Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120416
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.416, "Godoy, Walter Marcelo Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Soria, Kogan , Genoud, Torres, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 222/231 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 241/252).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de origen rechazó, por carecer de causa jurídica, la demanda incoada por Walter Marcelo Daniel Godoy contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante la que reclamaba el pago de diferencias indemnizatorias por la incapacidad derivada de un accidente de trabajo.
Al expresar los motivos de aquella decisión, el órgano judicial de grado sostuvo que las pruebas arrimadas a la causa habían resultado adversas a las pretensiones del actor.
En primer lugar, el tribunal de origen tuvo por acreditado que el día 19 de enero de 2013 el trabajador sufrió un accidente en momentos en que se encontraba prestando servicios bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por el que la comisión médica correspondiente le fijó una incapacidad del 7% del índice de la total obrera.
Asimismo, que Provincia ART S.A. le abonó al accionante la suma total de $75.085,12, discriminada en $62.570,93 en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, más $12.514,19 por compensación por daños.
Sin embargo, con apoyo en la pericia médica (v. fs. 161 y 178), tuvo por demostrado que en realidad el trabajador posee una incapacidad del 4,05% del índice de la total obrera, incluidos los factores de ponderación (v. vered., fs. 223 vta. y 224 y sent., fs. 227 y vta.).
Luego, señaló que, del análisis y cotejo de la liquidación por prestación dineraria abonada por la aseguradora (v. fs. 36) y recibos de sueldo obrantes en la causa, se observaba que el rubro reclamado por la actora (Horas Cores) había sido efectivamente incluido (v. vered., fs. 224 y sent., fs. 227 vta. y 228).
Por otro lado, descartó las objeciones constitucionales efectuadas por la parte actora al art. 12 de la ley 24.557, en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (en el caso: 19-I-2013), desestimando su pretensión de computar a tal efecto la remuneración devengada al momento de la determinación de la incapacidad (en la especie: agosto de 2013; v. fs. 228 vta. y 229 vta.).
Sobre ello, expresó que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado del citado art. 12 fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.
Consideró que pretender cuantificar un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de una invalidez, colocaba a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión.
Agregó que para corregir los efectos nocivos y distorsivos producto del paso del tiempo existe la tasa de interés.
Finalmente, desestimó la pretensión del accionante de aplicar el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables al resultado de la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Sostuvo que con la entrada en vigencia del decreto reglamentario 472/14 esa cuestión había quedado zanjada, siendo sólo las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos, los que debían incrementarse conforme el método de ajuste previsto en la ley 26.773 (v. fs. 229 vta.).
A partir de todo ello, concluyó que no existían en el caso diferencias indemnizatorias a favor del trabajador, correspondiendo rechazar la demanda (v. últ. fs. cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" de la ley 9.688 (t.o. ley 23.643); 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer lugar, objeta que el tribunal de origen haya desestimado la aplicación de la ley 26.773 en el caso de autos.
Sostiene -en lo esencial- que el a quo , por conducto del principio iura novit curia , debió ajustar el resultado de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 con arreglo al índice RIPTE, aun con independencia de los argumentos esgrimidos por la parte.
Argumenta que el art. 17 apartado 6 de la ley 26.773 refiere que las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente acaecida durante la vigencia de los decretos 1.278/00 y 1.694/09 y de la ley 24.557 deben ajustarse conforme el índice RIPTE desde el día 1 de enero de 2010 hasta la fecha de pago.
Afirma que la aplicación de la normativa que mejora la situación de los trabajadores (ley 26.773) debe ser inmediata a todas aquellas resueltas a la fecha de vigencia de dichos preceptos jurídicos, ello, en virtud del principio de progresividad y de la aplicación de la norma más favorable (v. fs. 245 y vta.).
Entiende que la sanción del art. 17 apartado 6 trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, especialmente las producidas durante la vigencia de la ley 24.557 en su texto originario, así como conforme el decreto 1.278/00, en tanto prevén indemnizaciones totalmente desactualizadas, envilecidas y depreciadas.
Sostiene que el tribunal cercenó, en su desarrollo interpretativo, el art. 17 apartado 6 y omitió aplicar el art. 3 de la ley 26.773.
Indica que la sentencia al no declarar la inconstitucionalidad del decreto 472/14 vulnera el principio de reparación suficiente y razonable (proporcional al daño sufrido) que deben revestir las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral permanente definitiva.
Plantea la inconstitucionalidad del art. 17 del decreto 472/14 por entender que, al reglamentar el art. 17 de la ley 26.773, incurrió en un exceso reglamentario de acuerdo con lo dispuesto en el art. 28 de la Constitución nacional (v. fs. 243 vta. in fine /244 vta.).
II.2. En otro orden, objeta el pronunciamiento de grado en relación a la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
II.2.a. Expresa que, en el escrito de demanda, se formuló dicho reclamo con sustento en dos razones: i) que el ingreso base determinado con arreglo a la norma sólo contempla los rubros de naturaleza salarial, excluyéndose los demás conceptos (v.gr. Horas Cores); y, ii) el lapso temporal de salarios que se toma en cuenta para determinar el ingreso base mensual.
Sin embargo, prosigue, el juzgador no contempló la inclusión del rubro "Horas Cores".
Afirma que el a quo , al no declarar la inconstitucionalidad del mentado art. 12, en lo concerniente a los conceptos que integran el salario del trabajador, transgredió el art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo y diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que cita.
II.2.b. Por otro lado, objeta que el tribunal haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto al período a considerar para calcular el ingreso base.
Al respecto, manifiesta que el monto determinado en la sentencia resulta insuficiente, por ser inferior al que le hubiera correspondido percibir, perjudicando su patrimonio y contrariando los arts. 14 bis, 16 y 17 de la Constitución nacional.
Afirma, en ese sentido, que el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, además de dejar de lado parte de la remuneración del actor, estanca su salario, perjudicándolo gravemente en atención al proceso inflacionario en el cual se encuentra inmerso nuestro país, por lo tanto -sostiene- se impone considerar a los efectos del cálculo de la prestación dineraria, el salario percibido por el trabajador al momento del dictado de la sentencia.
Asimismo, cuestiona que por ese conducto desestimara el pedido de tomar en cuenta la remuneración devengada al momento de la consolidación del daño (agosto de 2013).
Con cita de varios pronunciamientos de la Corte Suprema nacional, plantea que se encuentra vulnerado el derecho constitucional de propiedad.
Finalmente, entiende que en tanto se está en el campo de la seguridad social, amparado por el art. 14 bis de la Constitución nacional, se trata de derechos con carácter integral e irrenunciable.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, estimo que el cuestionamiento dirigido a impugnar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial, no puede prosperar.
III.1.a. En ese cometido, más allá de la confusa y casi promiscua exposición que contiene el recurso he de destacar que, contrariamente a lo argumentado por el interesado, y como se desprende del relato de antecedentes, el tribunal a quo , aun cuando no declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), abordó expresamente el planteo de los rubros contemplados para el cálculo del ingreso base, pronunciándose sobre el tópico en sentido favorable a la pretensión del ahora recurrente, pero destacando que las "Horas Cores" ya estaban incluidas en la liquidación hecha por la aseguradora (v. vered., fs. 224 y vta. y sent., fs. 227 vta. in fine /228 vta.), lo que muestra la inconsistencia del agravio, incluso con lo expuesto en otro fragmento del mismo recurso, donde reconoce que el a quo había tratado aquel planteo (v. rec., fs. 248).
III.1.b. Luego, utilizando una técnica recursiva equivocada, el recurrente pretende se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar la remuneración devengada al momento de determinar la incapacidad del trabajador), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional, más soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014).
III.2. Tampoco acierta el impugnante en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el a quo dispuso la aplicación del índice RIPTE.
La tesis que trae el recurrente en el marco del régimen de riesgos de trabajo vigente al momento del dictado del fallo de grado, colisiona con los argumentos de esta Suprema Corte en la causa L. 119.002, "Carabajal" (sent. de 25-IV-2018), los cuales -en sustancia- habré de reiterar.
III.2.a. El art. 8 de la ley 26.773 (conforme su texto original) establece que: "Los importes por incapacidad laboral permanente previstos en las normas que integran el régimen de reparación, se ajustarán de manera general semestralmente según la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a cuyo efecto dictará la resolución pertinente fijando los nuevos valores y su lapso de vigencia".
Por su parte, el art. 17 apartado 6 de la misma ley (siempre según su primitivo texto) prescribe: "Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decreto 1.694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1° de enero del año 2010".
En línea con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CNT 18.036/2011/1/RH1 "Espósito, Dardo Luis c/ Provincia ART S.A. s/ accidente - ley especial", sentencia de 7-VI-2016 (v. cons. 8°, último párrafo), una interpretación sistemática de las normas, lleva a afirmar que el "Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales" trajo un mecanismo de ajuste general y periódico, que como tal, actúa sobre los importes que en abstracto y genéricamente prevé el sistema, así, sobre los relativos a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que se refiere el art. 1 del decreto 1.694/09 y sobre aquellos correspondientes a los pisos o valores mínimos de las indemnizaciones a las que aluden los arts. 3 y 4 del mismo instrumento.
Precisamente, y tal como surge de lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), es esa la exégesis que recoge no sólo el decreto 472/14, sino también las resoluciones 34/13, 3/14 y 6/15 -no obstante referirse asimismo al mínimo valor de la indemnización del art. 3 de la ley 26.773 en determinados supuestos- dictadas por la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, órgano administrativo al cual el Poder Legislativo le delegó expresamente la labor de actualizar periódicamente el importe de las prestaciones dinerarias (art. 8 citado de la ley 26.773, y además, la ley 27.348).
III.2.b. Luego, y a tenor de las consideraciones que anteceden, no se verifica que lo regulado en el decreto reglamentario implique una trasgresión a las normas constitucionales que se invocan en el recurso.
Dable es recordar que el alto Tribunal tiene dicho que la conformidad que debe guardar un decreto respecto de la ley que reglamenta no consiste en una coincidencia textual entre ambas normas, sino de espíritu, y en general no vulneran el principio establecido en el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional los reglamentos que se expidan para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que la ley haya sido sancionada (conf. dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte Suprema, causa O.158.XXXVI, "Oharriz, Martín Javier c/ M J. y DD. HH. - ley 24.411", sentencia de 26-VIII-2003, Fallos: 326:3032). También, que sólo en el supuesto de que un decreto reglamentario desconozca o restrinja de manera irrazonable los derechos que la ley reconoce o de cualquier modo subvierta su espíritu o finalidad se contraría la jerarquía normativa configurándose un exceso del Poder Ejecutivo en el ejercicio de las funciones que le son encomendadas por la Constitución (CSJN causa C.90.XXXI, "Chaco, Provincia del c/ Estado Nacional s/ acción declarativa", sent. de 16-IX-2003, Fallos: 326:3521).
III.2.c. Sentado ello, no le asiste razón al recurrente en cuanto sostiene que corresponde calcular dicho índice sobre el resultado de la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, pues tal método no se condice con lo dispuesto en la normativa de aplicación conforme la interpretación que le ha dado la doctrina legal de esta Corte anteriormente citada.
III.3. Finalmente, tampoco es de recibo la réplica en la que se denuncia que el a quo soslayó aplicar el incremento del art. 3 de la ley 26.773.
El cuestionamiento se halla dirigido -en rigor- a evidenciar la hipotética omisión en el tratamiento de una cuestión esencial, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, lo que resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 296, CPCC; causas L. 92.208, "Pérez", sent. de 26-XII-2007 y L. 91.998, "H., J.", sent. de 25-II-2009).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar en todas sus partes el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Pettigiani en el punto III.1.a. de su voto.
I.2. Luego, considero que, en el caso, el agravio dirigido a objetar la desestimación del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base mensual (IBM), debe ser rechazado.
En efecto, y más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse, con arreglo a los términos en que fue estructurada la demanda (v. fs. 63), al análisis de las pruebas producidas (y a la inexistencia de pericia contable), sumado a las conclusiones expuestas por el juzgador respecto al tópico (v. vered., fs. 224 y vta.; IBM $8.637,69), no se advierte, al influjo de los parámetros que hube de utilizar al emitir mi voto en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sentenciada en la misma fecha) -a la que remito por razones de brevedad-, que concurran en el caso las condiciones que me condujeron en aquella oportunidad a declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base mensual (IBM).
En consecuencia, dicha parcela del pronunciamiento debe parecer firme.
I.3. En lo demás, suscribo lo expuesto por el colega ponente en los puntos III.2. y III.3. de su voto.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución propuesta por el doctor Pettigiani de desestimar el recurso traído, cuya línea argumental -denotativa de una errada lectura del fallo- colisiona con las directrices sentadas por este Tribunal en la temática examinada.
Firme las conclusiones referidas al valor mensual del ingreso base y al método empleado para determinar la prestación dineraria por incapacidad parcial y permanente, el a quo consideró satisfecha la reparación debida con los importes liquidados y percibidos conforme la documentación aportada por el trabajador: $62.570.93 (v. fs. 35/38) más la suma de $12.514,19, equivalente al 20% por "compensación por daños".
Me sumo a las observaciones de índole técnico formuladas por los colegas ponentes, también detectables en este último aspecto de la decisión, en la me
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