Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124826
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.826, "Mazzieri, Elsa Antonia contra Dirección General de Cultura y Educación y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Kogan, Pettigiani, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 169/178 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 180/203).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda que la señora Elsa Antonia Mazzieri promovió contra la Provincia de Buenos Aires, y condenó a esta última a abonar las sumas que determinó por la reparación tarifada prevista por la ley 24.557. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba el pago de la indemnización integral de daños y perjuicios sustentada en las normas del derecho común.
Con sustento en el peritaje médico, tuvo por acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 25 de junio de 2012, la actora padece secuela posquirúrgica de hombro derecho con disminución de la movilidad activa y pasiva; así como también la ruptura parcial del diente incisivo superior izquierdo, que le provoca una incapacidad -sumados los factores de ponderación- del 20,23% del índice de la total obrera (v. fs. 170 vta. in fine ).
Detalló los trámites administrativos habidos, manifestando que, por divergencias acerca de las prestaciones (la empleadora autoasegurada había otorgado el alta sin incapacidad el 12 de marzo de 2013), se había generado el expediente administrativo 07C-L-00462/13, en el que la Comisión Médica n° 7 C de la ciudad de Rosario calificó (en fecha 5 de junio de 2013) a la contingencia como accidente de trabajo y estimó que no se habían agotado las instancias médico asistenciales y de rehabilitación correspondientes, la vez que indicó la realización de un tratamiento adecuado y suficiente por especialistas en ortopedia, traumatología, fisiatría y odontología (v. fs. 170).
Estableció que, por desacuerdos en la determinación de la incapacidad laboral temporaria, se había dado inicio al expediente 07B-L-01654/14, en el que la Comisión Médica n° 7 B de la ciudad de Rosario dio cuenta del tratamiento efectuado ("Rx RMN. Cirugía. IC. FKT"), del alta médica de fecha 9 de abril de 2014 y, tras el examen clínico de la trabajadora, fijó una incapacidad por limitación funcional del hombro derecho del 13,44%, que se elevó al 18,13% con la consideración de los factores de ponderación del baremo de la ley 24.557 (v. fs. 170 in fine y vta.).
Explicó el a quo que se liquidaron prestaciones por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva en favor de la reclamante en fecha 21 de enero de 2015, por un monto de $37.982,54, que fue percibido (v. fs. cit.).
Luego, halló configurada la existencia de nexo causal entre el siniestro y la minusvalía, aunque juzgó no probado que el tratamiento médico prestado o el tiempo que insumió brindarlo, hubieran agravado la patología o disminuido las posibilidades de recuperación. En ese sentido, señaló que no existían en autos elementos de juicio avales de esa postura, ya que en la pericia médica -la pertinente a estos efectos- nada se había dicho al respecto, limitándose el galeno a indicar que no le correspondía opinar sobre dicho tratamiento (v. fs. 123). Destacó que esa afirmación no resultó cuestionada ni se produjo prueba alguna destinada a sostenerla (v. fs. 171).
Continuó el juzgador manifestando que, en lo relativo a la incapacidad indemnizable, de los autos caratulados "Mazzieri, Elsa Antonia c/ Dirección General de Cultura y Educación y otro/a.- Enfermedad profesional" (n° 14.073), de trámite por ante ese mismo órgano jurisdiccional, surgía que la actora había sido indemnizada en dos oportunidades por minusvalías del 1,5% y del 24,57% (conforme veredicto y sentencia dictados en fecha 19-IV-2019), por lo que la capacidad residual de la misma alcanzaba al 74,30%, debiendo calcularse sobre ella la verificada en autos, de modo que la aquí indemnizable ascendía al 15,03% (v. fs. 172, 175 vta. in fine y 176).
Tomando la fecha de la primera manifestación invalidante (25 de junio de 2012), la edad de trabajadora al momento del infortunio (cincuenta y cuatro años), el ingreso base mensual ($3.787) y la incapacidad resarcible (15,03%), el sentenciante cuantificó la prestación dineraria en $36.312, suma ésta por la que entendió que prosperaba la demanda (v. fs. 176).
Agregó que no correspondía la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE; conforme lo solicitado en la demanda) porque la ley 26.773 no se encontraba vigente al momento de la primera manifestación invalidante y señaló que las disposiciones en ella contenidas, atinentes a las prestaciones en dinero y en especie, sólo se aplican a las contingencias acaecidas a partir de su publicación en el Boletín Oficial (ocurrida el 26 de octubre de 2012), de conformidad con el art. 17 apartado 5 -norma no cuestionada en autos- y doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de la causa L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (v. fs. cit.).
Por último, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557, por cuanto la actora en su escrito liminar solo formuló consideraciones generales sobre el modo de cobrar y abonar de las aseguradoras de riesgos del trabajo y del carácter justo que deben tener las indemnizaciones, solicitando el pago de un resarcimiento distinto al tarifado -que consideró insuficiente-, no invocando ni ofrecido probar el perjuicio concreto que se le causaba, ni que el resultado de la fórmula prevista desnaturalice la reparación o consagre una inequidad. Por el contrario, destacó que en la demanda cuantificó el monto de lo reclamado según los parámetros allí establecidos (v. fs. 177 in fine y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y violación de los arts. 11, 12 y 14 de la ley 24.557; 7, 8 y 9 de la ley 23.928, modificados por la ley 25.561; 384 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 inc. "d" de la ley 11.653.
II.1. En primer término, se agravia de la decisión de grado que tuvo por no configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetiva de la empleadora autoasegurada.
Argumenta que con la prueba agregada se encuentra acreditado que el tratamiento médico recibido luego de sufrir el accidente de trabajo que le provocó una minusvalía física, fue absolutamente inadecuado por tardío, lo que agravó su estado de salud al permanecer por más de un año sin ser intervenida quirúrgicamente.
Señala que surge inequívoco -de las constancias obrantes en autos y expedientes administrativos tramitados por ante las Comisiones Médicas cuya absurda valoración denuncia- que el infortunio ocurrió el día 25 de junio de 2012 y que la empleadora practicó la intervención quirúrgica necesaria por "ruptura completa del tendón supraespinoso, con retracción de las fibras" el día 21 de noviembre de 2013.
Afirma que luce evidente que el tiempo transcurrido tornó grave y anormal al tratamiento médico recibido, por lo que su consideración escapa al ámbito de la experticia médica y debe regirse por las reglas del sentido común, sin que los jueces de grado requieran de la opinión de un galeno para arribar a una conclusión como la pretendida.
II.2. En subsidio, objeta que el tribunal no hubiera aplicado ningún mecanismo de actualización monetaria a la hora de cuantificar las prestaciones dinerarias de la ley especial.
Sostiene que en la demanda se solicitó que la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y que el juzgador, sin analizar el gravísimo perjuicio que implica la aplicación literal de la norma, rechazó dicho planteo basándose en doctrina de la Suprema Corte y, erróneamente, en jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional.
Objeta que el a quo no realizó una valoración adecuada del daño, desde que el mecanismo de cálculo utilizado pulveriza el derecho de la trabajadora a una justa reparación. Añade que, al aplicar una fórmula matemática, el sentenciante se desentendió del resultado final y de la incidencia en la pérdida de ganancia futura (lucro cesante).
Indica que en la hipótesis de haberse considerado al ingreso base mensual como una "deuda de valor" y aplicarse un salario actualizado, el tribunal hubiera arribado a un resultado monetario más equitativo.
Argumenta que la Ley de Riesgos del Trabajo, como cualquier otra norma que reglamenta el derecho a la integridad psicofísica del trabajador, merece un análisis enmarcado en la razonabilidad y debe ser descalificada cuando no resguarda adecuadamente las garantías constitucionales en juego.
Aduce que el sistema indemnizatorio previsto en esa ley provoca un enriquecimiento ilícito a favor de las aseguradoras de riegos del trabajo, quienes cobran sus alícuotas en moneda actualizada y pagan las indemnizaciones en moneda depreciada, provocándose así un desvío de fondos de los más débiles hacia los más fuertes que contradice los principios del derecho laboral.
Expresa que en autos se ha configurado una situación de discriminación, ya que la actora transitó un largo proceso judicial para obtener un resarcimiento económico que tilda de irrisorio, recibiendo un trato desigual con relación a quienes sin plantear un litigio en los estrados judiciales consiguen una reparación proporcionada con reales ingresos.
Insiste en sostener que se rechaza el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 11 y 12 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561) en forma totalmente dogmática y sin brindar explicación alguna.
Describe diferentes realidades socioeconómicas que condujeron al dictado de las leyes que prohíben la indexación de las obligaciones, mencionando fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -según dice- abonan su postura de reajustar las sumas reclamadas, reeditando además el planteo de inconstitucionalidad de dicha normativa. Peticiona que en el caso se disponga la actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor de créditos reclamados desde su exigibilidad hasta el día del efectivo pago.
Finalmente, insiste en denunciar que el tribunal transgredió el art. 12 de la citada ley 24.557, dado que -insiste- no interpretó dicho precepto en consonancia con los principios del derecho del trabajo.
Indica que para determinar el valor mensual del ingreso base debieron considerarse salarios reajustados, ya que toda indemnización supone la ponderación del valor actual respecto del desmedro patrimonial sufrido con la finalidad de no frustrar la reparación.
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que concierne al primer agravio, corresponde recordar que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso y establecer si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios, constituye una potestad privativa de los jueces de mérito, salvo absurdo que debe ser demostrado por el recurrente (causas L. 113.326, "Marchetti", sent. de 6-XI-2012; L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; L. 119.392, "López", sent. de 27-VI-2018; e.o.).
III.1.a. La crítica basada en la propia visión del interesado acerca de la interpretación que debió efectuar el a quo sobre lo que fue materia de controversia, resulta insuficiente para modificar la decisión.
De la postulación se avizora que el ataque a los fundamentos del pronunciamiento no resulta eficaz, desde que el compareciente se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el tribunal de la instancia ordinaria a su particular apreciación sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un argumento discrepante, o la crítica basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal (causas L. 111.502, "Arrieta", sent. de 15-VII-2015; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016; L. 118.939, "Alcoba", sent. de 2-XI-2016; e.o.) distan, en mucho, de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo.
Reiterando la tesitura de la demanda e invocando la ineficacia del peritaje médico como medio probatorio idóneo para acreditar el efectivo retardo en la práctica de la intervención quirúrgica a la actora y de su incidencia en el agraviamiento de la incapacidad, el recurrente afirma que la consideración de dicha circunstancia escapa al ámbito de la experticia para entrar en el del "sentido común", ya que no necesitaba el sentenciante de la opinión de un galeno para tener por demostrado el incumplimiento en que incurriera la demandada (v. rec., fs. 184 vta.).
Tales alegaciones, reitero, relativas a la valoración de los jueces de grado respecto de las constancias probatorias obrantes en el expediente, no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva, pretendiendo descalificar la labor axiológica por ellos realizada, sin otro aporte que el de exhibir una versión diferenciada respecto de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas, lo cual configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 119.545, "Ciccioli", sent. de 28-VI-2017; L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018; L. 120.522, "Alegre", sent. de 7-VIII-2019; e.o.).
Además, y aunque la solución adoptada pueda resultar opinable o discutible, lo expuesto por el interesado no alcanza para evidenciar tal vicio, desde que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento, sino que es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 119.380, "Servian", sent. de 8-XI-2017; L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019; L. 120.443, "Mascotena", sent. de 6-XI-2019; e.o.), circunstancias que -como se dijo- no demuestra el compareciente.
III.2. Por otra parte, las argumentaciones expuestas en el recurso en torno a la presunta errónea interpretación y aplicación por parte del juzgador del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo tampoco pueden tener favorable recepción.
III.2.a. El tribunal interviniente condenó a la empleadora autoasegurada al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por la incapacidad de la actora.
Para arribar a esa definición y estimar el importe del resarcimiento, manifestó que la trabajadora no explicó ni ofreció prueba idónea tendiente a demostrar el perjuicio concreto derivado de la aplicación del art. 12 de la ley 24.557, ni que el resultado de la fórmula legal desnaturalizara la reparación o importara la consagración de inequidad. Puntualizó que, en el tramo de la demanda en que se detuvo a desarrollar la invalidez constitucional de dicha norma, así como de la otra disposición citada supra , realizó argumentaciones genéricas, desprovistas del contenido descripto.
Seguidamente, remarcó que a la hora de cuantificar el reclamo en el escrito liminar (v. fs. 52/53) citó los preceptos impugnados y practicó la liquidación según la fórmula legal (v. fs. 177 in fine y vta.).
III.2.b. La ineficacia de este agravio se exhibe nítida pues, conforme reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte, para que el escrito mediante el cual se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulan deben referirse, directa y concretamente, a los conceptos que estructuran la sentencia (causas L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016; L. 115.497, "Palomo", sent. de 5-VII-2017; L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
En el caso, el agraviado pretende rediseñar en casación un nuevo enfoque, introduciendo alegaciones -fruto de una reflexión tardía- que nunca fueron puestas a consideración del sentenciante, y que por ello no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
La crítica traída -vinculada a la necesidad de recurrir a valores actuales al momento de utilizar la fórmula legalmente- contrasta con los argumentos que fueron llevados a consideración del tribunal de grado y que éste desestimó -como señalé- por considerarlos genéricos.
Así las cosas, nuevamente, sin que lo dicho implique abrir juicio sobre el acierto sustancial de la decisión, queda en evidencia que el planteo del remedio en tratamiento luce extraviado del esquema argumentativo que porta el pronunciamiento de origen.
III.3. Tampoco prospera la crítica orientada a descalificar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561.
Sin perjuicio de cualquier consideración que pudiera formularse, lo resuelto por el tribunal de grado guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Suprema Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, modificada por ley 25.561, en cuanto prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 88.616, "Ibañez", sent. de 5-VI-2013; L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; L. 117.079, "Cuevas", sent. de 15-II-2017; L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018; e.o.), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Torres en el punto III.1. de su voto.
I.2. También concuerdo con la propuesta formulada por mi colega en el punto III.2. de su opinión.
En efecto, más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse, la insuficiencia técnica que exhibe el recurso define su rechazo.
I.3. Finalmente, suscribo -asimismo- la opinión plasmada en el punto III.3. del voto inaugural.
II. En consecuencia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:39:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 09:32:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 12:16:44 - DI TOMMASO Analia
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.