Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121745
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.745, "Alegre, Alejandra Beatriz contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, de Lázzari, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la demanda e impuso las costas a la accionada vencida (v. fs. 208/220 vta.).
Luego, frente a la impugnación de la regulación de honorarios efectuada por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, el tribunal declaró la inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y aplicó las costas en el orden causado (v. fs. 235/241).
Contra esta última resolución se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 244/251).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa destacar, el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 en cuanto modifican los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limitando la responsabilidad de los condenados en costas al veinticinco por ciento (25%) del capital de condena, cuya aplicación en la especie fuera requerida por la demandada toda vez que el monto total de honorarios regulados excede ese porcentaje (v. fs. 235/241).
Para así resolver, tuvo en consideración que el planteo de la accionada -encaminado a limitar el pago de los honorarios regulados- conduce a dos respuestas posibles. En ese esquema expresó que en caso de sostenerse que el responsable por el pago de la diferencia de los emolumentos fuera el trabajador en su calidad de beneficiario del trabajo profesional (art. 58, dec. ley 8.904/77) vulneraría tanto el derecho de propiedad del actor como el principio protectorio contenido en el art. 14 bis, a la vez que la reparación del perjuicio sufrido dejaría de ser justa e integral. Si, por el contrario, se considerara que el accionante no es responsable por la diferencia impaga de los honorarios, esta última debería ser absorbida por los propios destinatarios de aquellas regulaciones, lo cual importa asimismo la vulneración del art. 14 bis en la medida que, de acuerdo con el texto constitucional, es el trabajo en sus distintas formas el que goza del amparo de las leyes.
Consideró, en suma, que la limitación de responsabilidad, establecida por la norma en cuestión, contradice garantías constitucionales como las consagradas en los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional, y que conculca normas de convenciones internacionales, como ser: arts. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia trasgresión de la doctrina legal que cita.
III. El recurso debe prosperar.
III.1. Expresado lo anterior, cabe señalar -como lo declaró el sentenciante al conceder el recurso (v. fs. 254 y vta.), y tal como lo reconoce el propio recurrente en su impugnación (v. fs. 245 vta.)- que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 1, ley 14.141, B.O., 15-VII-2010), de modo que la admisibilidad del remedio procesal deducido, en principio, sólo podrá justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Por regla, en esas situaciones, esta Corte solo puede verificar si lo resuelto por el tribunal de grado contradice la doctrina legal vigente. Sin embargo, las interdicciones vinculadas a la summa gravaminis que resultan del régimen procesal local no se aplican cuando, como en el caso, los temas encierran cuestiones federales tales como la constitucionalidad de la reforma introducida por la ley 24.432 a los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, correspondiendo en este supuesto darle curso al tratamiento de la impugnación por ante esta Corte, a fin de que el recurrente pueda eventualmente acceder al remedio federal (art. 14 inc. 1, ley 48; doctr. CSJN Fallos: 308:490 y 311:2478; causas L. 90.223, "Collado", sent. de 28-V-2010; L. 100.635, "Berón", sent. de 30-II-2011; L. 103.103, "Lazarte", sent. de 11-V-2011 y L. 97.703, "Vega", sent. de 22-VI-2011; e.o.).
III.2.a. Considero adecuado, a los fines de resolver la presente cuestión, exponer lo manifestado por mi distinguido colega doctor Soria en la causa L. 121.989, "Mosiejchuk" (sent. de 26-XII-2019), voto al cual adherí en dicha oportunidad.
III.2.b. Ingresando a analizar la resolución recurrida, resulta pertinente precisar que los argumentos que esgrimió el tribunal de grado para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y juzgarlos además violatorios de diversos instrumentos internacionales, no tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en una supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, Const. nac.), tema -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas oportunidades (causas L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008 y L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012). Apartado de ello, y así expresamente lo indicó (v. fs. 236/237), el tribunal de trabajo, diseñando un escenario con diferentes hipótesis, señaló -cabe volver a reiterarlo- que si por la aplicación de las normas impugnadas se sostuviera que el responsable por el pago de la diferencia de honorarios del letrado o de los peritos fuese el trabajador en su calidad de beneficiario de la labor, éste vería afectado su derecho de propiedad pese a su carácter de "vencedor", vulnerándose también el principio protectorio. Continuó diciendo que si, por el contrario, se interpretara que el actor no es responsable, ni tampoco lo es el demandado, no quedaría otra posibilidad que estimar que aquella diferencia habría de ser soportada por el propio abogado vencedor y los auxiliares de la justicia, con la lógica mengua patrimonial que ello implicaría, lo cual también atentaría contra las normas constitucionales e internacionales que tutelan al trabajo (v. fs. 235/241).
Ceñido a estas motivaciones, he de adelantar que las directrices que emanan de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -invocadas por el recurrente- habré de seguir por razones de economía procesal, conducen a revocar el pronunciamiento.
Liminarmente, cabe recordar que en la causa A.151.XXXVII "Abdurraman, Martín c/ Transportes Línea 104 S.A. s/ accidente ley 9688" (sent. de 5-V-2009), el Alto Tribunal dijo que la limitación de responsabilidad incorporada por la ley 24.432 al art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, constituye un régimen especial en principio válido, cuya solución, atento a la finalidad tenida en miras por el legislador "...se manifiesta como uno de los arbitrios posibles enderezados a disminuir el costo de los procesos judiciales y morigerar los índices de litigiosidad..." (cons. 12°).
Concretamente, en el precedente V.1418.XXXVIII "Villalba, Matías Valentín c/ Pimentel, José y otros s/ accidente-ley 9688" (sent. de 27-V-2009), afirmó que en tanto la citada norma solo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados mas no respecto de la cuantificación de éstos "...no cabe vedarle al beneficiario de la regulación la posibilidad de reclamarle a su patrocinado el excedente de su crédito por sobre el límite porcentual establecido en la ley...", pues lo contrario significaría establecer una obligación sin sujeto pasivo alguno (cons. 6°). También sostuvo -y ello resulta trascendental en la especie- que la posibilidad de que los profesionales ejecuten a su cliente no condenado en costas por el saldo impago de honorarios que pudiese arrojar el prorrateo legal, no resulta violatoria del principio protectorio del trabajador ni el derecho de propiedad reconocidos en la Constitución nacional, toda vez que la naturaleza alimentaria del crédito del trabajador "...no empece a que éste deba contribuir, en alguna proporción, con el costo del litigio que decidió promover para el reconocimiento de su derecho..." (cons. 7°).
Tales lineamientos, reiterados por la Corte federal en las causas P.752.XLVI "Palacio, Yanina Fernanda c/ Talyden S.A. y otro s/ accidente acción civil" (sent. de 19-XI-2013); A.579.XLVII y otros "Arriete, Julio Néstor c/ A.A. Aerolíneas Argentinas S.A. y otro s/ despido" (sent. de 6-III-2014) y CNT 13.512/2008/2/RHI "Galván, Ornar Leónidas c/ Cayter Cielorrasos S.R.L. y otro s/ accidente acción civil" (sent. de 5-IX-2017), y que entiendo aplicables no solo en lo referido a los estipendios de los letrados sino también a los de los peritos actuantes, evidencian que, debiéndose situar el análisis de la disposición legal referida en el primer supuesto plasmado en la resolución impugnada, los argumentos brindados en dicho marco por el tribunal de grado colisionan con el criterio adoptado por la Corte nacional.
Asimismo, la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en las citadas normas legales ha sido considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (así, causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002, citada por la recurrente; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015 y L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como bien destaca la impugnante, fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del ordenamiento de fondo.
III.3. En el caso, surge evidente -del cotejo de la liquidación y de la regulación de honorarios- que el tribunal de grado rebasó la limitación porcentual contemplada en la ley 24.432, y receptada en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
Corresponde, entonces, que -una vez devueltos los autos- el tribunal adecue su resolución a lo dispuesto en la citada norma efectuando el prorrateo pertinente, de modo tal que la responsabilidad de la accionada por el pago de las costas no supere el porcentaje del veinticinco por ciento (25%) del monto de condena (causa L. 92.089, "Arroyo", sent. de 26-X-2011).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y revocar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. de la presente.
Los autos deberán ser devueltos al tribunal de origen para que obre de conformidad con lo que aquí se ha resuelto. Con costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
I.2. Luego, comparto la propuesta del ponente de revocar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, con arreglo a los argumentos que expuse al emitir mi voto, entre otras, en la causa L. 121.989, "Mosiejchuk" (sent. de 26-XII-2019), citada por mi distinguido colega, a la que remito por razones de brevedad.
II. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado en el punto IV de la opinión inaugural.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta del colega ponente de rescindir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, de conformidad con la postura que sostuve al sufragar las causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán", sentencias de 12-III-2003; L. 117.427, "Caraballo", sentencia de 20-V-2015 y L. 118.411, "Scartoccio", sentencia de 21-XI-2018, a las que remito por motivos de brevedad.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. Adhiero a lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III.1. de su voto.
II. En otro orden, coincido también con lo expresado por mi colega respecto a la validez constitucional de la ley 24.432. Sin embargo, a tenor de la propuesta decisoria allí contenida, me parece del caso efectuar las siguientes consideraciones con la finalidad de clarificar los alcances de la doctrina legal sobre el tópico. Siempre he entendido que la doctrina que se desprende de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002, que fuera citada por el colega y reiterada en otros pronunciamientos posteriores), indica que lo prescripto por el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (o el art. 505, Cód. Civ.) resulta no una restricción a la facultad de los jueces para aplicar las reglas locales sobre, por ejemplo, los honorarios que pudieran regularse, sino un límite a la responsabilidad del deudor (condenado en costas) a quien no puede serle exigido un pago que supere el porcentaje fijado por la ley.
Si tal es la doctrina legal de esta Suprema Corte que ha establecido por mayoría, deben quedarnos claras algunas de sus consecuencias. Así, si lo que se instruye con ella es que la ley no fija una limitación a la regulación de honorarios según la normativa local (o a cualquier otro rubro que integre las costas), no ocurre violación de aquella doctrina si los miembros de un tribunal estiman regulaciones que superan aquel límite. En todo caso, tal transgresión ocurrirá si luego se hace lugar a una ejecución por el total de los honorarios porque, según nuestro criterio, lo que se ha limitado es la responsabilidad del deudor que quedará eximido de responder cuando el total de lo que se le reclama por costas supere el veinticinco por ciento (25%) del monto definitivo del juicio.
En consecuencia, en tanto no se haga un reclamo por el pago total de las costas no habrá violación de esa doctrina legal ni razón para modificar el pronunciamiento.
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Adhiero a la propuesta decisoria del doctor Pettigiani en atención a la consolidada doctrina legal de esta Suprema Corte en la materia, a la reiteración de casos sustancialmente análogos (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 119.955, "Duarte", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.989, "Mosiejchuk", sent. de 26-XII-2019; e.o.), y a tenor de lo prescripto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias.
II. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad deducido debe prosperar, con el alcance indicado en el sufragio inaugural.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2021 15:36:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/02/2021 18:27:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 15:04:45 - DE LAZZARI Eduardo Nestor - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2021 18:26:18 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2021 11:06:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/02/2021 11:12:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia