Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124776
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se deja sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia anterior. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, proceda de conformidad con lo indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, dada la naturaleza de la cuestión debatida (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.776, "Palacio, Juan Carlos contra Rodrigo, Leonardo y otro/a. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón rechazó la demanda promovida e impuso las costas en el orden causado (v. fs. 403/405 vta.).
Se interpuso, por la codemandada Federación Patronal Seguros S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 30 de abril de 2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo rechazó en todas sus partes la demanda promovida contra Leonardo Rodrigo y Federación Patronal Seguros S.A., e impuso las costas en el orden causado, si bien a la actora con el beneficio de gratuidad conforme lo previsto en los arts. 19 y 22 de la ley 11.653 (v. fs. 403/405 vta.).
Luego, el a quo , a partir de la liquidación realizada por el actuario a fs. 407 conforme el capital reclamado en la demanda (v. fs. 19), practicó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes, fijando los estipendios de los peritos contador, médico y psicólogo en la suma de $20.900 para cada uno, tomando como base regulatoria la suma de $520.371,99 (v. fs. 408 y vta.), importe resultante del capital pretendido con más el interés por aplicación de la tasa pasiva "digital" del Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 407).
II. La coaccionada Federación Patronal Seguros S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la vulneración de las garantías constitucionales de propiedad y defensa en juicio (arts. 17 y 18, Const. nac.), y violación de los arts. 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1 de la ley 24.432.
II.1. En primer lugar, señala que el tribunal de grado vulneró la doctrina legal que esta Corte estableció en la causa Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2000). Controvierte que el juzgador hubiera tomado el monto de la demanda como base para el cálculo de los honorarios de los peritos actuantes. Sostiene, en cambio, que dicha plataforma regulatoria debió ser reducida al monto por el que razonablemente hubiera prosperado la acción.
Advierte que, de mantenerse lo resuelto en la sentencia criticada, su parte asumiría -en relación a las costas- un importe más elevado al que le hubiese correspondido en caso de una sentencia en su contra.
II.2. Por otro lado, denuncia que el órgano de grado vulneró los arts. 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1 de la ley 24.432.
En este orden, afirma que los honorarios de los profesionales intervinientes fijados en el fallo de origen, resultan exorbitantes con relación al monto de condena, sin que el sentenciante haya procedido a efectuar el prorrateo pertinente, de conformidad con la limitación porcentual establecida en la normativa citada precedentemente.
Considera que la decisión de grado quebranta la doctrina legal sentada en los precedentes L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 92.960, "G., M. d. C." (sent. de 11-V-2011); L. 89.569, "Farías" (sent. de 15-VI-2011); entre otras.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Inicialmente, debo de resaltar que -en la especie- el valor de lo cuestionado -representado, atento a lo argumentado en la impugnación, por la diferencia entre los honorarios regulados por el a quo a los profesionales intervinientes y el que habría de obtenerse por aplicación de la doctrina legal cuyo quebrantamiento se denuncia en el recurso- no supera el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado transgrede la misma en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 106.723, "Gómez", sent. de 13-VI-2012; L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; e.o.).
III.2. Conforme los lineamientos antes enunciados, y en vista a lo resuelto por este Tribunal en la causa citada por el compareciente, sustancialmente análoga a la presente, considero vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte.
En efecto, si bien es cierto a la luz de lo normado por el art. 23 del decreto ley 8.904/77, en principio, en aquellos supuestos en que se ha rechazado la demanda en su integridad, la regulación de honorarios de los profesionales ha de tomar como monto del juicio la suma reclamada al promoverse la acción, no lo es menos que esta Corte en la causa Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001), ha expuesto que resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal de la citada norma, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada. Cabe señalar que dicha doctrina legal ha sido reiterada en las causas L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016); L. 119.156, "Corti" (sent. de 14-XII-2016) y L. 122.752, "Bravo" (sent. de 4-VIII-2020), entre otras.
De allí que, en la situación descripta, para efectuar las regulaciones, hay que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción, aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquella será en definitiva la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria, conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De esa manera, para evitar una determinación desmesurada y, por ende, irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes (cualquiera sea su especialidad) deben fijarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido al actor de haber prosperado su reclamo (causa C. 88.619, "Silva", sent. de 18-XI-2009).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que en la causa Ac. 86.346, "Calleri" (sent. de 26-IX-2007), esta Corte señaló que, cuando la determinación de los honorarios de conformidad a la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ.; 13, ley 24.432).
III.3. En atención a la propuesta contenida en el punto anterior, pierde virtualidad el tratamiento de la denuncia de violación de la doctrina legal emergente de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002), efectuada por la parte demandada en su recurso.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Los autos deberán volver al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido al actor. Cumplido con ello, el a quo procederá a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria.
Dada la naturaleza de la cuestión debatida, propicio que las costas de esta instancia sean soportadas por su orden (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Pettigiani. En cuanto a la crítica referida a la base regulatoria empleada por el tribunal de grado, lo hago, en tanto los fundamentos que expone el ponente se condicen con la opinión que brindé -entre otras- en la causa L. 119.147, "Wilczynski" (sent. de 10-VIII-2016), a la que por celeridad remito.
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, se deja sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia anterior. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con nueva integración, proceda de conformidad con lo indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, dada la naturaleza de la cuestión debatida (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:35:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:40:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 21:06:09 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 09:32:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 12:16:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia