Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124728
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.728, "Funes, Norma Noemí contra Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 318/329 y aclaratoria de fs. 340/341).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28 de agosto de 2019; v. copia, fs. 393/399).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Presidente del tribunal de trabajo interviniente hizo lugar al reclamo articulado por el representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia (dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia), e intimó a la Provincia de Buenos Aires a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma correspondiente a los honorarios del médico laboralista Miguel Ángel Sirna y el contador Roberto O. Gentil, por su trabajo profesional en la causa como peritos oficiales dependientes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. fs. 389).
Frente a ello, la Fiscalía de Estado formuló oposición (v. escrito electrónico de fecha 5 de julio de 2018), la que posteriormente fue desestimada por el tribunal en pleno (v. fs. 391/392 vta.).
Sostuvo que los honorarios judiciales regulados a peritos oficiales de la Asesoría Pericial dependiente del Poder Judicial de la Provincia resultan ser una cuestión ajena a lo establecido en el decreto 2.125/62, el que -juzgó- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y de aquellos casos en que estos actúan en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que puedan establecerse o regularse honorarios a su favor.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.) regula la organización de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones, devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Consideró que el Fisco provincial y los peritos oficiales -que prestan servicios en el ámbito del Poder Judicial- pertenecen a distintos poderes del Estado, con autonomía financiera y funcional (conf. arts. 5 y 6 del Acuerdo 1.870/79 y modif.), resultando inaplicable respecto de dichos agentes la prohibición del art. 1 del decreto ley 2.125/62, invocada por la parte demandada.
Concluyó que la Provincia de Buenos Aires debe hacerse cargo de cancelar los honorarios por la actuación de los peritos de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.627 y concordantes del Código Civil; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 5 y 6 del Acuerdo 1.870/79; el decreto ley 8.904; la ley 5.827 y la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 28 de agosto de 2019; v. copia, fs. 393/399).
Alega quebrantada la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 5 del escrito recursivo).
Manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y, que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de este, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentra -afirma- imposibilitado de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 1.870/79 reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Estado, a quien en definitiva, pertenecen los peritos de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) van destinados los emolumentos, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, este es siempre el mismo (v. págs. 6/7 del escrito recursivo).
Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724, Cód. Civ.)-, al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Por otro lado, alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios, de lo cual tuvieron pleno conocimiento los auxiliares al aceptar el cargo. Postula que debió en ese momento la Asesoría Pericial oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios, lo que hubiese permitido a la Fiscalía evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. Explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no puede oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con aquella conformidad (v. pág. 10 del escrito recursivo).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, corresponde poner de resalto que, esta Corte reiteradamente expresó que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017). Sin embargo, en el caso, la decisión que desestimó la oposición formulada por la Fiscalía de Estado -resolviendo sobre la obligación de pago de los honorarios regulados a los peritos oficiales-, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009 y L. 122.307, "Presta", resol. de 26-VI-2019; e. o.).
III.2. Sentado ello, habiendo sido concedido el remedio extraordinario en tratamiento en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 400/401 vta., resol. de 9-IX-2019), la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e. o.).
III.3. Desde esa perspectiva, aunque bajo ciertos matices diferentes a los que hube de poner de manifiesto en las causas L. 124.732, "Soto" y L. 124.842, "Vaschetto" (sents. de 12-II-2021), considero que la doctrina legal cuya transgresión se denuncia no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2018 y L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e. o.).
III.3.a. El núcleo central de lo resuelto en el precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013) -de naturaleza contencioso administrativa- fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este superior Tribunal por la que se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba. Se fundamentó la decisión en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria (art. 476, CPCC) y, también, se consideró que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 lo fue en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde -en el ámbito de un proceso laboral- la propia demandada que se opuso a la designación del perito contador, solicitó a todo evento que "Respecto de la prueba ofrecida, toda vez que se encomiende alguna tarea a un perito, deberá solicitarse que sea solventada por profesionales de la Asesoría Pericial de Tribunales..." (fs. 97) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida (v. sent., fs. 328 vta. y resolución -en cuanto a la regulación de honorarios- de fs. 350), ordenando que el Fisco provincial abone los honorarios regulados a los peritos oficiales.
En tales condiciones, y más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído no puede ser atendido, dada -como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.3.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e. o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no es admisible.
Surge de las actuaciones que el 16 de agosto de 2016, el tribunal de origen dictó sentencia en la que hizo lugar a la demanda instaurada con imposición de costas a la Provincia de Buenos Aires por su condición de vencida. En igual fecha reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los peritos de la Asesoría Pericial.
Ambas decisiones fueron notificadas al Fisco mediante cédula del 18 de agosto del mismo año, que impugnó la regulación de honorarios practicada toda vez que -señaló- de la sumatoria de los honorarios de los letrados de la parte actora con sus aportes y los honorarios regulados a los peritos intervinientes con sus correspondientes aportes, junto con la tasa y sobretasa, excedía el tope del 25% establecido por ley. Asimismo, hizo referencia a la exención de pago respecto de la tasa y sobretasa de justicia.
En atención a lo señalado, considero que el agravio ahora traído por la aquí recurrente, en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de los expertos oficiales, debió ser articulado en aquella oportunidad.
Y aunque ello baste para desestimar la impugnación traída, las enunciadas circunstancias exponen -además- la falta de identidad de los presupuestos que habilitarían la revisión del pronunciamiento por conducto de la excepcional hipótesis prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta de mi colega doctor Torres desde que, aun con ciertos matices propios, el caso bajo análisis presenta similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020), a la que remito.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:03:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:12:28 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 16:47:19 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 13:29:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 15:04:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia