Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125335
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar, parcialmente, a la demanda interpuesta por Jésica Anahí Rocha Rattel contra Prevención ART S.A., a quien condenó a abonarle la suma que especificó en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva en los términos del art. 14 de la ley 24.557 con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773. Sobre dicha suma, aplicó intereses desde la consolidación del daño y hasta la fecha de notificación de la demanda a la tasa pasiva digital que el Banco Provincia de Buenos Aires paga en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días vigentes en los distintos periodos de aplicación (art. 770 inc. "b", CCCN). Luego, dispuso que el importe resultante de esa acumulación de capital más intereses, devengue el mismo tipo de interés moratorio referido hasta que quede firme la sentencia, y en caso de falta de pago de la liquidación judicial, en el plazo que otorga la sentencia, los intereses moratorios allí liquidados se acumularán al capital (art. 770 inc. c. CCCN; v. fs. 265/273 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, juzgó que la accionante, a causa del accidente de trabajo sufrido, padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva física del 3% y psicológica del 30% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-IX-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 283 y vta.
En su presentación relata los antecedentes de la causa y cita las normas que considera conculcadas.
En lo esencial se disconforma del grado de incapacidad que fijó el tribunal actuante en base al dictamen pericial de autos. Afirma -sin determinar el porcentaje que estima se le debió aplicar a la trabajadora- que el a quo prescindió de las pautas que surgen de la Tabla de Evaluaciones de Incapacidades Laborales incluidas en el Anexo I del decreto 659/96.
Luego cuestiona la liquidación de los honorarios profesionales, en cuanto entiende fueron regulados en transgresión de los art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial.
Finalmente, se agravia de la tasa de interés dispuesta en el fallo.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar corresponde señalar que el interesado no ha demostrado que el valor de lo cuestionado, ante esta instancia, supere el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
En efecto, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no sólo omitió establecer cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ante esta instancia, sino que tampoco cuantificó su importe.
Lo expuesto evidencia que el impugnante no demostró el cumplimiento del requisito esencial normado en el mencionado art. 278, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial, falencia que no puede ser salvada por esta Corte, que-al respecto- expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley como recaudo de su admisibilidad (causas L. 108.334, "Maldonado Sanheza", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.205, "Barrios", sent. de 16-X-2013; L. 119.030, "Ojeda", resol. 2-XII-2015 y L. 122.894, "Casa", resol. de 14-VIII-2019).
Siendo ello así, la admisibilidad del remedio procesal en examen, solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 116.842, "Ferreyra Sotelo", resol de 24-X-2012 y L. 118.216, "Capdevila", resol. de 27-VIII-2014).
III.2. En este contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado en relación a los dos primeros agravios traídos, en tanto, a su respecto, el recurrente omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte sobre dichos tópicos, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 118.020, "Flores", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.292, "Nieva", resol. de 20-XI-2014 y L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015).
A ello cabe agregar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.026, "González", resol. de 20-VIII-2014; L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015 y L. 118.921, "Veliz", resol. de 23-IX-2015).
III.3. Finalmente, el cuestionamiento referido a la tasa de interés que aplicó el juzgador de grado, tampoco es de recibo, desde que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011; L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017 y L. 117.605, "Gomez", resol. de 14-VIII-2019).
Por lo demás, la mención que se formula respecto de un voto que no concitó la adhesión de los restantes integrantes de la Suprema Corte y que, por tanto, quedó en minoría, al no conformar "doctrina legal", no resulta útil en el estrecho marco en análisis (causas L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.592, "Villaverde", resol. de 13-V-2015 y L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:41:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2021 17:31:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 09:40:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:49:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 14:24:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia