Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126733
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en el punto III.2. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3. y revocar, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Alejandro Andrés Villalba contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a esta última al pago de la suma que indicó en concepto de la prestación dineraria por incapacidad parcial permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más intereses fijados en la forma que estableció (v. pronunciamiento de fecha 3-XI-2020).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 24-XI-2020), que fue concedido por el a quo mediante resolución electrónica de fecha 2 de diciembre de 2020.
En la vía recursiva interpuesta se agravia, por un lado, de la estimación de intereses calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, en tanto entiende resulta contraria a la doctrina de esta Corte.
En segundo lugar, objeta el monto de las costas a su cargo. En este marco, sostiene que los honorarios regulados a los profesionales exceden el veinticinco por ciento del monto de la sentencia. Invoca vulnerado el art. 730 del Código Civil y Comercial y la doctrina legal que cita.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente se impone observar que, en el caso, como la propia impugnante lo manifiesta, el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses y costas que fijó el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que la recurrente postula-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.366, "Fernández", resol. de 8-VI-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2.a. En el caso, respecto del cuestionamiento dirigido a objetar la tasa de interés fijada por el juzgador de grado, se observa que las doctrinas que se denuncian violadas en la queja no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Cabe agregar que en los precedentes que invoca la parte recurrente, el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar -en los términos del art. 622 del Código Civil- respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11, ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causa L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020).
Por lo demás, cabe recordar que la jurisprudencia emanada de otros tribunales no constituye la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 120.592, "Blanco", resol. de 8-XI-2017; L. 120.893, "Gómez", resol. de 6-XII-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
III.2.b. Por otro lado, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017 y L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020).
III.3. Distinta suerte corre el segundo de los agravios traídos, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial contraría la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, en reiterados precedentes esta Suprema ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (ambos según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art. 31 bis, ley 5827 y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en el punto III.2. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.3. y revocar, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). En consecuencia, remitir los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 15:59:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:19:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:45:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 17:17:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 08:48:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia