Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122057
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.057, "Calvo, Juan Carlos y otros contra Apolo Fish SA y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078) doctores: Torres, Genoud, Pettigiani , Kogan, Soria, Violini, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó en todas sus partes la demanda promovida, imponiendo las costas a los actores (v. fs. 501/516 vta.).
Se interpusieron, por estos últimos, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 525/529, reproducido a fs. 530/534 y fs. 535/538 vta.) y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 539/549, reiterado a fs. 550/559).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 579/580 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado rechazó íntegramente la demanda que los señores Juan Carlos Calvo, Juan José Juárez, Luis Patricio Faundez Castro y Juan Esteban Franco promovieron contra Apolo Fish S.A. y Federación Patronal Seguros S.A., mediante la que reclamaron las diferencias entre lo abonado por la aseguradora de riesgos del trabajo en concepto de prestaciones dinerarias y el monto que surge de la indemnización que a cada uno le correspondería calculada según las disposiciones del derecho común (v. fs. 501/516 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento los legitimados activos interponen recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
En sustento del primero de los remedios citados, denuncian que el tribunal de origen transgredió los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
En ese orden, manifiestan que el órgano jurisdiccional de grado omitió analizar y juzgar acerca de las sumas clandestinas (o en negro) abonadas mensualmente a los promotores del pleito y que acrecentaban ostensiblemente los salarios percibidos en el año anterior a los accidentes de trabajo sufridos.
Señalan que el tratamiento de tales cuestiones resultaba esencial para la correcta solución del pleito, ya que el tribunal de origen no tuvo en cuenta tales importes al momento de cuantificar las prestaciones dinerarias otorgadas en los términos del régimen especial de reparación de infortunios laborales.
Argumentan que el pago de sobresueldos sin registrar fue indirecta, genérica y parcialmente contestado por la empleadora; no habiendo siquiera hecho mención a ellos en su escrito de responde la aseguradora de riegos del trabajo codemandada.
Por otra parte, alegan que el a quo omitió fallar respecto del reclamo vinculado a la aplicación al caso del decreto 1.694/09, resultando sus disposiciones más beneficiosas para los demandantes al fijar montos muy superiores para las prestaciones dinerarias que les hubiera correspondido percibir según la tarifa prevista por la ley 24.557.
III. El recurso no prospera.
III.1. Coincido con el señor Procurador General en que el recurso no puede tener favorable recepción.
En efecto, lejos de revestir el carácter esencial que se les atribuye, las cuestiones que se alegan preteridas constituyen argumentos esgrimidos por los actores -aquí recurrentes- en apoyo de su postura, por lo que de ningún modo su presunta falta de consideración en el fallo podría eventualmente comprometer la validez de éste en los términos de lo dispuesto por el art. 168 de la Constitución provincial que se denuncia transgredido (causas L. 105.833, "Becerra", sent. de 29-V-2013; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014; L. 117.825, "Basterra", sent. de 4-XI-2015 y L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; e.o.).
Sobre el particular, este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que son cuestiones esenciales las que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución del litigio y no cualquiera que las partes consideren tales (causas L. 108.376, "Salomón", sent. de 3-X-2012; L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-15; e.o.). Asimismo, que la imputación de errores in iudicando -que, en definitiva, de ello trata la impugnación- es materia ajena al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 118.276, "Borelli", sent. de 7-III-2018 y L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019).
III.2. Resta señalar que, a pesar de haber sido invocado, no se han desarrollado agravios respecto a la presunta transgresión al art. 171 de la Constitución provincial, no obstante cabe advertir que el fallo de grado se encuentra fundado en expresas disposiciones legales.
IV. Por lo expuesto, considero que debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Más allá de la esencialidad o no que pueda atribuírsele a las cuestiones cuyo tratamiento el recurrente denuncia omitido (las relativas al monto real de los salarios percibidos por los actores durante el año anterior al acaecimiento de los respectivos siniestros y a la aplicación del decreto 1.694/09) debo decir que su falta de abordaje no configura en la especie el defecto denunciado habida cuenta que la consideración de tales tópicos quedó desplazada ante la ausencia de acreditación de los presupuestos de responsabilidad civil de la accionada, lo que condujo al rechazo de la demanda por diferencias entre las prestaciones ya reconocidas y pagadas por la aseguradora de riesgos del trabajo y la reparación integral con fundamento en normas del derecho común pretendida por cada actor.
I.2. Así, en el caso, la impugnación deducida deviene improcedente, desde que la preterición a que se refiere el art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido, pero no cuando -como ocurre en el sub examine - las cuestiones se encuentran desplazadas de consideración como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo (causas L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009; L. 90.359, "Amadeo", sent. de 25-III-2009; L. 89.978, "Solan", sent. de 7-II-2007; e.o.).
I.3. Por último, adhiero a lo expuesto en el punto III.2. del voto que inaugura el acuerdo.
II. En razón de las consideraciones realizadas, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Violini, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
El señor Juez doctor Kohan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interpretó el contenido de los escritos constitutivos del proceso y sostuvo que, al promover la acción, los actores habían manifestado sufrir exactamente la misma lesión y practicarse igual cirugía reparadora (cambio del manguito rotador del hombro), siendo intervenidos quirúrgicamente en la Clínica 25 de Mayo de la ciudad de Mar del Plata, asignándole la Comisión Médica un porcentaje de incapacidad laboral diferente a cada uno de ellos (v. fs. 501 vta.).
También indicó el a quo que éstos reclamaron ser reparados integralmente con fundamento en las normas de derecho común (arts. 1.113 y sigs., Cód. Civ. -ley 340-), alegando que los distintos infortunios habían sido provocados como consecuencia del incumplimiento de la empleadora y de la aseguradora de riesgos del trabajo del deber de impartir cursos de capacitación sobre prevención de riesgos, entrega de elementos de protección personal y control de las normas de higiene y seguridad industrial. Además, que la lesión de los obreros y su posterior invalidez parcial encontraban una única causa directa en el tipo de movimientos físicos desplegados para realizar sus labores habituales, coincidente con la funcionalidad rotatoria y movilidad de los hombros, efectuando siempre las funciones de carga y descarga con bultos de gran porte (v. fs. 502 vta.).
Con sustento en la prueba testimonial recibida en la audiencia de vista de la causa, el órgano jurisdiccional de grado juzgó acreditado que todos los testigos habían sido contestes en afirmar que los promotores del pleito se desempeñaron como fileteros, con excepción del señor Juan Franco que cumplía tareas de peón. En cuanto a la mecánica de las tareas realizadas, manifestaron que los peones realizan la carga y descarga de los cajones subiéndolos a las mesas de trabajo, los que se deslizan por una cinta, y que en general se trabajaba con pescados que pesaban en promedio tres o cuatro kilogramos (v. fs. 505).
De las historias clínicas agregadas a estas actuaciones, así como de las denuncias de los infortunios formuladas por ante la aseguradora de riesgos del trabajo, el juzgador extrajo como conclusión que: el actor Franco se accidentó "...al sacar una raya para poner en un cajón, sintió un tirón en el hombro y brazo izquierdo..." ; que Calvo "...resbaló y cayó, golpeándose el brazo y ante brazo..."; que Juárez "...resbaló golpeando hombro derecho..." y que Faundez Castro "...levantando cajones sintió un tirón fuerte en ambos hombros..." (v. fs. 505 in fine ).
También valoró la prueba documental remitida por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la que surgía que el señor Calvo había relatado que "...se encontraba subiendo la escalera que conduce al comedor y se resbala y se cae sufriendo un traumatismo del hombro derecho..."; que Franco dijo que "...realizando sus tareas, al sacar una raya para ponerla en un cajón, sintió un tirón en el hombro derecho..."; que Faundez Castro señaló que se "...encontraba realizando tareas de fileteado y al levantar un cajón siente intenso dolor en el hombro derecho..." y que Juarez manifestó que "...en circunstancias de estar en su puesto de trabajo se resbala y cae con el brazo derecho hacia atrás..." (v. fs. 505 in fine y vta.).
Ponderó asimismo lo informado por la empresa Mar Tirreno S.A., en cuanto a que los dependientes no presentaban ningún tipo de limitación para desarrollar las tareas de fileteros. También las conclusiones plasmadas en la pericia traumatológica, donde el experto determinó que la actividad relatada por cada actor, "consistente en levantar un cajón por sobre su hombro, girar el torso y acomodar en otro sitio", parecía ser el nexo causal con la ruptura del tendón supraespinoso (lesión del manguito rotador) sufridas por los señores Franco, Calvo y Faundez Castro, y con la tendinosis del tendón supraespinoso con alteración de sus fibras y lesión en SLAP (que motivó ser intervenido quirúrgicamente mediante videoartroscopía del hombro derecho) del señor Juan José Juárez (v. fs. 505 vta. y 506).
Analizando la totalidad de la prueba producida, el tribunal de origen concluyó que no se había logrado acreditar ninguno de los factores de atribución de responsabilidad establecidos en el Código Civil. Tampoco, que se hubiera identificado la medida de seguridad que se omitió o que se debió adoptar para evitar los siniestros denunciados. Explicó además el a quo , que no surgía demostrada la mecánica de trabajo denunciada por los actores en su escrito de inicio, la que por otra parte -añadió- no se compadecía con la descripción de los hechos llevada a cabo ante la Comisión Médica (v. fs. 508 vta.).
En tales condiciones, juzgó que no se encontraban reunidos los presupuestos de atribución de responsabilidad civil invocados en la demanda, declaró abstracto el pronunciamiento sobre el planteo de inconstitucionalidad de la norma del art. 39 de la ley 24.557 y rechazó íntegramente la acción deducida (v. fs. 511 vta.).
II. Contra esta decisión se alzan los legitimados activos con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncian la violación de los arts. 9, 11 y concordantes de la ley 24.013; del decreto 1.694/09; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que citan.
Alegan que el tribunal de trabajo omitió el tratamiento de una cuestión esencial, vinculada a que el informe mediante el cual tuvo por demostrado que "los trabajadores no presentan ningún tipo de limitación para las tareas de fileteros" provino de la misma empresa empleadora, esto es, Apolo Fish S.A., que cambió su denominación a Mar Tirreno S.A. siendo idénticos sus integrantes, lugar de trabajo y giro comercial. Expresan que dicha circunstancia resulta por demás reveladora del fraude cometido para eludir cargas impositivas, fiscales, previsionales y laborales.
Sostienen que el sentenciante también soslayó tener en consideración al salario "en negro" que en forma clandestina cobraban los actores, y que derivó en el pago de prestaciones dinerarias -otorgadas por la aseguradora de riesgos del trabajo- muy inferiores a las que les hubiera correspondido percibir de haberse computado tales importes.
Por otra parte, objetan que el juzgador se apartara sin fundamento alguno del informe pericial médico producido en autos, en tanto el experto -afirman- hubo de concluir -evaluando las radiografías, resonancias magnéticas, exámenes de diagnóstico, historias clínicas e intervenciones quirúrgicas- que más allá de las edades y del hecho traumático que dio inicio a las denuncias de cada siniestro, todos los dependientes sufrieron la misma lesión en su miembro superior hábil, es decir, en el tendón supraespinoso como en el manguito rotador.
Exponen que para tener por no demostrada la existencia de relación causal entre el daño y los infortunios padecidos, el tribunal de grado eludió ponderar eficazmente las pericias médica, psicóloga y contable, así como lo manifestado por los demandantes al contestar el segundo traslado que autoriza el art. 29 de la ley 11.653, otorgando preferencia al fraudulento informe de fs. 218 y 219 por las firmas Apolo Fish S.A. y Mar Tirreno S.A.
También sostienen que el juzgador apreció absurdamente la prueba testimonial, pues, de un lado, no hubo de contemplar la circunstancia de que tres de los testigos que allí declararon prestan actualmente servicios para Mar Tirreno S.A., continuadora de Apolo Fish S.A. (y en realidad la misma empresa) y, del otro, que en definitiva estos dieron cuenta respecto de las variantes en el peso del material de trabajo (productos del mar) que afectaban los hombros de todos los actores.
Aducen que los jueces de grado soslayaron aplicar al caso la doctrina de los actos propios, ya que los factores de atribución de responsabilidad civil se encuentran comprobados en autos con el reconocimiento que tanto la aseguradora de riesgos del trabajo (que indemnizó a los trabajadores aunque abonando sumas irrisorias por el yerro cometido por la empleadora que no registró parte de los salarios) como la comisión médica (que asignó menores porcentajes de incapacidad) y la empleadora llevaron a cabo respecto de los siniestros laborales y su relación causal con los perjuicios ocasionados en la salud de los trabajadores. A ello añaden que tales circunstancias también se encuentran demostradas con las conclusiones vertidas en el peritaje médico; la documental adjuntada por las codemandadas; los informes elaborados por la Clínica 25 de Mayo y con los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa.
Insisten en argumentar que el tribunal de trabajo omitió tener en consideración que las indemnizaciones pagadas por la aseguradora de riesgos del trabajo en sede administrativa fueron calculadas en base a salarios que no representaban lo efectivamente percibido, apartándose además de las pautas que fija el decreto 1.694/09 que resultaba de aplicación al caso.
Finalmente controvierten la condena en costas. En este aspecto refieren que las regulaciones de honorarios resultaron exageradas porque "no han sido realmente ganadas por los profesionales intervinientes".
Cita en apoyo de su postura la jurisprudencia emanada de la causa "Aquino", y en cuanto allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubo de señalar que de conformidad al principio " alterum non laedere ", calificado como entrañablemente vinculado a la idea de reparación, las indemnizaciones han de ser integrales, tanto en el aspecto material como incluso en el moral, careciendo de razonabilidad -a partir de tal premisa- hacer recaer en el accidentado el pago, aunque parcial, de los gastos provocados por el hecho dañoso y la consecuente necesidad de litigar para obtener su resarcimiento.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los comparecientes no logran el cometido de desvirtuar las definiciones estructurales del fallo ni bien se repara en que el planteo que porta su crítica no cumple la carga de una adecuada fundamentación (art. 279, CPCC).
III.1.a. Me afirmo en la anticipada conclusión, en primer lugar, porque no se ocupan de rebatir las conclusiones del pronunciamiento de origen que constituyeron factores esenciales de la decisión adoptada.
En ese orden, destaco que por conducto de la alegada absurda ponderación del informe elaborado por la empresa Mar Tirreno S.A. (continuadora de Apolo Fish S.A.), como del emanado de la Clínica 25 de Mayo, de la documental acompañada por ambas codemandadas, de las pericias médica, psicóloga y contable, de las manifestaciones vertidas al contestar el segundo traslado, de los presuntos reconocimientos formulados por la empleadora, la aseguradora de riesgos del trabajo y la Comisión Médica, de las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, e inclusive, de la invocada transgresión de la doctrina de los actos propios, los recurrentes se apartan y dejan sin réplica las concretas motivaciones que definieron el contenido del decisorio, estructurado en base a que no se había logrado demostrar -en base a la ponderación de la totalidad de la prueba colectada en la causa- los extremos invocados en la demanda respecto de la mecánica de trabajo denunciada (esto es, en cuanto a que la actividad y tareas de fileteros consistía en "levantar un cajón por sobre sus hombros, girar e torso y acomodar en otro sitio"), la que por otra parte no se compadecía con la descripción de los hechos formulada ante la Comisión Médica. Tampoco, respecto de aquella definición que dio cuenta acerca de la falta de identificación de la medida que se debió adoptar para evitar los infortunios (v. fs. 508 vta.).
Conforme ha declarado esta Corte, para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 110.832, "Campos", sent. de 29-V-2013; L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 114.587, "Giménez", sent. de 15-VII-2015; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; e.o.).
III.1.b. En segundo término, se exhibe manifiesto que los agraviados no han invocado la infracción de las normas sustantivas y procesales actuadas por el tribunal de trabajo, esto es: los arts. 1.109 y 1.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.