Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125417
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que el agravio tratado en el punto III.1. se encuentra insuficientemente fundado, y que el abordado en el punto III.2. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Daniel Roberto Ortiz, y, en consecuencia, condenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad laboral permanente parcial derivada de un accidente de trabajo in itinere . La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía la indemnización por gran invalidez, así como la actualización de las prestaciones (v. fs. 637/647).
Para así decidir, por mayoría, valorando las distintas pericias médicas y psicológica realizadas, juzgó acreditado que el accidente sufrido con fecha 9 de junio de 2013 le genera al actor una incapacidad del 65% del índice de la total obrera.
Asimismo, con sustento en el dictamen del experto especialista en neurología, juzgó no acreditado que el actor necesitara de la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 24-IV-2019), el que fue concedido a fs. 657.
En su presentación se agravia, en primer lugar, del porcentaje de incapacidad, en tanto aduce que el a quo , a partir de un conjunto de descalificaciones formales, evaluaciones parciales y razonamientos inadmisibles, se atiene a la pericia medica que peor redunda contra los intereses del trabajador, incurriendo en un evidente absurdo.
Asimismo, objeta el rechazo de la prestación por gran invalidez, alegando que los fundamentos esbozados en el fallo fueron escuetos, y se basaron, además, en lo informado en una experticia que luego descartaron respecto al porcentaje de incapacidad.
Por último, cuestiona que la sentencia tampoco le concediera la actualización monetaria solicitada.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, se impone señalar que resulta insuficiente el embate dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen, así como el rechazo de la prestación por gran invalidez.
Al respecto, esta Corte ha señalado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
El señalado vicio no es demostrado por la recurrente, habida cuenta de que las objeciones que formula en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, basadas en meras apreciaciones personales y poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento, resultan ineficaces para conmover la decisión respecto del grado de minusvalía que en forma privativa el juzgador estableció en el fallo (causas L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
Al respecto, se impone recordar que en la tarea de valorar las pericias médicas y asignarles entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), vicio que, como se anticipó, no logra ser acreditado.
III.2. Igualmente improcedente es el cuestionamiento relativo al rechazo de la pretensión de actualización de los importes de condena.
Ello así pues, en el precedente L. 85.591, "Fernández" (sent. de 18-VIII-2007), este Tribunal ha sostenido la constitucionalidad de las normas de emergencia económica que mantuvieron la prohibición de utilizar mecanismos indexatorios, así como también en otros precedentes posteriores (causas L. 105.952, "Barrios", sent. de 7-VIII-2013; L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014; L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015 y L. 121.773, "Tacchetti", sent. de 6-V-2020; e.o.).
Se advierte entonces que la decisión de grado se ajusta a las directrices sentadas por este Tribunal en las causas citadas (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que el agravio tratado en el punto III.1. se encuentra insuficientemente fundado, y que el abordado en el punto III.2. ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/03/2021 14:00:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/03/2021 19:52:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/03/2021 20:00:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2021 10:12:21 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2021 11:43:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia