Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121825
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.825, "Bigal, Edgardo Fabián contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria , Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata rechazó íntegramente la acción instaurada, imponiendo las costas a la vencida en los términos de los arts. 19 y 22 de la ley 11.653 (v. fs. 259/285 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 297/322 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado desestimó -por mayoría- el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y la demanda que el señor Edgardo Fabián Bigal promovió contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual le había reclamado el resarcimiento de las secuelas incapacitantes provocadas por el accidente de trabajo que sufrió el día 10 de noviembre de 2014, mientras prestaba tareas como Asistente de Minoridad en el centro "Nuevo Dique", ubicado en la calle 520 esquina 226 de la localidad de Abasto, partido de La Plata (v. fs. 259/285 vta.).
En aras de establecer el alcance del objeto del litigio, concluyó -en forma unánime y con cita de ciertos pasajes de la demanda- que en autos se perseguía la acumulación de la indemnización sistémica con más la diferencia hasta alcanzar la reparación integral con fundamento en el derecho civil. Reparó en que la pretensión había sido dirigida contra el empleador autoasegurado, eventual obligado al pago de ambos resarcimientos (v. vered., fs. 259 in fine y sent., fs. 277).
Descartó así que mediara en la especie un ejercicio subsidiario de acciones (v. fs. 259 vta. in fine ).
No controvertida la existencia del infortunio denunciado, tuvo por demostradas las secuelas incapacitantes que aquejan al trabajador, a tenor de lo informado por el perito médico desinsaculado en autos (v. fs. 261 vta./262 vta.).
Luego, con apoyo en la prueba producida -en particular la testimonial- juzgó no verificados los presupuestos de responsabilidad civil reprochados al empleador desde la vertiente objetiva (ya sea por el riesgo o vicio de la cosa, o la actividad del reclamante) y subjetiva (v. fs. 262 vta./266).
A tenor de la base fáctica previamente analizada, ponderó que si bien el promotor del pleito había cuestionado la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 -vigente al momento de la primera manifestación invalidante- no había refutado el planteo de la accionada respecto a que la pretensión deducida, por sus alcances, resultaba inviable (v. fs. 277).
El tribunal sostuvo que dicho precepto legal vuelve al régimen de la antigua ley 9.688 del año 1915 (mecanismo que se mantuviera también durante la vigencia de la ley 24.028, del año 1991), que establecía en su art. 17 una opción excluyente a favor del trabajador o sus derechohabientes entre el régimen resarcitorio especial y el civil, pues la elección expresa o implícita de uno de esos sistemas importaba el abandono del derecho a ejercer el otro (v. fs. 277 vta.).
Expresó que en el específico supuesto de autos no encontraba motivos para abordar -conforme los concretos términos contenidos en el cuestionamiento actoral- el encaje de la norma de marras con la matriz constitucional, y recordó que la declaración de inconstitucionalidad de una norma sancionada válidamente por el Congreso de la Nación constituye la ultima ratio , a la que solo cabe acudir a ella cuando dicho precepto legal controvierte abiertamente derechos y garantías de superior jerarquía dispuestos por el constituyente (v. fs. 277 vta. in fine ).
Juzgó que, prima facie , no advertía que el art. 4 de la ley 26.773 implicara una renuncia por parte del trabajador a la prestación escogida, sino que, aseveró, cuando este último elige reclamar la reparación integral invocando el derecho civil cumple con la condición resolutoria establecida por la propia ley y el derecho en expectativa o posibilidad de reclamar la vía sistémica caduca para él, de modo que no se trataría stricto sensu de una renuncia, sino de la pérdida del derecho condicionado por la propia ley (v. fs. 278 vta.).
Agregó que el principio de irrenunciabilidad postula la nulidad del negocio o cualquier renuncia del trabajador frente a su empleador en un ámbito privado, pues existe la sospecha de que la voluntad de aquel se encuentre viciada, pero no cuando la renuncia está regulada por la propia ley o cuando se verifica en un ámbito oficial y público, y contando además con asesoramiento letrado (v. fs. 278 vta.).
Puntualizó que la opción excluyente plasmada en la norma en cuestión tampoco vulnera el principio de progresividad, ya que dicho postulado -entendido como el deber jurídico de no deshacer injustificadamente los mejores derechos alcanzados- constituye un principio de política social y aconseja que, en la medida de lo posible, las leyes tiendan a mejorar el nivel de los beneficiarios reconocidos para aquellos sectores que necesitan la protección especial del Estado, sin que dicho principio esté dado para fundar la descalificación constitucional de una norma, más allá de que el desvío pueda justificar la crítica política, ideológica y de opinión. Y sobre el art. 39 de la ley 24.557, recordó la incontable cantidad de fallos que descalificaron su validez constitucional porque prohibía el ejercicio de la acción civil (v. fs. 279).
Explicó que las modificaciones legislativas llevadas a cabo sobre el régimen especial de reparación de infortunios laborales (v.gr. decretos 1.278/00 y 1.694/09 y ley 26.773), provocaron una notable mejora en las prestaciones indemnizatorias que, en muchos casos, superaron las reparaciones con basamento en el derecho civil (v. fs. 280).
Manifestó que el nuevo método instaurado no veda la posibilidad de accionar con sustento en otros regímenes de responsabilidad, pues solo establece -retornando a la "opción excluyente"- que los damnificados podrán optar, de modo disyuntivo, entre las indemnizaciones previstas en el ordenamiento sistémico o las que le pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad, enfatizando que estos no serán acumulables (v. fs. 280 vta.).
Indicó que, en el contexto descripto, el régimen analizado, en la mayoría de los supuestos, compensa adecuadamente los daños sufridos, limitando la acumulación de acciones y estableciendo una opción excluyente que no es decidida por el trabajador víctima de un infortunio o de una enfermedad del trabajo, sino por un profesional abogado quien -cabe suponer- posee la suficiente versación jurídica como para aconsejarlo sabiamente acerca de cuál es el camino a elegir (v. última fs. cit.).
Concluyó que si en un supuesto determinado se evidenciara que el régimen de opción excluyente constituye una notoria vulneración a los derechos del trabajador, transgrediendo de tal modo las normas contenidas en el "bloque de constitucionalidad", es allí cuando se debe alegar con claridad cuáles son las características del suceso y en qué consiste el agravio constitucional, no siendo este último el caso de autos (v. fs. 280 vta. in fine y 281).
Con todo, y al no encontrar motivo para abordar la validez constitucional de la norma contenida en el art. 4 de la ley 26.773, rechazó la demanda promovida por resultar inviable la postulación tal y como fue planteada, con costas a la parte actora por no encontrar motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota, si bien con el beneficio que consagra el art. 22 de la ley 11.653 (v. fs. 281).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada activa con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 31, 33, 41 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 1, 2, 3 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 4, 5, 8, 21, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11, 15, 31 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 512, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 7, 9, 11, 14 y 16 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 inc. "b", 10 y 17 inc. 2 de la ley 24.557; 1, 2, 3 y 4 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 375 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47, 55 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Denuncia absurda valoración de las pruebas y, por su conducto, que se juzgaran no verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetivos y objetivos de la demandada en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
Señala que los distintos elementos probatorios no fueron evaluados en su totalidad, ni se los vinculó unos con otros y todos entre sí, resultando censurable su descomposición para disgregarlos y considerarlos en forma aislada. Analiza las conclusiones volcadas en la pericia médica, las declaraciones brindadas en la audiencia de vista de la causa por los señores Trepo y Pérez González, el informe plasmado en el libro de guardias y las fotografías reconocidas por los mencionados testigos, para arribar a la conclusión de que el accidente sufrido por el actor (resbalón y sus consecuencias) obedeció al impropio estado habitual del suelo, esto es, por encontrarse mojado y sucio.
II.2. Por otra parte, controvierte la definición del tribunal de origen en cuanto determinó que el objeto de la demanda se hallaba definido por una acumulación de acciones (esto es, por un reclamo vinculado al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial tarifado de las leyes 24.557 y 26.773 y, por la diferencia, hasta alcanzar la reparación plena, una indemnización integral sustentada en las disposiciones del derecho común).
Invoca absurdo en la valoración del escrito de demanda y la transgresión de los principios de congruencia, preclusión y debido proceso.
Sostiene que inició una pretensión contra su empleadora derivada de un infortunio laboral para la obtención de las prestaciones e indemnizaciones que surgen de lo preceptuado por las leyes 24.557 y 26.773 y, en caso de resultar insuficientes, el faltante hasta el valor de la reparación integral de los daños y perjuicios conforme la legislación civil.
Afirma que, como mínimo, debió hacerse lugar al resarcimiento especial de la ley 24.557 y sus modificatorias, tal como propuso la señora jueza del minoritario. Ello, habida cuenta que, insiste, en principio reclamó las prestaciones sistémicas y, ante la demostración cabal de su insuficiencia, la reparación plena que dimana de las normas del derecho común.
Refiere que los distintos regímenes que invocó en la demanda son complementarios en función de las normas de jerarquía constitucional allí citadas, cuya valoración fue soslayada por el tribunal a quo dejando al trabajador en absoluto desamparo a pesar de encontrarse probado el accidente y sus secuelas incapacitantes.
Agrega que las acciones propuestas son independientes aun cuando se complementan una con otra, siendo equívoco el razonamiento del juzgador de disponer su rechazo por juzgar inadmisible la demanda, pues ello implica no resolver el fondo de la cuestión.
En este último aspecto, explica que una vez ordenado los traslados respectivos y sustanciado el proceso, el tribunal de grado no pudo válidamente calificar la demanda y pretensión allí contenida como inviable "conforme fue planteada", pues -a su juicio- correspondía que dicho órgano jurisdiccional realizara los controles de proponibilidad, constitucionalidad y convencionalidad y, luego, disponer el rechazo in limine por improponibilidad objetiva, o bien ordenar que se subsanen los defectos que advertía en dicho momento. Expresa que, ante el incumplimiento de tales deberes, el tribunal de trabajo se expidió extemporáneamente sobre el fondo de la cuestión transgrediendo el principio de preclusión.
II.3. Por último, se opone al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
Argumenta que dicho precepto legal se encuentra en pugna con la garantía del libre acceso a la justicia, el deber de reparar el daño injusto, los principios de progresividad y protectorio y el derecho a la obtención de una indemnización justa amparados por la Constitución nacional. Señala que la norma en crisis ha sido la respuesta de una encubierta política legislativa que limita el reclamo de los trabajadores por los daños producidos por el hecho o en ocasión del trabajo.
Manifiesta que al haberse ejercitado en el caso acciones complementarias debió el tribunal de origen llevar a cabo el test de razonabilidad y, ante la manifiesta desproporción existente entre los sistemas indemnizatorios, remover el obstáculo previsto por el art. 4 de la ley 26.773 (cuya inconstitucionalidad solicita sea declarada) y hacer lugar a la demanda tal como fue planteada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Por razones metodológicas considero que debe alterarse el orden de los agravios reseñados para su tratamiento y, en consecuencia, abordaré en primer término el reproche sustentado en la absurda valoración del escrito de promoción de la demanda.
III.1.a. Como fue anticipado al relatar los antecedentes, el órgano de grado estableció, en forma unánime, los alcances del pedimento contenido en el escrito de inicio.
Para ello se valió de la trascripción de ciertos pasajes que cimentaron la conclusión que es motivo de agravio.
Sostuvo que el letrado del actor expuso a fs. 46 vta. que "...vengo por el presente a promover formal demanda por indemnización por accidente de trabajo y/o enfermedad accidente, tanto por prestaciones e indemnizaciones que surgen de la denominada Ley de Riesgos del Trabajo (24.557 y modfs.), insuficiencia de las mismas, con más los daños y perjuicios derivados de las afecciones que se ventilan (art. 19 Constitución Nacional, arts. 1.113, 1.109, 1.074 y ccs. Código Civil, por la suma que se especifica al efectuar la liquidación...".
Ponderó que en ocasión de imputar responsabilidad civil al empleador (v. fs. 90 vta./94), tituló el capítulo respectivo "VIII.- A - RESPONSABILIDAD CIVIL DEL EMPLEADOR - ACUMULACIÓN DE ACCIONES". Consideró, entonces, que la formulación precitada despejaba toda duda acerca del contenido del reclamo.
No obstante, en refuerzo de su convicción, aludió al párrafo contenido a fs. 67: "...de ninguna manera resulta excluyente de que respecto de las ART se aplique en toda su dimensión los (sic) resuelto en el fallo 'Aquino' y hasta la concurrencia de las nuevas prestaciones previstas a favor del trabajador. Así se peticiona, en cuanto debe interpretarse la ley a favor o en forma más beneficiosa para el trabajador...".
Evaluó asimismo la circunstancia de haber sido peticionada a fs. 66 vta./69 vta., la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en cuanto dicha norma veda la posibilidad de acumular la acción sistémica con la extrasistémica.
Con todo ello, concluyó que no había mediado en la especie un ejercicio subsidiario de acciones, sino la acumulación (esto es, la sumatoria) de la indemnización sistémica con más la diferencia hasta alcanzar la reparación plena con basamento en el derecho civil. En definitiva, resolvió que la parte actora no había ejercido opción por uno u otro sistema reparatorio (art. 44 inc. "d", ley 11.653).
Asimismo, evaluó el silencio observado por la parte actora frente al planteo que sobre el particular efectuó el Fisco al responder la demanda.
III.1.b. Tiene dicho esta Corte que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión al respecto solo puede revisarse en la sede extraordinaria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y violación del principio de congruencia (causas L. 99.910, "López de Armentía", sent. de 21-XII-2011 y L. 99.441, "Batista", sent. de 27-VI-2012; e.o.).
En el caso, el agraviado no consigue poner en evidencia la configuración de la anunciada anomalía, ni la lesión del referido postulado.
III.1.c. La lectura de la impugnación exhibe una renovada exégesis del escrito liminar, que refiere a la articulación de acciones independientes. Y con ello, la propuesta (ya afincada en el voto que quedó en minoría) en orden a que, al menos, debía prosperar aquella incoada con fundamento en disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Debo recordar que este Tribunal ha declarado que el vicio de absurdo denota la existencia de una conclusión incoherente en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas de la causa (causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 112.922, "Toro", sent. de 23-XII-2014; L. 111.123, "Marianache", sent. de 25-III-2015 y L. 117.129, "Vázquez", sent. de 11-III-2015), extremos que, bajo la argumentación ensayada, no se demuestran en la especie.
III.1.c.i. En efecto, la impugnación traduce la disconformidad del recurrente con el criterio ostentado por el juzgador, sin rebatir frontalmente el análisis de las expresiones volcadas en la demanda. Tampoco controvierte la ponderación efectuada en torno al silencio observado por la parte actora respecto del planteo defensivo esgrimido en el responde.
Como es sabido, el principio de congruencia implica conducir el pleito en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, e importa que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, resultando violado cuando el fallo valora y decide sobre circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo (arts. 18, Const. nac.; 163 inc. 6, CPCC y 47, ley 11.653; causas L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014; L. 116.721, "Arce", sent. de 10-XII-2014 y L. 114.401, "Stanley", sent. de 11-II-2015).
Tales anomalías, por lo señalado, no se detectan en el presente. Resta señalar que la divergente opinión en torno al modo en que podría haberse conducido el trámite del proceso a fin de sanear posibles defectos de la demanda, resulta -por igual déficit- ineficaz.
III.2. Zanjado lo anterior sigue examinar los restantes agravios traídos, concernientes al rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, como también de la pretensión de cobro de los daños y perjuicios promovida con sostén en las disposiciones del anterior Código Civil.
III.2.a. Sobre el último extremo, cabe referir que a partir de la valoración de la prueba (testimonial y documental) el tribunal interviniente juzgó no acreditado el vicio de la cosa, es decir, el piso de baldosas graníticas, cuyo carácter riesgoso se atribuyó a un alegado estado de suciedad (v. fs. 262 vta./264 vta.).
Al respecto, resolvió que no se encontraba configurada la responsabilidad objetiva del empleador por el solo hecho de la producción del daño, en tanto no podía calificarse al solado del establecimiento -objeto inerte- como una cosa riesgosa o viciosa, ni que hubiera adquirido tal carácter por su estado (v. última fs. cit.).
Señaló además que la actividad de los guardiacárceles o de los celadores es, en sí misma, potencialmente riesgosa, pero si estos, asignados a tareas administrativas caen de su silla y sufren una lesión, no debe atribuirse el evento
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