Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126676
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda interpuesta por Rubén Horacio Gorocito y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, para el caso de incumplimiento, juzgó que sería de aplicación lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, y el producido devengaría intereses con aplicación al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación (v. sentencia electrónica de fecha 10-III-2020).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, resolvió que el actor es portador de una minusvalía del 7,48% del índice de la total obrera, la cual guarda relación causal con el accidente denunciado en la demanda. Luego, a fin de determinar el resarcimiento, calculó el ingreso base con aplicación al índice RIPTE conforme lo dispuesto por el decreto 669/19.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-V-2020), concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resolución del 12-V-2020).
En su presentación, se agravia de la aplicación al caso del decreto 669/19, en cuanto entiende que no corresponde su aplicación por el principio de irretroactividad de las normas, citando vulnerada, entre otras, la doctrina sentada en la causa L. 118.695,"Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Por otro lado, argumenta que el sentenciante incurrió en absurdo al determinar un porcentaje mayor de incapacidad del accionante al que le correspondía a partir del cálculo mediante el método que rige de acuerdo al baremo 659/96.
III. El remedio intentado no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del agravio dirigido a cuestionar la aplicación del decreto 669/19, desde que la doctrina traída por la recurrente, en apoyo de su pretensión, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
III.3. Por otro lado, igualmente inatendible resulta el restante planteo, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado.
III.4. Finalmente, y en virtud de la solución brindada previamente, deviene inatendible el cuestionamiento dirigido a objetar la imposición de costas.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2021 16:55:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/06/2021 19:09:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/06/2021 12:23:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 09:39:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 11:22:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia