Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125325
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda incoada por Karina Mariel Batesteza y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonar la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral con fundamento en las leyes 24.557 y 26.773 (v. fs. 295/314).
Para así decidir, tras valorar en conciencia la prueba producida en la causa, tuvo por acreditado que la actora padece una incapacidad laboral del 52,86% del índice de la total obrera, causalmente relacionado con el accidente de trabajo que padeció el 15 de septiembre de 2016.
II. Frente a lo resuelto, el legitimado pasivo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-XII-2019), el que fue concedido por el a quo a fs. 322.
Postula que el tribunal incurrió en absurdo al determinar el grado de incapacidad que porta la reclamante, pues solamente se remite a lo informado en las pericias médica y psicológica. Según argumenta, no efectuó una valoración adecuada de las mismas, soslayando ponderar las impugnaciones que su parte formuló a ambos dictámenes.
Luego, denuncia que yerra el juzgador cuando delega en los galenos actuantes el análisis de la existencia de la relación causal entre el hecho denunciado y la minusvalía que presenta la actora, como también al rechazar la aplicación del criterio de la capacidad restante que proviene del decreto 659/96, respecto de una minusvalía preexistente. Destaca que esta dolencia fue alegada en la contestación de la demanda, sin haber sido desconocida ni objetada por la accionante en el traslado previsto en el art. 29 de la ley adjetiva laboral. De modo que, en su opinión, el sentenciante incurrió en un claro apartamiento de los términos en que quedo establecida la traba de la litis , vulnerando el principio de congruencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que esta Suprema Corte ha declarado que determinar si existe relación causal o concausal entre las tareas desempeñadas por el trabajador y la incapacidad que aquél presenta, así como establecer su porcentual, y en general analizar las cuestiones de hecho y apreciar el material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado, exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 122.589, "Estévez", resol. de 11-XII-2019).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 122.133, "Alleman", resol. de 29-V-2019; L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2. En el caso, si bien el recurrente denuncia la indicada anomalía sentencial, sus alegaciones no son hábiles para tenerlo por comprobado.
Ello así, puesto que la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 124.146, "Peralta" resol. de 11-III-2020; L. 123.927, "Smith", resol. de 3-VIII-2020 y L. 124.782, "Fleitas", resol de 25-IX-2020).
Para más, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de los distintos medios probatorios resulta materia privativa de los jueces de grado, potestad comprensiva de la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia adjudicada a las conclusiones de los expertos (causas L. 122.162, "Alarcon", resol. de 10-IV-2019; L. 123.382, "Santín", resol. de 11-III-2020 y L. 123.931, "San Martín", resol. de 16-VI-2020).
III.3. Sentado lo expuesto, no resulta atendible el argumento que gira en torno a la transgresión del principio de congruencia.
Reiteradamente este Superior Tribunal ha dicho que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción del citado postulado, limita su impugnación a exhibir la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 121.844, "Sandoval", resol de 13-II-2019; L. 122.073, "Navarro", resol. de 14-VIII-2019 y L. 123.679, "Calandro" resol. de 1-VI-2020), tal y como sucede en la especie.
III.4. Cabe agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018; L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/03/2021 19:33:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/03/2021 09:36:50 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2021 13:31:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 09:50:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/03/2021 11:18:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia