneración del principio de congruencia, omite denunciar la transgresión del referido postulado y de las normas rituales que lo receptan, así como también la concurrencia de absurdo en la valoración e interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causas L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014 y L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016).
III.3. No resulta de recibo el cuestionamiento a la cuantía del resarcimiento integral que fijó el sentenciante a los fines de efectuar el cotejo con la suma correspondiente al régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo; agravio que por esta última circunstancia -su vinculación con el concerniente a la validez constitucional del art. 39 de la LRT- también habrá de ser abordado sin las restricciones del art. 55 de la ley 11.653.
Cabe recordar que esta Corte ha declarado que, en la determinación del quantum indemnizatorio, los magistrados de la instancia de grado gozan de amplias atribuciones y lo que al respecto resuelvan no es susceptible de revisión en la sede extraordinaria, salvo cuando tales facultades no sean ejercidas con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de absurdo (causa L 90.676, "Villalón", sent. de 31-VIII-2011).
Más aún, en la materia específicamente cuestionada en la especie, ha señalado que es facultad privativa de los jueces ordinarios la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, y dicha prerrogativa sólo puede ser revisable en casación por conducto del absurdo (causa L 103.174, "Monte", sent. de 31-VIII-2011).
Desde esa perspectiva de análisis, se advierte que el recurso bajo examen se encuentra insuficientemente fundado, en tanto no satisface la inexcusable carga de denunciar -ni obviamente, menos demostrar- que el juzgador hubiese incurrido en absurdo en la determinación del quantum indemnizatorio al que accedería el actor por aplicación del derecho común (art. 279, CPCC).
La señalada deficiencia técnica cobra insalvable relevancia en el caso y define el rechazo de la queja, pues esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 93.167, "Martínez", sent. de 8-VII-2008; L. 94.302, "Occhiuzzi", sent. de 18-II-2009; L. 100.121, "Carrizo", sent. de 26-V-2010; e.o.).
III.4. Tampoco resulta atendible la crítica formulada en torno a la presunta omisa consideración del planteo introducido en la demanda sobre la "inconstitucionalidad de la prohibición de indexar" (v. fs. 747 vta. y 748), agravio que -por las mismas razones expuestas en el punto III.2.- debe ser analizado sin las restricciones establecidas en el art. 55 de la ley ritual del fuero.
III.4.a. Liminarmente, corresponde resaltar que la denuncia de omisión de tratamiento de una cuestión -como, en rigor, sostiene el interesado- que se pretende esencial es ajena a la vía intentada y constituye materia propia del recurso extraordinario de nulidad (art. 296, CPCC; causas L. 111.345, "D., S.", sent. de 19-IX-2012; L. 116.765, "Policheni", sent. de 18-IX-2013; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016); que el impugnante se abstuvo de deducir.
III.4.b. De todos modos, he de precisar que no se constata dicha omisión, toda vez que el tribunal, al abordar la octava cuestión planteada en la sentencia, rechazó "el planteo de inconstitucionalidad deducido a fs. 38" (v. fs. 724), y en ese orden señaló que "la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23.928 mantuvo la redacción del art. 7° de ésta, en el que sólo cambió el término australes por pesos, estableciendo que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa y, además ratificó la derogación dispuesta por su artículo 10, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, de todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autoricen la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios" (fs. 724 y vta.). Asimismo, agregó que "el acogimiento de una pretensión como la expuesta por el accionante, además de ser contraria a las normas referidas en el párrafo anterior -que justamente fueron dictadas con la finalidad de evitar el envilecimiento del signo monetario- no haría más que contribuir a ese proceso" (fs. cit.).
Frente a ello, resulta nítido que los fundamentos de la decisión cuestionada quedan sin réplica, por haber sido completamente ignorados por el compareciente, revelando la notoria insuficiencia de la impugnación en este aspecto (causas L. 84.944, "Oliva", sent. de 9-IV-2008; L. 94.054, "Sanguinetti", sent. de 16-IX-2009; L. 100.497, "Aguilera", sent. de 30-V-2012; e.o.).
IV. Por todo lo dicho, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. En el caso, como bien se señala en el sufragio que inaugura este acuerdo (v. punto III.1.), el valor del litigio resulta inferior a la suma fijada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Luego, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha determinado una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014; L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015; e.o.).
No obsta a lo anterior que en uno de los agravios traídos se cuestione lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto juzgó que en el caso el art. 39 de la ley 24.557 (en su texto original) resulta constitucional, puesto que nada argumenta aquí el quejoso con el objeto de demostrar que ello podría eventualmente evidenciar la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito legal relativo a la cuantía económica a la que se aludió anteriormente; y es que en rigor -en un equívoco razonamiento- a juicio del impugnante "el monto del pleito habilita la instancia" (v. fs. 746).
I.2. Sin controvertir idóneamente lo decidido en la sentencia impugnada, ninguno de los cuestionamientos que porta el medio de impugnación se encuentra dirigido a evidenciar la hipotética violación de la doctrina legal de este Tribunal, cuya necesaria denuncia -por cierto- se observa ausente a lo largo de su desarrollo. Dicho déficit basta para disponer la desestimación del recurso (causas L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VIII-2015; L. 120.113, "Leguizamón", sent. 3-V-2018 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.