Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122567
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.567, "Cheppi, Gustavo David contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Genoud , Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 210/221 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-X-2018), el que, denegado por el a quo (v. fs. 228 y vta.), fue concedido en esta sede casatoria (v. fs. 260/261 y vta.), previa deducción de la queja respectiva (art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia extraordinaria, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Gustavo David Cheppi y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de diferencias adeudadas en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Para así decidir, en el veredicto, juzgó acreditado que el actor, prestando tareas como Subcomisario de la Comisaría de Bahía Blanca, sufrió un accidente de trabajo el día 28 de enero de 2014 que le provocó una incapacidad del 18,25% del índice de la total obrera (v. fs. 210/211).
También tuvo por demostrado que percibió la suma de $163.743,33, y que el valor mensual del ingreso base que estableció la accionada para determinar la cuantía de la prestación dineraria referida ascendió a $17.824,01 (v. fs. 211 vta.).
Ya en la sentencia -con sustento en el art. 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina legal de este Tribunal- el a quo declaró que el rubro "horas CORES" integra el salario y, en consecuencia, debe ser incluido en la base de cálculo de la reparación sistémica (v. fs. 214/216 vta.).
Luego, tras verificar la diferencia existente entre el ingreso base mensual liquidado conforme la literalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo -en cuanto alude a las remuneraciones devengadas en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante- y el que efectivamente cobró Cheppi en la fecha de pago de la prestación, el sentenciante juzgó que esta evolución salarial genera "una indudable distorsión en el modo de calcular la pérdida de capacidad de ganancia que en este caso es mayor al veinte por ciento, lo que justifica plenamente el reproche constitucional pretendido por la parte actora, por violentar lo normado en los arts. 14 bis y 75 inc. 22 de la CN; 7 inc. b y 9 del PIDESC y art. 31 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales" (fs. 217).
A partir de esta conclusión señaló que, tal como propuso la accionante, el valor por dicho concepto no puede ser otro que la suma total de las remuneraciones que la misma percibiera en el mes de junio de 2014 ($24.469,98; v. fs. 217 vta. y 218).
II. Contra este último aspecto del pronunciamiento, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 7 y 10 de la ley 23.928; 4 de la ley 25.561; 12 y 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia porque el tribunal de grado, para calcular el valor mensual del ingreso base del actor, consideró el correspondiente al momento en que le fue abonada la prestación dineraria en sede administrativa.
Explica que el art. 12 de la ley 24.557 alude -sin ambages- a las doce remuneraciones anteriores a la primera manifestación invalidante.
Señala que el juzgador solamente tuvo en cuenta el transcurso del tiempo entre la fecha de la denuncia y la de pago, sin meritar que, durante ese periodo, se otorgaron prestaciones en especie.
Sostiene que la descalificación constitucional de una norma legal no puede estribar en una mera conveniencia económica y no estar sustentada en argumentos contundentes.
Añade que la decisión cuestionada infringe, además, lo dispuesto por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, en la medida que el objetivo evidente del a quo fue el de mantener el poder adquisitivo de la moneda.
III. El recurso no prospera.
Sin dejar de destacar que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -art. 1, ley 14.141, B.O. de 15-VIII-2010-), lo cierto es que el presente recurso debe rechazarse toda vez que en él se plantean agravios desestimados por este Tribunal en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 119.097, "Mirco", sent. de 26-X-2016; L. 118.453, "Dardengo", sent. de 18-XI-2016; L. 118.403, "Bruch", sent. de 21-VI-2017; L. 119.692, "Escobar", sent. de 27-XII-2017 y L. 121.008, "Nuñez", sent. de 21-X-2020; e.o.). En consecuencia, ha de permanecer incólume el pronunciamiento del tribunal de grado.
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/05/2021 19:57:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/05/2021 12:42:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/05/2021 10:30:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 11:55:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/05/2021 12:38:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia