Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125912
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda interpuesta por Rodrigo Alan Melgar y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, para el caso de incumplimiento, juzgó que sería de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, en forma semestral, y el producido devengaría intereses conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación (v. fs. 162/173).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, resolvió calcular el ingreso base con aplicación al índice RIPTE conforme lo dispuesto por el decreto 669/19, normativa que también utilizó para fijar la tasa correspondiente a los intereses sancionatorios en caso de incumplimiento.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-I-2020), concedido por el a quo a fs. 190 y vta., en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su presentación se agravia, en primer lugar, de la aplicación al caso del decreto 669/19, que entiende no corresponde por el principio de irretroactividad de las normas, citando vulnerada, entre otras dictadas en el mismo sentido, la doctrina sentada en la causa L. 118.95, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Por otro lado, denuncia absurdo en la valoración de la pericia psiquiátrica en cuanto al porcentaje de incapacidad otorgado, que entiende no se condice con la física.
III. El remedio intentado no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 190 y vta.), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 123.066, "Nuñez", resol. de 14-VIII-2019), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014 y L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del agravio dirigido a cuestionar la aplicación del decreto 669/19, desde que la doctrina traída por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011; L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017 y L. 117.605, "Gomez", resol. de 14-VIII-2019).
Finalmente, cabe destacar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de los pronunciamientos de la Corte nacional (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 110.469, "Faramiñan", resol. de 18-V-2011; L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011 y L. 121.113, "Albarracín", resol. de 11-IV-2018).
III.3. Por otro lado, igualmente inatendible resulta el planteo vinculado al porcentaje de incapacidad y la valoración de la pericia psiquiátrica, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017 y L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:41:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/02/2021 17:31:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 09:39:54 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:49:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 14:24:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia