Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125648
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario traído por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del departamento judicial de La Plata rechazó la demanda iniciada por Juan Ramón Cañete contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires -en su carácter de empleador autoasegurado- en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas de la incapacidad que manifestó padecer como consecuencia de un accidente de trabajo. Asimismo, impuso las costas al actor vencido, con el beneficio consagrado en el art. 22 de la ley 11.653(v. fs. 125/131).
Para así decidir, juzgó que el trabajador no acreditó haber sufrido un infortunio laboral conforme la mecánica denunciada en el escrito liminar.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20 de agosto de 2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 134 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Alega absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos y en la valoración de la prueba. Invoca violado el principio de congruencia. Expresa que en el caso resulta aplicable la doctrina de los actos propios. Denuncia vulneradas las garantías constitucionales que menciona.
En sustancia, cuestiona que el a quo consideró no acreditada la veracidad del accidente relatado en la demanda, siendo que el perito médico al presentar su experticia concluyó que el trabajador padece una incapacidad del 27,45% del índice de la total obrera derivada de un siniestro. Sostiene que el sentenciante alteró y se apartó de los hechos relatados y reconocidos por las partes. Por último, se agravia de la condena en costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó trabada la litis, como también determinar si, en el caso, el trabajador demostró o no, con la prueba aportada, el acaecimiento del infortunio de trabajo invocado, constituyen cuestiones que, en principio, no resultan revisables en la instancia extraordinaria, salvo la eficaz denuncia y acabada evidencia de la existencia de absurdo (causas L. 117.984 "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 119.612, "Salazar", resol. de 20-IV-2016 y L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.162, "Almada", resol. de 3-XII-2014 y L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018).
III.2. En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa y, sobre tales premisas, juzgó que el accionante no acreditó haber sufrido el infortunio laboral que denunció en el escrito de inicio, y que el mismo sea causa de la patología constatada por el perito médico.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de grado debió interpretar los escritos constitutivos y valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 96.889, "Arismendi", sent. de 9-IX-2009; L. 96.347, "Morúa", sent. de 30-IX-2009; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013 y L. 117.831, "Andrada", resol. de 12-XI-2015).
En efecto, se advierte que el interesado en modo alguno controvierte de forma frontal, concreta y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto apartándose de la línea argumental de éste -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 96.681, "Desteffaniz", sent. de 18-VIII-2010 y L. 101.312, "Escobar", sent. de 28-XII-2011).
En este sentido, soslaya el impugnante que el absurdo sólo puede juzgarse configurado si media cabal demostración de su existencia, y no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 118.134, "Vazzarezza", resol. de 20-XI-2014; L. 117.769, "Sandoval", resol. de 17-XII-2014 y L. 118.397, "Masigoge", resol. de 11-II-2015).
Se advierte entonces, que la argumentación del recurrente denota, en rigor, un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 116.825, "Narváez", sent. de 6-XI-2013 y L. 116.975, "Kilimik", sent. de 28-VIII-2014).
III.4. Igualmente estéril se observa el reproche relativo a la infracción del principio de congruencia.
Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones, corresponde recordar que tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- bajo la denuncia de transgresión al citado principio, manifiesta su desacuerdo con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 116.966, "García", resol. de 19-XII-2012; L. 118.686, "Pérez Staracci", resol. de 26-VIII-2015 y L. 121.315, "Macherioni", resol. de 11-VII-2017), tal como sucede en la especie.
III.5. La insuficiencia técnica señalada no es salvada con la invocación de quebrantamiento de la doctrina de los actos propios, dado que los agravios ensayados a su respecto remiten a cuestiones cuya definición es privativa de los jueces ordinarios, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes (causas L. 85.191, "Escalada", sent. de 22-X-2008; L. 120.034, "Reyna", resol. de 27-IX-2017 y L. 121.176, "González", resol. de 30-V-2018).
III.6. Por otra parte, la tarea de ponderar las pericias y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen funciones que le son inherentes, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013 y L. 119.974, "Cuevas", resol. de 7-IX-2016), que el recurrente no logra evidenciar.
Además, cabe recordar, que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige -como se anticipó- el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016 y L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018).
III.7. Asimismo, este Tribunal reiteradamente ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia: por lo tanto, no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.123, "Musci", resol. de 30-IX-2014; L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018), tal y como acontece en el caso.
III.8. Resta agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 108.655, "Ankudowicz", resol. de 17-III-2010 y L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
III.9. Finalmente, el cuestionamiento relativo a las costas tampoco es atendible. Como es sabido, los jueces ordinarios tienen amplias facultades en su aplicación, regulación y distribución, y su decisión en la materia no es, en principio, susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, a excepción de que se demuestre que ha mediado una irracional o irrazonable meritación de las circunstancias de la causa que conduzca a alterar burdamente el carácter de vencido, o a establecer una iniquidad manifiesta en el criterio de distribución de las mismas (causas L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 118.118, "Giménez", resol. de 26-III-2015 y L. 121.320, "Nayar", resol. de 11-VII-2018).
Aquí, la pretendida revisión no es viable, pues en el escrito recursivo se ha omitido denunciar y demostrar la existencia de alguno de los vicios precedentemente indicados.
Para más, conviene recordar que el beneficio de gratuidad consagrado en la legislación laboral no impide la imposición de costas al vencido, sino que sus efectos sólo se proyectan de pleno derecho como un eximente de pago hasta que mejore de fortuna (causas L. 89.615, "Ortigosa", sent. de 28-V-2008; L. 93.926, "Segovia", sent. de 28-V-2010; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013; L. 100.830, "Abelen", sent. de 3-XII-2014 y L. 121.320, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario traído por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/02/2021 12:57:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/02/2021 14:24:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 10:06:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 15:09:21 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 17:40:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/02/2021 20:15:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/02/2021 11:38:02 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia