Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125631
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la demanda deducida por Claudia Rosana Mazzaferro contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto perseguía el pago de las prestaciones de la ley 24.557, en virtud del infortunio laboral sufrido (v. fs. 454/458 vta.).
Para así decidir, tuvo por no acreditado que las secuelas que porta la actora -tanto físicas como psíquicas- guarden relación de causalidad con el accidente acaecido, como así tampoco que los problemas de cadera, trastornos de voz, auditivos y visuales hayan derivado de las condiciones de trabajo o del referido infortunio.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 474/491), los que fueron concedidos por el órgano de grado (el primero de ellos a fs. 506; el segundo, a fs. 509). Habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 29-X-2020, obra emitido el dictamen en formato electrónico con fecha 9-XI-2020.
III.1. En la vía extraordinaria de nulidad, el interesado invoca violados los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 18 de la Constitución Nacional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, denuncia vulnerada la doctrina legal que individualiza.
En lo esencial, sostiene que los jueces que sufragaron en segundo y tercer término, adhirieron al colega preopinante sin fundar sus votos, circunstancia que -entiende- resulta suficiente para anular la sentencia que ataca.
III.2.a. Sabido es que la vía prevista en el art. 161 apdo. 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011 y L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011).
III.2.b. En tal sentido, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se observa que la crítica no puede subsumirse en ninguna de las hipótesis que tornan operativa la impugnación incoada.
Así, el embate fundado en la ausencia de mayoría de voluntades al momento de fallar por parte de la totalidad de los magistrados que integran el tribunal de grado carece de andamiaje, desde que esta Corte ha dicho reiteradamente que es válido el voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a uno anterior emitido en el mismo acuerdo (causas L. 118.047, "Mignone", resol. de 12-XI-2014 y L. 118.618, "Pacheco", resol. de 28-X-2015), tal y como acontece en el caso.
En definitiva, la crítica se dirige a objetar el modo cómo el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 97.432, "Melián", sent. de 4-VIII-2010 y L. 115.714, "Escobar", sent. de 12-VI-2013).
También corresponde puntualizar que resultan asuntos extraños al remedio en examen la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional (causas L. 118.719 "Vega", resol. de 2-IX-2015; L. 118.841 "Magan", resol. de 21-X-2015 y L. 124.729, "Rios", resol. de 6-XI-2020).
Por lo demás, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 93.559, "Elinger", sent. de 3-III-2010; L. 99.778, "Nievas", sent. de 5-V-2010 y L. 105.984, "Dafnos", sent. de 12-X-2011), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, pues las citas legales que porta abastecen la exigencia constitucional (causas L. 122.630, "Segcon S.A.", resol. de 18-IX-2019; L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el impugnante denuncia la violación de las normas y la doctrina que menciona.
Con invocación de absurdo, sostiene que el tribunal de grado se apartó de las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas, pues se basó -según expone- en una pericia médica inexacta, contradictoria y carente de fundamentos. En este sentido, acusa transgresión del derecho de defensa, de los principios de adquisición procesal, in dubio pro operario , primacía de la realidad y de las reglas del onus probandi .
IV.2. En primer lugar, corresponde observar que determinar tanto la existencia de la relación causal o concausal entre el infortunio sufrido por la trabajadora, las características de las tareas realizadas, la minusvalía que la afecta y el análisis del material probatorio, constituyen facultades privativas de los jueces de mérito. Las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración del absurdo (causas L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 122.691, "Goitea", resol. de 23-X-2019 y L. 124.439, "Cuenca", resol. de 29-VI-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En el caso, en ejercicio de facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653) y tras evaluar los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa, el tribunal de grado descartó la relación de causalidad entre el siniestro denunciado y las patologías descriptas por los peritos médicos y psicólogo designados en autos. Tampoco tuvo por verificada la existencia de trastornos en la voz, auditivos y visuales alegados. Finalmente, estableció que las dolencias en la cadera que presenta la actora no son consecuencia del siniestro reclamado.
Estas esenciales conclusiones del órgano judicial de grado no logran ser descalificadas por la recurrente, por cuanto las alegaciones que formula no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son exclusivas de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre cómo debieron apreciarse los hechos y las probanzas agregadas a la causa, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019).
Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportados a la causa es tarea propia del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012 y L. 122.498, "Spagnoli", resol. de 14-VIII-2019).
Asimismo, cabe indicar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 123.054, "Militello", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.771, "Ruiz", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), no verificado en el caso.
Corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no devienen aplicables al proceso laboral, en el cual rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018 y L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019).
En cuanto a la denuncia de transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
Por su parte, en lo relativo a la alegada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, la interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Cabe agregar que el principio de primacía de la realidad que rige en materia laboral y consagra el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, cuya omisa aplicación denuncia la recurrente, impone que deban prevalecer los hechos verificados en la causa por sobre las formalidades o apariencias (causa "Domínguez", sent. de 27-IV-2011; e.o.). Este supuesto no se presenta en el caso bajo estudio, pues la temática que conformó el debate y el modo en que se resolvió la contienda no denotan un apartamiento por parte del juzgador del indicado postulado rector.
Finalmente, debe señalarse que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia que se trata (causas L. 125.021, "Fernández", resol. de 22-X-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), supuesto que -a tenor de lo dicho- no se ha verificado en autos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/03/2021 18:54:24 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 19:13:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2021 20:00:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/03/2021 16:13:49 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/03/2021 08:32:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia