Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125168
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, en lo que interesa destacar, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Juan José Domínguez contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a quien condenó a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias en el pago de las indemnizaciones derivadas del accidente denunciado (v. fs. 279/286 vta.).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó, una vez verificado el porcentaje de incapacidad que padece el accionante a causa de la contingencia sufrida, que correspondía determinar la prestación dineraria descontando lo ya percibido por el trabajador por igual concepto en sede administrativa.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-XI-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 306.
En su presentación plantea la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y la existencia de cuestión federal.
Luego se disconforma de lo resuelto por el tribunal en cuanto juzgó que correspondía descontar del capital de condena la suma percibida por el actor en concepto de cobro "extrajudicial".
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria, por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen, no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 114.600, "Ojeda", resol. de 13-VII-2011 y L. 117.206, "Méndez Pío", resol. de 24-IV-2013).
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del citado art. 278, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apdo. 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014 y L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014).
Además, resta recordar que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apdo. 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
III.3. Sentado lo que antecede, corresponde destacar que la recurrente pretende prescindir del límite económico en la restricción de la admisibilidad (art. 278, CPCC) a la luz de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Strada" (Fallos: 308:490), entre otras. Sin embargo, el tenor del planteo ensayado por la interesada no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal (art. 14, ley 48; causas L. 109.338, "Santillán", resol. de 23-XII-2009 y L. 117.172, "Corvalán", resol. de 5-IV-2013). Por el contrario, su embate se relaciona a la apreciación de los hechos y las pruebas, como así también de interpretación y aplicación del derecho común y procesal local, resultando ajeno a la vía establecida en la citada norma (causas L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009 y L. 121.039, "Juncos", resol. de 27-IX-2017; CSJN Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
III.4. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor de lo cuestionado y desestimado el planteo de inconstitucionalidad articulado, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, en un caso similar (causas L. 116.489, "Garmendia", resol. de 30-V-2012; L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013 y L. 121.451, "Córdoba", resol. de 13-VI-2018).
En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que, por un lado, no resultan hábiles para justificar la revisión casatoria, en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, las citas de doctrina referidas a la arbitrariedad y al vicio de absurdo (causas L. 95.338, "De Nardis", sent. de 20-V-2009; L. 91.020, "Dinius", sent. de 23-IX-2009 y L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011), y por otro, porque los precedentes jurisprudenciales traídos por la recurrente no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 117.821, "Varela Mieres", resol. de 7-V-2014; L. 119.162, "Del Valle Cortez", resol. de 4-XI-2015; L. 120.322, "Medina", resol. de 31-V-2017 y L. 122.892, "Medina", resol. de 4-IX-2019).
A ello cabe agregar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010 y L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/02/2021 13:43:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/02/2021 09:44:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2021 12:52:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2021 23:09:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2021 08:54:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia