Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126423
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, en lo que aquí interesa destacar, hizo lugar a la excepción de prescripción opuesta por la accionada y -en consecuencia- rechazó la demanda interpuesta por María Cristina Saavedra contra Provincia ART S.A. mediante la que reclamaba las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 416/427).
Para así decidir, juzgó que la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad coincidía con la del accidente denunciado -que ocurrió el 18 de abril de 2008- y que, al 30 de octubre de 2013, fecha de interposición de la demanda, se encontraba holgadamente vencido el plazo de dos años que fija el art. 44 de la ley 24.577.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-IV-2020), concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla la norma del artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. electrónica de fecha 28-IV-2020).
El impugnante objeta las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio, planteando la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, así como la existencia de cuestión federal.
En lo esencial, con denuncia de absurdo y de vulneración de las normas y la doctrina que cita, cuestiona la fecha que fijó el tribunal para computar el inicio de la prescripción.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Nuñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregu", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. Sentado ello, y respecto del planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 116.461, "Arriola Camacho", sent. de 31-VII-2013; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.765, "Trescher", resol. de 23-IX-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 117.612 "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 118.542 "Holzman", resol. de 10-XII-2014 y L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020).
III.3. Por otro lado, el tenor del planteo ensayado por el interesado tampoco permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 118.818, "Concha", resol. 28-X-2015 y L. 124.122, "Barrionuevo", resol. de 16-VI-2020, e.o.).
III.4. Bajo las señaladas premisas, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado y vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas, tales como la determinación de la toma de conocimiento de la trabajadora de su incapacidad laborativa y la del comienzo del curso de la prescripción (causas L. 90.713, "Brandt", sent. de 31-X-2007; L. 97.242, "Mesías", sent. de 9-XII-2009; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 121.110, "Mentasti", resol. de 30-V-2018 y L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020), y el supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al valorar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 122.893, "Ruiz", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Asimismo, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores o de los pronunciamientos de la Corte nacional (causas L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L.117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Para más, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 108.361, "Errecalde", sent. de 5-IX-2012; L. 121.472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021); así como tampoco resulta útil la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.469, "Álvarez", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/05/2021 17:31:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/05/2021 19:43:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2021 23:39:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 10:57:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/05/2021 16:08:27 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2021 08:41:03 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia