Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124726
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.726, "Almada, Ramona Gloria contra Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Genoud, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 280/294 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2 de septiembre de 2019; v. copia, fs. 302/309 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora presidenta del tribunal de trabajo interviniente hizo lugar al reclamo articulado por el representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia (dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia), e intimó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma correspondiente a los honorarios del médico oficial Miguel Ángel Sirna y la psicóloga Gabriela Lía Roitstein, por su trabajo profesional efectuado en la causa, en su carácter de peritos oficiales dependientes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. proveído electrónico de fecha 5 de julio de 2019).
Frente a ello, la Fiscalía de Estado formuló oposición (v. escrito electrónico de fecha 17 de julio de 2019), la que posteriormente fue desestimada por el tribunal en pleno (v. fs. 300/301 vta.).
Para resolver de ese modo, sostuvo que los estipendios judiciales regulados a los señores peritos oficiales de la Asesoría Pericial dependiente del Poder Judicial de la Provincia resultan ajenos a lo establecido en el decreto 2.125/62, el que -adujo- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y de los casos en que estos lo hacen en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que pueda establecerse o regularse honorarios a su favor.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.) regula el funcionamiento de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones y el devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Estado provincial debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Consideró que el Fisco provincial y los señores peritos oficiales -que prestan servicios en el ámbito del Poder Judicial- pertenecen a distintos poderes del Estado, con autonomía financiera y funcional (conf. arts. 5 y 6, Acuerdo 1870/79 y modif.), resultando inaplicable respecto de dichos agentes la prohibición del art. 1 del decreto ley 2.125/62, invocada por la parte demandada.
Por todo ello, concluyó que la Provincia de Buenos Aires debe cancelar los honorarios por la actuación de los señores peritos de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 1, 17 y 18 de la Constitución nacional; 1, 10, 11, 15, 57, 103 inc. 2, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 724, 862 y 1.627 y concordantes del Código Civil velezano; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376 y 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 5 y 6 del Acuerdo 1870/79; del decreto ley 8.904; de las leyes 5.827 y 13.767 y la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 2 de septiembre de 2019; v. copia, fs. 302/309 vta.).
En sustancia, denuncia la transgresión de la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 5, escrito recursivo).
En tal sentido, manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los señores peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y, que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de este, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentran -afirma- imposibilitados de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo 1870/79 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los señores peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Fisco, a quien, en definitiva, pertenece el perito de dicho organismo y a cuyo patrimonio (el del Estado) va destinado el emolumento, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad, este aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, es siempre el mismo (v. págs. 6/7, escrito recursivo). Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724, Cód. Civ.)- al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Denuncia, asimismo, el quebrantamiento de la ley de administración financiera 13.767, cuestión a la que atribuye el carácter de "constitucional".
En ese orden, argumenta que remunerar doblemente el trabajo de un agente estatal importa disponer de gastos arrogándose una función que pertenece al Poder Ejecutivo, y usurpa la iniciativa presupuestaria en materia de nuevos gastos. De ese modo -prosigue- no solo viola el principio de división de poderes propio del sistema republicano de gobierno (arts. 1, Const. nac. y 1, Const. prov.), sino también aquel -igualmente de raigambre constitucional- que establece que no hay gasto válido sin ley de presupuesto (art. 103 inc. 2, Const. prov.).
Por otro lado, alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios. Sostiene que de ese objetivo tuvo pleno conocimiento el profesional al momento de aceptar el cargo, por lo que en esa ocasión la Asesoría Pericial debió oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios. Ello hubiese permitido a su parte evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. De este modo, explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no pueden oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con dicho acto de aceptación (v. pág. 13 y vta.).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, corresponde poner de resalto que esta Corte reiteradamente expresó que las vías extraordinarias solo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017). Sin embargo, en el caso, la decisión del tribunal de grado, en cuanto desestimó la oposición formulada por la Fiscalía de Estado resolviendo el tópico desarrollado en torno a la obligación de pago de los honorarios regulados a los señores peritos oficiales -aspecto que se cuestiona en la impugnación-, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009; L. 122.307, "Presta", resol. de 26-VI-2019; e.o.).
III.2. Sentado ello, se observa que el valor del litigio -representado por los estipendios estimados a los señores peritos oficiales en razón de la actividad profesional desarrollada en el presente- no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solamente puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; e.o.).
Cabe agregar a lo dicho, a propósito de lo argumentado por el interesado a fs. 302 vta. y 303, que no se encuentra en debate una cuestión que deba calificarse como de gravedad y trascendencia institucional susceptible de justificar la apertura de la instancia extraordinaria con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, toda vez que no se evidencia que la solución dada al conflicto exceda el interés de las partes para afectar de modo directo al de la comunidad.
III.3. Bajo esa directriz, y del mismo modo que hube de expresarlo al emitir mi voto en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020), -que con ciertos matices diferenciales guarda sustancial analogía con la presente- la doctrina legal cuya transgresión se denuncia en la impugnación bajo estudio no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
III.3.a. En efecto, y sin perjuicio de tratarse de una causa de naturaleza contencioso administrativa, en la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013), el núcleo central de la cuestión fue la revisión de una resolución dictada el día 24 de agosto de 2011 por este Superior Tribunal. Si bien en aquella oportunidad se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al señor perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba, el fundamento de la decisión encontró sustento en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto de la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial y, también, se tuvo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, en los cuales -en el ámbito de un proceso laboral- la propia demandada, si bien se opuso a la designación de los peritos contador y psicólogo, solicitó a todo evento que dicha prueba "...sea producida mediante la Oficina Pericial de Tribunales" (fs. 86) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a la accionada en su calidad de vencida (v. sent., fs. 294), ordenando que el Fisco provincial abone los honorarios regulados a los señores peritos oficiales.
En tales condiciones, y más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído a esta sede casatoria no puede ser atendido, dada -como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.3.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no es admisible.
Surge de las actuaciones que el día 13 de agosto de 2018, el tribunal de origen dictó sentencia en la que hizo lugar a la demanda instaurada con imposición de costas a la Provincia de Buenos Aires por su condición de vencida. En igual fecha reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los señores peritos de la Asesoría Pericial.
Ambas decisiones fueron notificadas al Fisco mediante cédula del día 17 de agosto del mismo año.
Considero que el agravio ahora traído por la aquí recurrente, en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de los señores expertos oficiales, debió ser articulado en aquella oportunidad.
Y aunque ello baste para desestimar la impugnación traída, las enunciadas circunstancias exponen -además- la falta de identidad de los presupuestos que habilitarían la revisión del pronunciamiento por conducto de la excepcional hipótesis prevista en el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653.
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:03:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:12:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 16:47:22 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 13:29:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 15:04:08 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia