Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125480
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se deja sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia anterior. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, proceda de conformidad con lo indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión debatida (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.480, "Gamero, Graciela Margarita contra Dirección General de Cultura y Educación. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida, con costas a la parte actora (v. fs. 233/237).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4 de febrero de 2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo rechazó en todas sus partes la demanda incoada e impuso las costas a la actora vencida (v. fs. 236 vta. y 237).
II. La Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación, errónea y absurda aplicación de la Ac. 1.870/79; decreto ley 8.904/77; arts. 1 del decreto ley 2.125/62; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; y violación de los arts. 1.627 y concordantes del Código Civil; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución provincial; 17 y 18 de la Constitución nacional y de la doctrina emergente de las causas Ac. 49.172, "Guzmán de Altamirano" (sent. de 12-IV-1994); Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001); C. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007); C. 88.619, "Silva" (sent. de 18-XI-2009) y L. 75.889, "Poma Cerrunda" (sent. de 25-XI-2009); entre otras.
Controvierte que el juzgador hubiera tomado el monto de la demanda como base para el cálculo de los honorarios del perito médico, puesto que de haber considerado el monto por el que razonablemente hubiera prosperado la acción, los estipendios no serían tan gravosos.
Señala que, si bien dichos honorarios estarían en principio a cargo de la actora, eventualmente -y como ha ocurrido en otros casos- podrían ser reclamados a su poderdante. Agrega que resulta intolerable admitir que a la demandada le hubiera convenido más perder el pleito que ganarlo.
III. El recurso ha de prosperar.
III.1. Inicialmente, debo de resaltar que -en la especie- el valor de lo cuestionado -representado, atento a lo argumentado en la impugnación, por la divergencia entre los honorarios regulados por el a quo al perito interviniente y el que habría de obtenerse por aplicación de la doctrina legal cuyo quebrantamiento se denuncia en el recurso- no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 106.723, "Gómez", sent. de 13-VI-2012; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e.o.).
III.2. Conforme los lineamientos antes enunciados, y en vista a lo resuelto por este Tribunal en las causas L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016); L. 118.632, "Díaz" (sent. de 2-XI-2016) y L. 122.752, "Bravo" (sent. de 4-VIII-2020), sustancialmente análogas a la presente, considero que se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte.
En efecto, si bien es cierto a la luz de lo normado por el art. 23 del decreto ley 8.904/77, en principio, en aquellos supuestos en que se ha rechazado la demanda en su integridad, la regulación de honorarios de los profesionales ha de tomar como monto del juicio la suma reclamada al promoverse la acción, no lo es menos que esta Corte en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), entre otras, ha expuesto que resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal de la citada norma, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida (v. fs. 233/237), la responsabilidad al pago por los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la recurrente.
De allí que, en la situación descripta, para efectuar las regulaciones, hay que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción, aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será en definitiva la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De esa manera, para evitar una determinación desmesurada -y, por ende, irrazonable- (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes (cualquiera sea su especialidad) deben fijarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido al actor de haber prosperado su reclamo (causa C. 88.619, "Silva", sent. de 18-XI-2009).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que en la antes citada causa Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007), esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad a la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; 13, ley 24.432).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. Los autos deberán volver al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido al actor. Cumplido con ello, el a quo procederá a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios del profesional cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Dada la naturaleza de la cuestión debatida, propicio que las costas de esta instancia sean soportadas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se deja sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia anterior. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, proceda de conformidad con lo indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término.
Las costas se imponen por su orden, atento la naturaleza de la cuestión debatida (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:39:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:55:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:01 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:46:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia