Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121841
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.841, "Sanchioni, Liliana Noemí contra Dirección General de Cultura y Educación y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martin acogió la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 364/381 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 391/397).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Liliana Noemí Sanchioni contra la Provincia de Buenos Aires, por la que pretendía -con sustento en la ley especial- el cobro de una indemnización por la incapacidad laborativa derivada del accidente que protagonizó el día 3 de enero de 2014.
Interesa destacar -por ser materia de agravio- que, tras calcular la cuantía de dicho resarcimiento con arreglo a las pautas establecidas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1/16- y 3 de la ley 26.773, el a quo dispuso que el capital de condena devengaría intereses desde "el nacimiento de cada obligación" hasta el 4 de marzo de 2017 a "la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia" (v. fs. 377 vta. y 378).
Advirtió luego, que durante la tramitación de la causa había entrado en vigencia la ley 27.348, que en su art. 11 sustituyó el texto del art. 12 de la ley 24.557, estableciendo en su apartado 2 que "...el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina" (fs. cit.). En razón de considerar que la norma consagra un interés de naturaleza legal, en los términos del art. 768 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso su aplicación inmediata (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.); explicando, en tal sentido, que en el caso se trata de las consecuencias no agotadas existentes entre el acreedor y deudor -verbigracia el estado de mora-, respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resultaba inmediata (v. fs. 378 vta.).
En virtud de lo expuesto, el sentenciante concluyó -por mayoría- que dichos accesorios se calcularan desde el día 5 de marzo de 2017 y hasta su efectiva cancelación al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (conf. arts. 12 apdo. 2, ley 24.557, modif. por ley 27.348; 622, Cód. Civ.; 7 y 768, Cód. Civ. y Com.; v. fs. 380 y 381).
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, y 272 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia; 11 de la ley 27.348; 44 de la ley 11.653; del decreto 1.694/09; de las leyes 23.928 y 25.561; de las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio (arts. 17 y 18, Const. nac.); y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 391/397).
Cuestiona la tasa de interés que el órgano judicial de grado ordenó aplicar al capital de condena con fundamento en la ley 27.348.
Sostiene que toda vez que el infortunio sufrido por la trabajadora acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la mentada ley, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 394 vta.).
Denuncia violada la doctrina legal emergente de la causa L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014), destacando que este Superior Tribunal se pronunció por la no aplicación del decreto 1.694/09 a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiera producido con anterioridad a su entrada en vigencia (v. fs. 395).
Alega -además- que lo resuelto se aparta de las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Lucca de Hoz", en el cual se sostuvo que resolver del modo en que lo hizo el a quo conllevaría la aplicación retroactiva de la ley nueva a situaciones jurídicas cuyas consecuencias se habían producido con anterioridad a ser sancionada (v. fs. 395 y vta.).
Asimismo, tras citar y transcribir jurisprudencia que receptó el criterio aludido, alega que también se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en la cual se resolvió del mismo modo respecto a las modificaciones introducidas por la ley 26.773 (v. fs. 396).
En definitiva, solicita la aplicación de la tasa de interés pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo al criterio sentado en la causa L. 118.615, "Zócaro" (resol. de 11-III-2015; v. fs. 396 y vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En el caso, el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que ordenó el a quo , y el que habría de obtenerse por aplicación de la tasa pretendida por el recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en la mentada norma de aquel régimen procesal laboral, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-XI-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
III.2. Bajo esa directriz, se observa que las doctrinas que se denuncian violadas en la queja no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 91.410, "Karlen", sent. de 1-IV-2009; L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
III.2.a. En efecto, en las causas invocadas por la parte recurrente a fs. 392 (causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009 y L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348; v. sent., fs. 378 vta.), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada.
III.2.b. De igual modo la propuesta es inviable respecto de la denuncia del precedente L. 118.615, "Zócaro", resolución de 11-III-2015, desde que en dicha ocasión esta Corte no estableció ninguna definición en materia de intereses, limitándose únicamente a desestimar los agravios traídos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, abordados en el estrecho marco que regula el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653; en tal sentido, esta Corte declaró no constatada la existencia de transgresión de su doctrina legal, y sobre tal premisa, concluyó que la vía intentada no reunía los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2.c. En igual sentido, tampoco resulta útil la mención de las causas L. 116.513, "Orellana" (sent. de 26-III-2014) y L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), en las cuales este Tribunal, en ocasión de dirimir la vigencia temporal del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773 -utilizadas para regular vínculos jurídicos ya consumidos y así cuantificar las indemnizaciones debidas al trabajador-, estableció que regían respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se hubiese producido con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de los mentados reglamentos.
En cambio, en el presente caso, el órgano de grado dispuso la aplicación inmediata de la ley 27.348 en lo concerniente a la tasa a la que han de calcularse los intereses derivados del estado de mora (conf. arts. 7 y 768 inc. "b", Cód. Civ. y Com.), refiriéndose -de este modo- a las consecuencias anteriores a su entrada en vigencia.
III.2.d. Finalmente, tampoco resultan aptos para respaldar el reproche la mención de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como la de otros tribunales de justicia que, sabido es, no constituyen doctrina legal en el sentido al que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 112.789, "Rolón", resol. de 9-XII-2010; L. 104.305, "Instituto Nuestra señora del Huerto", sent. de 20-III-2013; L. 114.396, "Navarro", sent. de 25-IX-2013; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud , votaron en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 10:26:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2021 16:28:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/04/2021 18:55:10 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2021 10:33:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/04/2021 10:40:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia