Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125831
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda promovida por Gustavo Gabriel Oyarburu contra Galeno ART S.A. mediante la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo que denunció haber sufrido (v. fs. 192/203).
Para así decidir, apreciando en conciencia la prueba producida, entendió el tribunal que el actor no acreditó la existencia del infortunio, que fuera expresamente desconocido por la accionada. Al respecto, sostuvo que ninguna prueba produjo a los fines de demostrar el hecho causante de las dolencias detalladas en la demanda.
II. Frente a lo así resuelto, se alza el legitimado activo a través de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 20-V-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 28-V-2020).
En primer lugar, entiende configurado el absurdo en cuanto considera que el siniestro se encuentra probado en autos. Precisa que de la pericia contable se desprende que éste fue correctamente denunciado en tiempo y forma por la empleadora.
Por otra parte, se agravia de la conclusión de grado con arreglo a la cual el juzgador ponderó que el trabajador siguió desarrollando sus tareas laborales, pese al estado de salud que se encontraba.
Finalmente, denuncia errónea aplicación del art. 6 del decreto 717/96.
III. El recurso no prospera.
III.1. Se impone recordar que esta Corte ha declarado que interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, como también determinar si existe relación causal o concausal entre las labores desempeñadas por el trabajador y la minusvalía que la afecta, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 122.638, "Rivero", resol. de 14-VIII-2019), constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 122.498, "Spagnoli", resol. de 14-VIII-2019 y L. 124.085, "Fuente", resol. de 8-V-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2.a. En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- y tras evaluar los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa -tanto la documental como las pericias médica y psicológica-, juzgó que no había sido acreditada la existencia misma del accidente de trabajo denunciado, y que fuera expresamente desconocido por la parte demandada. Ninguna prueba se produjo a los fines de demostrar el hecho causante de las dolencias detalladas en la demanda.
III.2.b. En la especie, si bien la recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia, por cuanto las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019 y L. 122.498, cit.).
III.2.c. Tampoco se hace cargo de desvirtuar los argumentos definitorios sobre los cuales el tribunal de grado -a la luz de las diferentes pruebas colectadas- estructuró su decisión, esto es, que más allá de la existencia de denuncia del accidente, el mismo no fue reconocido por la demandada, por lo que el actor no probó, tal como era su carga, la existencia misma del evento dañoso.
III.2.d. Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportados a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.2.e. En suma, la interesada en su escrito impugnatorio tan sólo se dedica a confrontar el fallo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (art. 279, CPCC; L. 123.930, "Caso", resol. de 3-VIII-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020); razón por la cual, la suerte del remedio procesal deducido queda sellada.
III.3. Finalmente, permaneciendo inalterables las motivaciones esenciales sobre las que se sustenta el pronunciamiento de grado, referidas a la inexistencia del accidente denunciado en autos, pierde virtualidad la crítica que ensaya el compareciente respecto a la aplicación del art. 6 del decreto 717/96.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/04/2021 16:30:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/04/2021 19:23:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 12:48:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2021 18:51:15 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/04/2021 09:04:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia