Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126574
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda instaurada por María Teresa Alessandro contra la Provincia de Buenos Aires en su carácter de empleadora autoasegurada, y, en consecuencia, la condenó a abonar las sumas que indicó en concepto de indemnizaciones por incapacidad laboral en los términos de la ley 24.557. Contrariamente, la rechazó, en cuanto perseguía el resarcimiento de daños y perjuicios del derecho común (v. fs. 395/401).
Para así decidir, tuvo por demostrado no sólo el accidente de trabajo sufrido por la actora y que las tareas desarrolladas le demandaban esfuerzos físicos, sino que, además, tales factores le generaron las secuelas incapacitantes que padece.
En cambio, juzgó no probados los presupuestos para la viabilidad de la acción civil, en sus distintas vertientes objetiva y subjetiva.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. 406/413), el que fue concedido por el órgano de grado a fs. 414, en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En su impugnación alega absurdo en la valoración de la prueba. Cita las normas y las doctrinas que considera vulneradas. En sustancia, controvierte el rechazo de la acción, objetándole al sentenciante que tuviera por no acreditados los presupuestos fácticos en torno a los requisitos del art. 1.113 del Código Velezano.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado (v. fs. 414), la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones fácticas y probatorias, como son aquellas vinculadas a la acreditación de los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del anterior Código Civil, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.234, "Moccio", resol. de 9-XII-2020).
III.3. Finalmente, corresponde recordar que reiteradamente ha dicho esta Corte que no constituye doctrina legal, en los términos del artículo 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.498, "Ferra", resol. de 25-III-2021 y L. 125.638, "Villar", resol. de 5-IV-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/06/2021 14:54:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/06/2021 16:38:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2021 17:57:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2021 08:27:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/06/2021 08:46:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia