Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123773
I. Contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada a fs. 91/104 vta., la parte actora interpone recurso extraordinario federal, alegando la vulneración de las garantías previstas por los arts. 1, 5, 14 bis, 17, 18, 28, 31, 75 incs. 12 y 22, 109, 121 y 122 de la Constitución nacional; 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales y 8.1 y 25 inc. 1 del Pacto San José de Costa Rica (v. Resol. de fecha 18-VIII-2020 y presentación electrónica de fecha 18-IX-2020).
II. Ordenado el traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído electrónico de fecha 22-IX-2020), el mismo fue contestado (v. escrito electrónico del 7-X-2020).
III. En su presentación la recurrente intenta descalificar el pronunciamiento de esta Suprema Corte que, con ajuste a lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", sents. de 28-V-2020, en lo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), revocó el fallo de la anterior instancia y determinó la incompetencia en este estado del tribunal de grado para entender en las presentes actuaciones (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Refiere que la sentencia apelada transgrede la garantía constitucional de los trabajadores de acceder en forma irrestricta a sus jueces naturales, obligándolos a iniciar un trámite administrativo previo ante un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, contando con una eventual revisión judicial posterior, parcial y focalizada, por un medio recursivo insuficiente.
Expresa que la implementación de un procedimiento que supla la instancia judicial plena afecta insalvablemente el federalismo sobre el que se basa la organización de gobierno republicano y democrático de la Nación, promoviendo la delegación impracticable de funciones jurisdiccionales propias del poder judicial en órganos de la Administración.
Manifiesta que el Tribunal sentenciante ha dejado de lado su anterior doctrina, implicando ello un cambio de criterio que arbitrariamente permite delegar en el poder administrador Nacional la facultad jurisdiccional y la competencia que corresponde a la Provincia en orden al dictado de la normativa procesal.
Agrega que una anomalía como la que aquí se señala, incompatible con la exigencia de un adecuado servicio de justicia, configura un supuesto de violación conjunta de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, al privar al actor de un derecho ya incorporado a su patrimonio sin una sentencia fundada en ley.
Concluye que en la sentencia apelada se invoca a la ley 15.057 para sanear los vicios de la anterior norma que vedan el acceso irrestricto a una reclamación judicial ante el juez natural, lo que implica aplicar una ley que impone trámites de procedimiento a una situación de hecho anterior a su entrada en vigencia en forma retroactiva, lo cual contradice el principio de progresividad que tiene raigambre constitucional.
IV. El embate revela el cumplimiento de las condiciones que habilitan la instancia federal.
En efecto, al hallarse afincado el agravio en la supuesta transgresión del derecho de propiedad, así como de las garantías de defensa en juicio, acceso irrestricto a la justicia y en la presunta vulneración del sistema federal de gobierno, éste se muestra, prima facie valorado, hábil e idóneo para dar sustento a la pretensión de que sea considerado por el carril que autoriza el art. 14 de la ley 48, exhibiendo además la cuestión federal invocada relación directa e inmediata con el objeto del pleito y lo decidido en esta sede extraordinaria (arts. 14 y 15, ley 48).
Por ello, encontrándose cumplida la condición de la habilitación de la instancia y demás requisitos formales exigidos por la citada ley y Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia
Conceder el recurso extraordinario federal deducido.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:01:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:10 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:09:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:10:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:37:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia