Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126870
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Mario Alejo Espinoza y condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de diferencia de indemnización por incapacidad laboral parcial y permanente en los términos de la ley 24.557. Por el contrario, la rechazó en cuanto procuraba la reparación por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. fs. 327/337 vta.).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar, juzgó que la accionante no probó -como era su carga- los presupuestos de la responsabilidad en que fundó la acción con sustento en el derecho civil. Ello así, pues valorando la prueba rendida, tuvo por no demostrado claramente el carácter riesgoso o vicioso de la cosa invocada como causante del daño (escalera), en tanto los testigos no supieron dar detalles respecto del material en que estaba construida, sus características, ni tampoco de la mecánica del hecho accidental, sumado a que no se efectuó en autos una perica técnica sobre la misma, lo cual hubiera aclarado su constitución, rasgos y si era peligrosa o riesgosa. Asimismo, tampoco se acreditó un obrar culposo o negligente de la demandada, de ahí que -añadió el juzgador- el trabajador quedo inmerso en un estado de orfandad probatoria total, al no enumerar y atribuir conductas u omisiones imputables a la empleadora, como presupuestos de la acción de daños laborales (v. vered. de fecha 5-5-2020).
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-V-2020), el que fue concedido por el a quo (v. escrito electrónico de fecha 28-V-2020).
En lo esencial argumenta que el sentenciante, en lugar de verificar si el actor acreditó que se accidentó con una cosa de la que se sirve la empleadora, se preocupó en comprobar, únicamente, si se probó -o no- la naturaleza riesgosa o viciosa de la escalera, de la cual resbaló provocándole el accidente de trabajo denunciado en autos.
Luego, argumenta que el a quo omitió pronunciarse respecto de la reparación por riesgo contractual y objetiva.
Agrega finalmente, que el sentenciante se apartó de las constancias de la causa, omitió y tergiversó elementos y pruebas que hacen a su pretensión.
III. El recurso no puede prosperar.
Al respecto, cabe destacar que esta Corte ha declarado que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, como también determinar si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoque (causas L. 121.095, "Cimadevilla", resol. de 11-IV-2018; L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
En ese marco, si bien el interesado ha denunciado el referido vicio, se advierte que no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido -vinculada, como se indicó, a la falta de acreditación del carácter riesgoso o vicioso de la cosa indicada como causante del daño (escalera), ni probado el obrar culposo o negligente del principal-, en tanto su impugnación transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocar el señalado vicio, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
En particular, y ante el reproche que gira en torno a la valoración de las declaraciones de los testigos, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
Recuérdese además que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
Por otro parte, corresponde indicar que reiteradamente ha resuelto esta Corte que la denuncia de omisión de tratamiento de planteos o cuestiones resulta ajena al ámbito del remedio interpuesto, y propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018 y L. 124.434, "Cejas", resol. de 23-X-2020).
En definitiva, se advierte entonces, que la argumentación que contiene el recurso denota, en rigor, un discurso que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el juzgador de grado, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo en que el tribunal de trabajo resolvió la controversia, método que, sabido es, resulta insuficiente para demostrar la concurrencia de absurdo (causas L. 124.441, "Arias", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Resta advertir que la invocada conculcación de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del remedio bajo examen, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales que en autos no fueron acreditadas (causas L. 123.657, Ortiz", resol. de 20-V-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención de que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/08/2021 15:59:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/08/2021 22:19:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/08/2021 09:45:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/08/2021 17:17:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/08/2021 08:48:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia