Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 122070
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Florencio Varela, perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, rechazó la demanda promovida por Alberto Martín Montenegro contra la Provincia de Buenos Aires por la que procuraba el cobro de una indemnización derivada del accidente que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 22-III-2021).
Para así decidir, con sustento en los distintos elementos probatorios, juzgó no acreditado el infortunio sufrido por el actor.
II. Frente a lo así resuelto se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-IV-2021), el que fue concedido por el a quo mediante resolución del 14 de abril de 2021.
En su impugnación, denuncia que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y de la prueba aportada, pues, en el caso, no se encontraba controvertida la existencia del accidente sino las consecuencias culpables o inculpables del mismo.
Alega que el a quo transgredió el principio de congruencia al apartarse de los términos en que había quedado trabada la litis.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. En primer lugar, corresponde recordar que determinar si, en un caso, el trabajador demostró o no, el acaecimiento del infortunio de trabajo invocado, la existencia de la relación causal o concausal entre tal siniestro y la minusvalía que afecta al trabajador, como el análisis del material probatorio, son facultades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019 y L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020).
La configuración del vicio señalado requiere del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 118.065, "Ferrari", resol. de 3-XII-2014; L. 118.387 "Sala", resol. de 19-II-2015; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.2.a. En el caso, el juzgador de grado, tras valorar los escritos constitutivos del proceso, puntualizó que pesaba en cabeza de la parte actora la carga de acreditar, no solo el acaecimiento del hecho denunciado, sino también las circunstancias que permitan calificar de laboral a ese pretendido suceso (artículo 375 del C.P.C. y C. y 63 de la Ley 11.653), para luego, llegado el caso, dar paso a la acreditación de la existencia de incapacidad sobreviniente y finalmente a la prueba de la relación de causalidad existente entre la misma y el hecho dañoso. Sin embargo, juzgó que, pese al esfuerzo desplegado, ninguna probanza arrimada a la causa obtuvo los resultados buscados por el demandante.
III.2.b. Esta esencial conclusión del fallo, no logra ser descalificada por el interesado, quien, si bien denuncia absurdo, sus argumentaciones resultan insuficientes para demostrarlo, en tanto no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre como debieron apreciarse los hechos y las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 95.515, "Ciar", sent. de 18-III-2009; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013; L. 122.509, "Martínez", resol. de 12-VI-2019; L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 126.508, "Gorjon", resol. de 28-V-2021).
Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.2.c. En particular, en lo vinculado a la prueba testimonial -cuestionada por el accionante- corresponde destacar que su valoración queda reservada a los jueces de grado que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que el interesado -como se dijo- no logra demostrar.
III.3. Sentado lo expuesto, no resulta atendible el argumento que gira en torno a la transgresión del principio de congruencia.
Reiteradamente este Superior Tribunal ha dicho que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción del citado postulado, limita su impugnación a exhibir la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 122.073, "Navarro", resol. de 14-VIII-2019 y L. 123.679, "Calandro" resol. de 1-VI-2020), tal y como sucede en la especie.
III.4. Respecto a la denuncia de infracción a la regla in dubio pro operario, corresponde aclarar que esta Suprema Corte ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si -como en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 126.360, "Giacomini", resol. de 8-VI-2021).
III.5. Finalmente, cabe agregar que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 15:59:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:18:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:45:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 17:17:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 08:46:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia