Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126688
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora en fecha 17 de noviembre de 2020, por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial en fecha 30 de noviembre de 2020, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria. Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la demanda promovida por Julio Néstor Morales contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires en concepto de indemnización por accidente de trabajo (v. pronunciamiento electrónico de fecha 10-XI-2020).
Para así decidir, juzgó que, de la prueba colectada, no había quedado acreditado el accidente denunciado por el accionante.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo y la Fiscalía de Estado deducen sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 17-XI-2020 y 30-XI-2020), los que fueron concedidos por el tribunal de grado (v. proveídos electrónicos de fechas 19-XI-2020 y 2-XII-2020, respectivamente).
III. El recurso articulado por el actor no prospera.
III.1. En dicha presentación impugnativa, se denuncia arbitrariedad, el vicio de absurdo en la valoración de la prueba, individualizándose las normas y la doctrina legal que se consideran violadas. Se plantea gravedad institucional.
En sustancia, el cuestionamiento se dirige a objetar la decisión de grado en cuanto se consideró no acreditada la veracidad del accidente relatado en la demanda, a pesar de que la aseguradora reconoció el siniestro.
III.2. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021) razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal vigente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.245, "Leguizamón", resol. de 16-V-2018 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios concernientes a cuestiones fácticas o probatorias -vinculadas a la acreditación del accidente y su vinculación causal con la minusvalía que presenta-, los cuales se encuentran detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 121.596, "L’abbate", resol. de 26-IX-2018 y L. 125.505, "Aguerro", resol. de 9-XII-2020).
Asimismo, cabe agregar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si los precedentes invocados fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
IV. En el recurso incoado por la accionada, se le objeta al a quo haber utilizado, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estarse a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción. Ello, en tanto entiende abusiva y desproporcionada la cifra fijada para los estipendios de los peritos, cuyo pago -aduce- fue impuesto al Fisco en virtud de lo normado en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que se benefició de prueba útil.
En apoyo su postura, cita la doctrina legal de esta Suprema Corte elaborada en torno al alcance de lo dispuesto en los arts. 23 y 58 de la ley arancelaria.
IV.1.a. De modo liminar, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia entre el monto de los honorarios regulados por el a quo a los peritos y el que habría de obtenerse según los parámetros que el recurrente postula- no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.1.b. En este contexto, cabe observar que se encuentra vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en casos similares al presente, debidamente invocados por la interesada.
IV.1.b.i. Como señalara esta Corte, entre otras, en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001) -citada por la impugnante- y L. 84.028, "Rojas" (sent. de 9-V-2007), y recientemente en el precedente L. 122.685, "Sánchez" (resol. de 15-IX-2020), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 -receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967-, queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio frente a una pretensión indemnizatoria desmesurada.
Para más, el hecho de que el actor -en tanto trabajador- goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que en el sub examine , si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones haya que partir de la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción (aquí enmarcada en el sistema especial de riesgos del trabajo), aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado, pues aquélla será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito. Ello pues, en situaciones excepcionales como la configurada en autos, sujetarse sin más al quantum expresado estimativamente en la demanda como base regulatoria conduciría a una solución despojada de la necesaria ponderación de las circunstancias relevantes de la litis.
De tal suerte, para evitar una determinación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben determinarse en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
IV.1.b.ii. Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar, que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Cód. Civ. velezano; arts. 730 y 1.255, Cód. Civ. y Com.; 13, ley 24.432; causas Ac. 86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora en fecha 17 de noviembre de 2020, por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto por el Fisco provincial en fecha 30 de noviembre de 2020, atento a que el agravio en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que -con nueva integración- mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiere correspondido a la actora y, cumplido ello, proceda a regular, nuevamente y sobre esa base, los honorarios de los profesionales cuyos estipendios fueron cuestionados ante esta instancia extraordinaria. Las costas se imponen por su orden, en atención al contenido de la decisión (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/08/2021 19:14:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 10:31:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 10:36:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/08/2021 11:28:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/08/2021 15:46:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia