Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 124622
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.); sin costas, atento la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, declaró la inhabilidad de la instancia, en el marco de la acción promovida por Juan Aristóbulo Carlos contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procuraba el cobro del resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales (ley 24.557 y modif.).
Para así decidir, decretó la caducidad de la acción ordinaria de revisión prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, toda vez que -señaló- a la fecha de promoción de la demanda (17 de mayo de 2019), el dictamen emitido por la Comisión Medica jurisdiccional con fecha 5 de abril de 2018 (notificado el día 24 de abril de ese año) se encontraba firme y consentido, pues no se interpuesto recurso alguno por el actor.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 71/78 vta.), concedido por el a quo (v. resolución de fecha 13-IX-2019).
Alega que el tribunal transgredió el principio de irretroactividad de la ley cuando dispuso computar el plazo de caducidad contemplado en la norma procesal citada desde la notificación del dictamen emitido por la Comisión Medica Jurisdiccional.
Explica que, conforme el art. 5 del Código Civil y Comercial de la Nación, las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial o desde el día que ellas determinen. En consecuencia, habiendo sido publicada dicha ley el día 27 de noviembre de 2018, comenzó a regir respecto de las revisiones de las resoluciones dictadas por dichos organismos, el día 6 de diciembre de 2018.
En estas condiciones, concluye que el plazo de noventa (90) días hábiles judiciales que establece el referido art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 se cumplió el 24 de mayo de 2019, por lo que no corresponde -en el caso- decretar la caducidad de la acción ordinaria de revisión, toda vez que la demanda fue interpuesta el 17 de mayo de 2019.
Finalmente, denuncia que el fallo recurrido genera una evidente gravedad institucional.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone destacar que, en la especie, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda-, no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del presente recurso. Por tal razón, la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019; L. 121.504, "Tala", sent. de 21-XII-2020; e. o.).
III.2. En ese acotado marco de análisis la única cita que formula el impugnante (v. rec., punto IV. apdo. "b") no resulta idónea para fundarlo, habida cuenta que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 119.831, "Salazar Bolivar", resol. de 13-XII-2017; L. 121472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018; L. 123.183, "Guzmán", resol. de 18-XII-2019; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021; e. o.).
III.3. Luego, con relación a la gravedad institucional invocada, reiteradamente esta Suprema Corte ha señalado que tal extremo se encuentra íntimamente relacionado -en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no advirtiéndose -en el caso- la configuración de un supuesto de las características prealudidas (causas Ac. 99.509, "Domeq", resol. de 13-VIII-2008 y L. 123.376, "Parolini", resol. de 14-VIII-2019; e.o.).
En esa línea de pensamiento, tanto en el ámbito del recurso federal, como también en el de los recursos extraordinarios locales, se ha juzgado, mediante un criterio que es enteramente aplicable en este supuesto, que no cabe hacer lugar a la invocada existencia de "gravedad institucional" si en tal planteo no se han expuesto circunstancias excepcionales que habiliten su admisibilidad (Fallos: 327:5826; 323:287 y sus citas; v. también 317:1162; 331:2799; 330:5052) o que demuestren, de manera indudable, tal como se anticipó supra , su concurrencia (CSJN Fallos: 303:221).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.); sin costas, atento la ausencia de contradicción (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:53:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:14:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:01:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:14:13 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 08:32:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia