Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126382
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Pedro Gregorio Luna y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad permanente parcial (v. sent. de 18-VIII-2020).
En lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravios, el tribunal de grado tuvo por acreditado el accidente de trabajo sufrido por el accionante, que le generó una minusvalía del 9,3% del índice de la total obrera.
Así, en orden a calcular la prestación de pago único establecida en el art. 14 párrafo 2 inc. "a" de la ley 24.557, actualizó el ingreso base mensual conforme el índice RIPTE. Al monto resultante adicionó, desde la fecha del siniestro y hasta la de la sentencia, un interés equivalente a la tasa de interés activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, con fundamento en el art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 (modificado por el art. 11 de la ley 27.348).
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte demandada con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 2-IX-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 7-IX-2020).
Denuncia arbitrariedad y violación al principio de congruencia. Entiende que la sentencia de grado exorbita el alcance de la responsabilidad de las aseguradoras.
Luego, se agravia de la aplicación de intereses calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.
III.1. En primer lugar corresponde señalar que, en el caso, el valor de lo cuestionado -representado por el monto de condena, más la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses conforme lo establecido por el a quo y el que habría de obtenerse conforme el planteo de la recurrente- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.079, "Aranda" y L. 125.380, "Martínez", resols. de 21-XII-2020).
III.2. En el caso, se observa que las doctrinas que se denuncian violadas en la queja no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
III.3.a. Luego, las doctrinas invocadas en las páginas 3; 5; 8 y 11 del escrito recursivo (causas L. 94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009; L. 108.164, "Abraham", sent. de 13-XI-2013, entre otras), el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
III.3.b. Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348; v. sent., pág. 6/7), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causa L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020).
Finalmente, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia (causas L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018 y L. 125.286, "Sánchez Pérez", resol. de 13-XI-2020).
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:02:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2021 17:53:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2021 23:08:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 11:10:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 13:36:07 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/05/2021 14:09:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia