Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 119871
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 119.871, "Duarte, Cristian Alberto contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de Trabajo-acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Pettigiani, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada (v. fs. 265/274 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 297/310 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la demanda deducida por Cristian Alberto Duarte contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, condenándolo a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias vinculadas a la prestación dineraria por incapacidad laboral, parcial y permanente prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 274 y vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado en el veredicto que el promotor del juicio padece una incapacidad del 34,5% del índice de la total obrera -superior a la de 28,5% dictaminada por la Comisión Médica n° 13- como consecuencia del infortunio sufrido el 2 de septiembre de 2012 (v. vered., fs. 265/266).
Asimismo, tuvo por no controvertido que, por ese accidente, Provincia ART S.A. -encargada de brindar las prestaciones de la ley 24.557- le había abonado la suma de $225.455,17 con fecha 20 de mayo de 2013 (v. vered., fs. 266).
En sentencia, entendió que correspondía declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto establece que, para el cálculo del valor mensual del ingreso base, sólo deben considerarse los rubros sujetos a aportes y contribuciones, pero no así en cuanto al lapso temporal de salarios que se toman para ello (v. sent., fs. 267 vta. in fine /269).
En lo que interesa, fundó su decisión de rechazar la inconstitucionalidad del mentado precepto por el segundo de los motivos alegados, en el hecho que el accionante gozó de licencias, prestaciones en especie y sustitución de salarios (v. sent., fs. 268 vta.).
Por otro lado, sostuvo, "frente al pedido más generalizado" del actor en relación con el ajuste de los salarios desde la determinación de la incapacidad y el consecuente pago, que las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo son deudas dinerarias y, como tales, regidas bajo las normas de las leyes 23.928 y 25.561, las que no fueron cuestionadas en cuanto a su validez constitucional (v. sent., fs. 268 vta. y 269).
En ese sentido, juzgó que, destacado el carácter dinerario de la obligación, el daño por la mora en el pago se determina con intereses moratorios (v. sent., fs. 269 in fine ).
Luego, determinó el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, el que fijó en la suma de $275.164,79 ($9.524,47 -IBM- x 53 x 1,58 -65/41- x 34,5%; v. sent., fs. 269 vta.).
Sentado ello, juzgó que si bien al momento del accidente se hallaba vigente la ley 24.557 conforme las modificaciones establecidas por el decreto 1.694/09, en tanto al tiempo del dictado de la sentencia ya regía la ley 26.773, debía ser aplicada en virtud de lo dispuesto en el art. 7 del Código Civil y Comercial, declarando inoficioso pronunciarse sobre la constitucionalidad de su art. 17 apartado 5 (v. sent., últ. fs. cit. y 270 vta./271).
A partir de esa conclusión, entendió que correspondía ajustar los pisos del decreto 1.694/09 a la fecha de entrada en vigor de la ley 26.773 (B.O., 26-X-2012), obteniendo un piso, para el caso, de $138.855,6 ($402.480 x 34,5%; v. sent., fs. 270 y vta.).
En consecuencia, resolvió que, siendo el piso a considerar inferior al resultado de la fórmula, la demanda debía prosperar por el monto arrojado por esta última, cuantificando la condena en la suma de $49.709,62 (resultante de la diferencia entre aquel importe y las prestaciones ya percibidas; v. sent., fs. 270 vta. y 271).
Finalmente, previa declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.399, dispuso que los intereses debían ser calculados, desde la fecha de pago de la prestación en forma insuficiente (20 de mayo de 2013) conforme la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días a través del sistema "homebanking" (v. sent., fs. 271/272).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora denuncia violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3 del Código Civil; 8 incs. "a", "b" y "c" y 22 de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47, 65 y concordantes del decreto ley 7.718/71; 330, 354, 375 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; así como de la doctrina legal que cita.
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, cuestiona el modo en que el tribunal de grado aplicó la ley 26.773. Al respecto, afirma que debió aplicar el índice RIPTE al resultado de la fórmula y no al piso de la prestación prevista en el art. 14 de la ley 24.557 (v. fs. 300 vta./303).
II.1.a. Entiende que la sanción del art. 17 apartado 6 trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, especialmente las producidas durante la vigencia de la ley 24.557 en su texto originario, así como conforme el decreto 1.278/00, en tanto prevén indemnizaciones totalmente desactualizadas, envilecidas y depreciadas.
Alega que la forma en que el juzgador aplicó la ley frustra la pretensión de la norma de mejorar las prestaciones de los trabajadores, en tanto efectúa una interpretación regresiva, insuficientemente reparadora e inconstitucional, al ser violatoria del derecho de propiedad.
Plantea que la interpretación del dispositivo realizada por el tribunal implica, tácitamente, negar la mejora, porque, en definitiva, no aplica el índice RIPTE.
II.1.b. Asimismo, denuncia que el a quo omitió aplicar el incremento previsto en el art. 3 de la mencionada ley 26.773.
II.2. Por otro lado, objeta que el a quo haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto al período a considerar para calcular el ingreso base (v. fs. 304/309).
Al respecto, manifiesta que el monto determinado en la sentencia por ese concepto resulta insuficiente, por ser inferior al que le hubiera correspondido percibir, perjudicando su patrimonio y contrariando los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional.
Aduce que el importe indemnizatorio estipulado en el pronunciamiento resulta insuficiente, por cuanto el IBM -tal como fue aplicado- congela sus salarios al realizar un promedio del año anterior al accidente. A ello, agrega que existe una notable diferencia entre el IBM y el haber que le correspondería al actor si se considerara el momento de la sentencia y su liquidación para el pago.
La irrazonabilidad del ingreso base mensual (IBM) determina, a su juicio, su inconstitucionalidad.
Dado el proceso inflacionario que vive nuestro país y en aras de la equidad, afirma que debe computarse el salario del trabajador al momento de devengarse la prestación, esto es, con la sentencia.
Alega que es errónea la interpretación que efectúa el a quo , en tanto la prestación que prevé el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo tiende a satisfacer el daño definitivo que provocó el accidente laboral, mientras que las prestaciones que se brindan a partir de la primera manifestación invalidante, consistentes en la sustitución de salarios y los gastos (prestaciones en especie), no tienen carácter resarcitorio, sino que tienen otro objetivo.
Con cita de varios pronunciamientos de la Corte Suprema nacional, plantea que se encuentra vulnerado el derecho constitucional de propiedad.
Finalmente, entiende que en tanto se está en el campo de la seguridad social, amparado por el art. 14 bis de la Constitución nacional, se trata de derechos con carácter integral e irrenunciable.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, y alterando el orden de los agravios, en lo que respecta a aquel por el que se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) efectuado respecto del período que se computa para calcular el ingreso base mensual, entiendo que debe ser rechazado en virtud de las siguientes consideraciones.
Utilizando una técnica recursiva equivocada, el recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar la remuneración devengada al momento de ser abonada la prestación), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional, mas soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. El embate vinculado con la aplicación del índice RIPTE establecido en la ley 26.773 tampoco resulta atendible.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte señaló que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; y el decreto 472/14).
En este marco, no le asiste razón al impugnante, en tanto el a quo aplicó el mentado índice en línea con lo decidido por este Tribunal en el citado precedente.
III.3. Finalmente, tampoco es de recibo la réplica en la que se denuncia que el juzgador de origen soslayó aplicar el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
El cuestionamiento se halla dirigido -en rigor- a evidenciar la hipotética omisión en el tratamiento de una cuestión esencial, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, lo que resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 296, CPCC; causas L. 92.208, "Pérez", sent. de 26-XII-2007; L. 91.998, "H., J.", sent. de 25-II-2009; L. 110.253, "Diez", sent. de 11-VII-2012; L. 118.660, "Berdini", sent. de 29-VIII-2017 y L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289 del CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en el apartado III.1. de su voto.
II. Coincido también con el colega que me precede en el orden de votación en que la petición de que se ajuste la prestación sistémica conforme la ley 26.773 no puede prosperar.
Sin perjuicio de advertir el equívoco en que -por mayoría- incurrió el tribunal interviniente al fijar el ámbito de aplicación temporal de la norma precitada, dados los términos de la impugnación traída, su rechazo se impone a la luz de las directrices sentadas en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), y su progenie L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016 y, en particular, el punto III.2.d (v), citado por la contraparte en su memorial; v. fs. 327).
III. Finalmente, en el marco del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, resulta inatendible la omisión denunciada por el impugnante respecto de la prestación del art. 3 de la ley 26.773 (conf. art. 296, CPCC y doctrina sentada en las causas L. 99.440, "Fabi", sent. de 7-VI-2010 y L. 105.333, "Piñeiro", sent. de 7-XII-2011).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289 del CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. No acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348 [B.O. de 24-II-2017]), concretamente en cuanto establece para determinar el ingreso base mensual un módulo calculado sobre la base de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante.
En efecto, y sin que ello implique apartarme de la línea que hube de seguir en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sentenciada en igual fecha), advierto que el pedimento formulado ante esta instancia -en cuanto persigue se calcule el citado módulo con arreglo al salario percibido por el actor al momento de la sentencia (v. rec., fs. 305 vta.)-, difiere de la pretensión esgrimida en el escrito de inicio (v. dem., fs. 44 vta./46), introduciendo extemporáneamente un planteo que, además de alterar sustancialmente el alcance del esquema que conformó la demanda, tornándolo inatendible (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; e.o.), impide determinar con nitidez la concreta dimensión patrimonial del reclamo.
I.2. En lo demás, suscribo lo expuesto por el ponente en el punto III.2. y III.3. de su voto.
II. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Borinsky y Violini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2021 21:13:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2021 11:54:34 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2021 12:08:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2021 19:22:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:55:41 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 08:46:07 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:47:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:50:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia