Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125415
I. Contra el pronunciamiento de esta Suprema Corte que hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la demandada, la parte actora interpone recurso extraordinario federal fundado en la doctrina de la arbitrariedad, alegando la violación de las garantías previstas por los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional (v. resol. de fecha 6-X-2020 y presentación electrónica del 2-XI-2020).
II. Ordenado el traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. proveído electrónico de fecha 9-XI-2020), el mismo fue contestado (v. presentación electrónica de fecha 25-XI-2020).
III. En su postulación la recurrente intenta descalificar el pronunciamiento de esta Suprema Corte que, con ajuste a lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", sents. de 28-V-2020, en lo vinculado a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), revocó el fallo de la anterior instancia y determinó la falta de aptitud jurisdiccional en este estado del tribunal de grado para entender en las presentes actuaciones (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Alega que la sentencia apelada desconoce los derechos constitucionales de propiedad, igualdad ante la ley, acceso irrestricto a la justicia, juez natural, defensa en juicio y debido proceso adjetivo, y se aparta -sin fundamento alguno- de las circunstancias de hecho verificadas en la causa.
Sostiene que en autos se ha declarado -en abstracto- la incompetencia del tribunal de trabajo, esto es, sin resolverse previamente la excepción de cosa juzgada que fuera opuesta por la parte demandada.
Refiere que las circunstancias que llevaron al dictado de los precedentes en los que el tribunal sentenciante sustentó el pronunciamiento son disimiles a las verificadas en las presentes actuaciones, donde el actor transitó la vía administrativa e inició una acción de revisión dentro de los 90 días hábiles judiciales contados a partir de la entrada en vigencia de la ley 15.057.
Manifiesta que la ley 27.348 obstaculiza el libre acceso a la justicia y trasgrede la garantía del debido proceso al determinar que el trabajador, víctima de un infortunio o enfermedad profesional, tiene únicamente la posibilidad de apelar lo actuado en sede administrativa mediante un recurso limitado que no admite la producción plena y suficiente de prueba sobre las cuestiones debatidas.
Añade que este nuevo régimen legal establece una verdadera primera instancia de todo lo tramitado ante las comisiones médicas, atribuyéndole a dichos organismos funciones judiciales y delegando en el Poder Ejecutivo la creación de la norma procesal que determinará el procedimiento y los requisitos que debe cumplir esa decisión.
IV. El embate revela el cumplimiento de las condiciones que habilitan la instancia federal.
En efecto, al hallarse -en lo sustancial- afincado el agravio en la supuesta transgresión de los derechos de propiedad e igualdad ante la ley y las garantías de acceso irrestricto a la justicia, defensa en juicio y debido proceso adjetivo, éste se muestra, prima facie valorado, hábil e idóneo para dar sustento a la pretensión de que sea considerado por el carril que autoriza el art. 14 de la ley 48, exhibiendo además la cuestión federal invocada relación directa e inmediata con el objeto del pleito y lo decidido en esta sede extraordinaria (arts. 14 y 15, ley 48).
Por ello, encontrándose cumplida la condición de la habilitación de la instancia y demás requisitos formales exigidos por la citada ley y Acordada 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Justicia
Conceder el recurso extraordinario federal deducido.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y remítase a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/06/2021 14:54:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/06/2021 16:38:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2021 17:56:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2021 08:27:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2021 08:46:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia