Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125641
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda interpuesta por Cristina Angélica Quirós y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557(v. fs. 344/353 vta.).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó que habiéndose corrido traslado de la entrada en vigencia del decreto 669/19, y no existiendo objeciones de las partes al respecto (v. fs. 339 y sigs.), correspondía calcular el ingreso base mensual con aplicación RIPTE, y con intereses calculados por el mismo índice.
II. Contra dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 19-XII-2019), concedido por el a quo a fs. 375/376, en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su presentación se agravia, en primer lugar, de la aplicación al caso del decreto 669/19, que entiende no corresponde por el principio de irretroactividad de las normas.
Asimismo, objeta la tasa de interés moratorio que el órgano judicial de grado ordenó aplicar al capital de condena con fundamento en la referida norma, denunciando vulnerada la doctrina emergente de las causas Ac. 43.858, "Zgonc" (sent. de 21-V-1991), L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009), L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) y L. 113.328, "M., O. E." (sent. de 23-IV-2014), entre otras, destacando que este superior Tribunal se pronunció por la aplicación de la tasa de interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, la cual -afirma- "se ha mantenido en forma ininterrumpida hasta la actualidad".
También cuestiona el plazo que le otorga para el cumplimiento de la sentencia, y la tasa fijada para el cálculo de los intereses sancionatorios, así como la capitalización semestral.
Finalmente, entiende que al haber actualizado el ingreso base y una tasa agravada, la sentencia resulta indexatoria, vulnerando la doctrina sentada en la causa B. 49.193B, "Fabiano".
III. El remedio intentado no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 375/376), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 123.066, "Nuñez", resol. de 14-VIII-2019), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina traída por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011; L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017 y L. 117.605, "Gomez", resol. de 14-VIII-2019).
En primer lugar, no resulta hábil la cita de la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), por cuanto ella refiere a que no corresponde la aplicación retroactiva de la ley 26.773, especialmente lo dispuesto en su art. 17 inc. 6, norma vigente al momento del siniestro de autos.
Igualmente, en los precedentes invocados por la parte recurrente respecto de la tasa de interés (causas Ac. 43.858, "Zgonc", sent. de 21-V-1991; L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009 y L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013,e.o.), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Por otro lado, en la causa L. 113.328, "M., O. E.", sent. de 23-IV-2014 se discutía sobre la tasa fijada para el procedimiento administrativo en una resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Finalmente, la causa B. 49.193 bis, "Fabiano" (resol. de 2-X-2002), lo que se encontraba en discusión era la constitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación de los créditos, expresamente desestimada en la sentencia recurrida.
En definitiva, los mencionados precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado resolvió la aplicación del decreto 669/19, de cuya entrada en vigencia dio traslado previo al dictado de la sentencia, sin que la recurrente efectuara objeción alguna, lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de las doctrinas que aquí se denuncian violadas (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020 y L.122.776, "Galeno", sent. de 27-VII-2020).
III.3. Por otro lado, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 80.710, "Rodriguez", sent. de 7-IX-2005; L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X.2017 y L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:41:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2021 17:31:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 09:40:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:49:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 14:24:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia