Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125671
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por Miguel Sixto Lucero, y, en consecuencia, condenó a Swiss Medical ART S.A. a abonar las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 11.4.b y 15.2 de la ley 24.557 y la complementaria prevista en el art. 3 de la ley 26.773 (v. fs. 205/223 vta.).
Para así decidir, valorando el material probatorio de la causa, juzgó que el trabajador padece una incapacidad del 84,29% del índice de la total obrera como consecuencia del accidente de trabajo padecido.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 234/244), el que fue concedido por el a quo a fs. 297 y vta.
Se agravia, en primer lugar, del porcentaje de incapacidad psicológica atribuida, alegando que del dictamen pericial no se advierte fundamento científico ni criterio médico-legal que lleven a otorgar un 50% de incapacidad.
Por otro lado, objeta que en la referida experticia no se aplicara el baremo del decreto 659/96, obligatorio en el sistema de riesgos del trabajo.
Además, censura el método empleado por el tribunal para fijar el porcentaje de minusvalía que afecta al actor, consistente en la sumatoria de las incapacidades física y psíquica. Alega que en el caso debió utilizarse la "fórmula de la capacidad restante", prevista en el referido reglamento.
Desde otroángulo, impugna la imposición de intereses, planteando que nunca estuvo en mora, por lo que, en todo caso, debieron liquidarse desde la sentencia.
Finalmente, apela por altos los honorarios y solicita que las costas sean impuestas al accionante.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, se impone señalar que resulta insuficiente el embate dirigido a controvertir el porcentaje de incapacidad fijado en el pronunciamiento de origen.
Al respecto, esta Corte ha señalado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo absurdo (causas L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.788, "Jaime", resol. de 2-IX-2015; L. 119.785, "Ortigoza", resol. de 29-VI-2016; L. 121.187, "Ponce", resol. de 30-V-2018; L. 122.597, "Vargas", resol. de 19-VI-2019 y L. 125.035, "Gutierrez", resol. de 9-XII-2020).
En el caso, la recurrente ni siquiera ha denunciado que tal aspecto de la decisión fuese producto del mencionado vicio, deficiencia técnica que sella la suerte adversa de la impugnación, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012; L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017 y L. 124.239, "Angeloni", resol. de 16-VI-2020).
Sin perjuicio de lo señalado, su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 120.389, "Navas", resol. de 5-VII-2017; L. 123.048, "Toledo", resol. de 19-VI-2019; L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020 y L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020), sin rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido de la decisión de origen.
En efecto, la interesada se mantiene en el plano del mero disentimiento, limitándose a reiterar -con mayor énfasis- lo expuesto en oportunidad de plantear distintas objeciones a la labor de los expertos. Empero, de ese modo, no consigue descalificar la decisión respecto al grado de incapacidad determinado por el a quo , y sólo evidencia su intención de sustituir el criterio del juzgador de origen en orden a la tarea de valorar los informes periciales y asignarle entidad convictiva que en forma privativa ejerce (causas L. 102.219, "G., E.M.", sent. de 29-VI-2011; L. 95.512, "Zabala", sent. de 21-XII-2011 y L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013).
En su intento, en definitiva, se desentiende del razonamiento seguido en el fallo que condujo al sentenciante a decidir sobre este aspecto de la contienda cuando hubo de señalar que no encontraba motivos para desestimar o alejarse de las conclusiones de los dictámenes médico y psicológico. Ello así, porque puntualizó que los dictámenes pudieron ser corroborados en oportunidad de tomar la audiencia de vista de la causa y producirse la prueba confesional. Refirió al respecto que cuando Lucero ingresó a la sala tenía dificultades en su movilidad, como así también para sentarse o levantarse de la silla, y que se notaba con angustia y afectación en su relato. Recalcó el a quo que era un hombre joven, con cuatro hijos, que se mostraba muy apenado por su situación física y por el destrato laboral sufrido (v. vered., 2da cuestión, fs. 207 vta./208 y sent., fs. 214 y vta.).
III.2. Tampoco resulta procedente el cuestionamiento relativo a la no aplicación del baremo del decreto 659/96 para fijar el porcentaje de incapacidad psicológica.
Al respecto, cabe señalar que los argumentos traídos por la recurrente son ineficaces para conmover lo decidido por el órgano jurisdiccional de grado, pues sólo traducen su disconformidad con la solución adoptada.
En efecto, la compareciente no ensaya una réplica idónea para revertir lo decidido. Insiste en reclamar la no aplicación del baremo derivado del indicado decreto, más soslaya desplegar argumentos válidos a fin de rebatir la motivación del sentenciante que constituyó factor esencial de la decisión. Esto es, la definición con arreglo a la cual señaló que la referida tabla trataba respecto de las patologías psicológicas detectadas al accionante dentro de las variantes de las lesiones psiquiátricas que figuran en el listado, diagnosticadas como permanentes o secuelas de accidentes de trabajo, con porcentajes de incapacidad semejantes a los ponderados en la pericia psicológica de autos.
En este marco, es oportuno recordar que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación, impugnando concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018; L. 122.002, "Orellano", resol. de 8-V-2019 y L. 124.820, "Albarracín", resol. de 24-VIII-2020), tal como acontece en la especie.
III.3. En el mismo sentido, igualmente inatendible deviene lo expuesto por la interesada en cuanto afirma que el sentenciante no aplicó el capítulo sobre "Criterios de utilización de las tablas de incapacidad laboral" establecido en el decreto 659/96 ni el art. 9 de la ley 26.773, pues tales argumentaciones traducen el intento extemporáneo de modificar en esta sede extraordinaria el enfoque con que la cuestión fue articulada en la sede ordinaria (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 120.392, "Aquino Canteros", sent. de 24-X-2018 y L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021). En suma, los cuestionamientos no satisfacen una réplica idónea, susceptible de modificar lo decidido en el fallo.
III.4. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cómputo de los intereses.
Sin perjuicio de la insuficiencia que denota el agravio en este aspecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 108.016, "Butrón", sent. de 24-IX-2014; L. 117.318, "Reineche", sent. de 28-IX-2016; L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017 y L. 120.929, "Arango", resol. de 13-XII-2017).
III.5. Por último, deviene inatendible el agravio relativo a que los estipendios fijados por el juzgador de origen resultan cuantitativamente elevados, pues la regulación de los honorarios judiciales de los profesionales no es revisable en casación, ya sea en lo que atañe a su monto como respecto a las bases adoptadas para fijarlos, salvo circunstancias excepcionales que no han sido siquiera invocadas en la especie (causas L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 117.483, "Riccele", resol. de 9-X-2013 y L. 120.822, "Chavez", resol. de 11-X-2017).
En cuanto al cuestionamiento relativo a las costas, dable es recordar que reiteradamente esta Suprema Corte ha declarado que su imposición y distribución constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 102.094, "Córdoba", sent. de 24-VII-2011; L. 106.545, "Falcón", sent. de 24-IV-2013; L. 113.488, "González", sent. de 23-XII-2013 y L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014), supuesto que no se presenta en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2021 20:52:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2021 09:23:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 15:42:42 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/03/2021 17:12:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2021 08:46:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia