Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122307
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.307, "Presta, Maria Isabel contra Ministerio de Salud. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Genoud, Kogan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 370/378).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8 de octubre de 2018), el que, denegado por el tribunal de origen (v. fs. 444 y vta.), fue concedido por esta Suprema Corte a fs. 496/498, previa deducción de la queja respectiva (v. fs. 483/489 vta.; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente -tras la oposición formulada por la Fiscalía de Estado (v. escrito electrónico de fecha 7 de agosto de 2018) respecto del reclamo articulado por el representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia)-, revocó el pronunciamiento de fs. 416 e intimó al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma equivalente a los honorarios regulados a la contadora y a la médica psiquiatra por el trabajo profesional efectuado en la causa, en su carácter de peritos oficiales dependientes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. fs. 434/436).
Para resolver de ese modo, sostuvo que los honorarios judiciales regulados a peritos oficiales de la Asesoría Pericial, dependiente del Poder Judicial de la Provincia, resulta una cuestión ajena a lo establecido en el decreto 2.125/62 el que -adujo- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y respecto de los casos en que aquellos deben actuar en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que pueda establecerse o regularse honorarios a su favor.
Luego afirmó que la ley 5.827 (y modif.) prevé el funcionamiento de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones, devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Fisco de la Provincia de Buenos Aires debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Finalmente, consideró que el Fisco provincial y los peritos oficiales -que prestan servicios en el ámbito del Poder Judicial- pertenecen a distintos poderes del Estado, con autonomía financiera y funcional (conf. arts. 5 y 6 del Acuerdo 1870/79 y modif.), resultando inaplicable respecto de dichos agentes la prohibición del art. 1 del decreto-ley 2.125/62, invocada por la parte demandada.
Por todo ello, concluyó que la Provincia de Buenos Aires debe hacerse cargo de cancelar los honorarios por la actuación de los peritos de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución de la Nación Argentina; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.627 y concordantes del Código Civil; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 del decreto ley 2.125/62; de la Acordada 1.870/79; del decreto ley 8.904 y la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 8 de octubre de 2018).
En sustancia, alega quebrantada la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 7 del escrito recursivo).
En tal sentido, manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y, que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de éste, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentran -afirma- imposibilitados de cobrarles sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo SCBA 1.870/79 reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Estado, a quien en definitiva, pertenecen los peritos de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) van destinados los emolumentos, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad, éste aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, es siempre el mismo (v. pág. 8 del escrito recursivo).
Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724 del Cód. Civ.)-, al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Por otro lado, alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios. Argumenta que de ese objetivo tuvieron pleno conocimiento los peritos oficiales al momento de aceptar el cargo, por lo que en ese momento la Asesoría Pericial debió oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios. Ello hubiese permitido a su parte evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. De este modo, explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no pueden oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con dicho acto de aceptación (v. pág. 11 del escrito recursivo).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, se observa que habiendo sido concedido el remedio extraordinario en tratamiento en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 496/498, resol. de 26-VI-2019), la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva, aunque bajo ciertos matices diferentes a los que hube de poner de manifiesto en la causa L. 124.732, "Soto" (sent. de 12-II-2021), considero que la doctrina legal cuya transgresión se denuncia en la impugnación en estudio no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2018 y L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
III.2.a. En efecto, y sin perjuicio de tratarse de una causa de naturaleza contenciosa administrativa, en la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013) el núcleo central de la cuestión fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este superior Tribunal. Si bien en aquella oportunidad se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba; el fundamento de la decisión encontró sustento en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial; y teniendo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde -en el ámbito de un proceso laboral- la propia demandada si bien se opuso a la designación de los peritos contador y psicólogo, solicitó a todo evento que "...se de intervención a la Asesoría Pericial de Tribunales y se encomiende la tarea a un perito oficial" (fs. 90 vta.) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida (v. sent., fs. 370), ordenando que el Fisco provincial abone los honorarios regulados a los peritos oficiales.
En tales condiciones, y más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído a esta sede casatoria no puede ser atendido, dada -como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.2.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no es admisible.
Surge de las actuaciones que el 19 de junio de 2017, el tribunal de origen dictó sentencia en la que hizo lugar a la demanda instaurada con imposición de costas a la Provincia de Buenos Aires por su condición de vencida. En igual fecha reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los peritos de la Asesoría Pericial.
Ambas decisiones fueron notificadas mediante cédula librada el 22 de junio del mismo año al Fisco, que impugnó la liquidación practicada toda vez que -señaló- el cálculo de la indemnización se efectuó tomando como base un porcentaje mayor de incapacidad al determinado por el perito.
En atención a lo señalado, considero que el agravio ahora traído por la aquí recurrente, en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de los expertos oficiales, debió ser articulado en aquella oportunidad. Y, aunque ello baste para desestimar la impugnación traída, las enunciadas circunstancias exponen -además- la falta de identidad de los presupuestos que habilitarían la revisión del pronunciamiento por conducto de la excepcional hipótesis prevista en el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta de mi colega doctor Torres desde que, aun con ciertos matices propios, el caso bajo análisis presenta similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020), a la que remito.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:03:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:12:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 16:47:34 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 13:29:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2021 15:03:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia