Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123533
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado en el punto III.3. del voto emitido en primer término y se revoca la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la acción y condenó al Fisco provincial con sustento en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines dispuestos en el citado acápite.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.533, "Leguero, Gustavo Marcelo contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Pettigiani, Soria, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 218/233 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 258/266).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Gustavo Marcelo Leguero contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad), por la que procuraba el cobro de una indemnización -con fundamento en las normas del derecho común- derivada de las secuelas incapacitantes que denunció padecer producto de un accidente de trabajo.
Para así resolver, tuvo por acreditado que el día 18 de noviembre de 2014, el actor, mientras prestaba funciones como agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, al enfrentarse con malvivientes que se daban a la fuga con armas de fuego, recibió el impacto de dos municiones de grueso calibre que le perforaron el abdomen, músculos, intestinos, antebrazo y codo (v. vered., tercera cuestión, fs. 219 vta. y 220).
Asimismo, juzgó demostrado que como consecuencia del siniestro el actor es portador de una incapacidad física del 30% del índice de la total obrera y que padece -además- un cuadro de reacción vivencial anormal neurótica grado IV, que lo incapacita psíquicamente en el mismo porcentual (v. vered., cuarta cuestión, fs. 220 y vta.).
En lo que concierne a la minusvalía determinada, el juzgador se apartó del dictamen emitido por el perito médico y determinó que no correspondía aplicar al caso la "capacidad residual" porque las incapacidades física y psíquica derivan -explicó- de un único hecho. En tales condiciones, concluyó que dicho porcentaje ascendía en el caso (sumados los factores de ponderación) al 78,7% (v. vered., cuarta cuestión, fs. 220 vta.).
Seguidamente, juzgó configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva de la Provincia de Buenos Aires (art. 1.113, Código Civil -ley 340-), en tanto el evento se había producido por el riesgo generado por las tareas peligrosas -persecución policial a delincuentes- encomendadas al accionante (v. vered., quinta cuestión, fs. 221 y vta.).
En la etapa de sentencia, tras expedirse respecto de la normativa aplicable al caso, esto es, la vigente al momento de acaecer los hechos que dieron origen a la presente acción (v. sent., fs. 224/225vta.), el órgano de grado declaró la invalidez constitucional de los arts. 8, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 y su competencia para entender en autos (v. sent., fs. 226/227 vta.).
Con sustento en los presupuestos fácticos referenciados y las consideraciones adicionales formuladas en la sentencia (v. fs. 228/230), condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de las sumas que específicamente determinó en concepto de daños material y moral, para resarcir integralmente los perjuicios provocados en la salud del dependiente (v. fs. 230/231).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1, 3 y 4 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 272 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense; 44 inc. "d" de la ley 11.653; decreto 659/96 y resolución de la Secretaría de Seguridad Social 22/14 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Sostiene que el tribunal de grado valoró absurdamente los escritos constitutivos del proceso, habida cuenta de que -como puede advertirse de las parcelas de la demanda que transcribe- la parte actora inició la presente acción judicial por accidente de trabajo, reclamando las prestaciones sistémicas con fundamento en el régimen especial de las leyes 24.557 y 26.773.
Alega que en modo alguno hubo de consignar en la demanda una pretensión indemnizatoria integral sustentada en las normas del derecho común, ni invocado y, mucho menos acreditado, los requisitos de una eventual responsabilidad civil de su empleadora.
Sostiene que el tribunal de grado transgredió el principio de congruencia porque alteró la plataforma fáctico-jurídica que conformó la traba de la litis, cuyo objeto -afirmó- estaba definido por una pretensión dirigida a obtener las prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 259/261 vta.).
II.2. Destaca que habiéndose reclamado por un accidente de trabajo cuya reparación se encuentra reglada por una normativa específica (leyes 24.557 y 26.773 y normas complementarias), el sentenciante se limitó a indicar que el actor había fundado su reclamo en el derecho común, sin brindar las razones por las cuales juzgó inaplicable al caso aquella que se encontraba vigente al momento del siniestro, esto es: los arts. 12, 14 y 15 de la ley 24.557; 1, 3 y 4 de la ley 26.773 y la resolución de la Secretaría de Seguridad Social 22/14.
Expresa que el tribunal condenó al Fisco provincial al pago de la indemnización integral con fundamento en las disposiciones del derecho civil, sin expedirse previamente sobre el concreto planteo de inconstitucionalidad que el promotor del pleito formuló respecto de la denominada "opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (destaco: en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), lo que torna a la sentencia infundada y arbitraria (v. fs. 261 vta. y 262).
II.3. Critica el importe indemnizatorio reconocido al actor, alegando que si bien el tribunal de grado se valió de una fórmula matemática y expuso las pautas que tuvo en miras para cuantificar el daño material (porcentaje de incapacidad, edad de la víctima al momento del infortunio, salario y tiempo de vida útil, entre otros), no brindó razones fundadas que expliquen por qué escogió el denominado "método lineal" y no las conocidas fórmulas "Vuotto" o "Méndez" de uso habitual en los tribunales del fuero.
Sostiene que tampoco especificó dicho órgano jurisdiccional el motivo que lo condujo a estimar un porcentual de daño moral respecto del material en un 30% de dicha cuantía, cuando -a modo de ejemplo- la ley 26.773 establece un 20% en concepto de compensación adicional (v. fs. 262/265).
II.4. Finalmente, controvierte la determinación de la minusvalía fijada en el fallo.
Aduce que resulta excesiva y absurda la sumatoria de incapacidades que se practica en el pronunciamiento, siendo que, en el caso, debió utilizarse el método de la capacidad restante.
Argumenta que los hechos acreditados en la causa permiten verificar que en autos se configuró el típico supuesto de "gran siniestrado", que imponía establecer el porcentaje de minusvalía a partir de la fórmula de la capacidad residual prevista por el decreto 659/96.
Sostiene que, ante un caso como el aquí ventilado, donde se estableció que el trabajador contrajo diferentes afecciones producto de un único evento, el juzgador no debió efectuar la sumatoria de las incapacidades vinculadas a cada dolencia, sino tomar como base a la mayor de ellas, para luego, estimar la restante teniendo en cuenta el porcentual residual conforme se consignó en la pericia médica (v. fs. 265/266).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, considero que no puede tener favorable recepción la crítica vinculada a la invocada transgresión del principio de congruencia.
III.1.a. El actor dirigió su demanda contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleador- y la aseguradora de riesgos del trabajo -a la que denominó "Autoasegurada Gobernación de la Pcia. de Bs. As. (ART)"- (v. fs. 68 vta.).
Indicó que esta última estaba obligada a reparar los daños derivados de accidentes y enfermedades del trabajo según las disposiciones del art. 1 de la ley 24.557, incluyendo entre las prestaciones sistémicas a su cargo la contemplada por el art. 3 de la ley 26.773. Todo ello -afirmó- sin perjuicio de su responsabilidad civil en los términos del art. 1.749 del Código Civil y Comercial de la Nación (1.074 del Código Civil -ley 340-; v. fs. 69).
Relató los hechos en que fundó su pretensión e invocó que la tarea desarrollada durante los veintiséis años de carrera policial resultó por demás riesgosa, habiendo puesto en peligro su vida en infinidad de oportunidades (v. fs. 71 vta.).
Señaló, además, que para el hipotético e improbable supuesto de no juzgarse verificados en autos los incumplimientos de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada en materia de prevención, control, inspección y denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de todos modos ha intervenido en la producción del daño una cosa riesgosa (art. 1.113, Código Civil velezano), por lo que el empleador debe responder por hallarse configurada su responsabilidad objetiva (v. fs. 69 vta. in fine /71).
En este último aspecto, destacó que la merma en la capacidad laborativa y los daños psicofísicos que padece han causado daños materiales e inmateriales pretendiendo su reparación equitativa y justa a la luz de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación "Castillo", "Aquino", "Díaz", "Milone", "Torrillo", etc., conforme el principio alterum non laedere de rango constitucional. En efecto, añadió, al daño emergente se debe sumar el lucro cesante (pérdida de ganancias), el daño psíquico, el estético, los gastos de traslado y el daño moral (v. fs. 70 in fine y vta.).
Finalmente, practicó liquidación de los rubros reclamados cuantificando las prestaciones sistémicas a cargo exclusivo de la aseguradora de riesgos del trabajo; detallando asimismo los importes en concepto de daño emergente (para el que utilizó la fórmula que denominó "Vuotto Méndez" o "Vuotto II"); daño psicológico, lucro cesante, daño moral y daño punitivo (v. fs. 76 vta./77 vta.).
III.1.b. Lo hasta aquí señalado evidencia -sin entrar a juzgar el acierto de lo decidido- que la crítica esgrimida por el recurrente en este tramo del recurso, asentada en el modo en que quedó circunscripta la pretensión, se desenfoca del esquema delineado en la demanda y del análisis formulado por el tribunal de origen para resolver la controversia, lo que sella su suerte adversa.
Cabe apuntar, dada la denuncia de infracción del principio de congruencia, que éste sólo se vulnera cuando se introducen en forma sorpresiva cuestiones de hecho a cuyo respecto las partes no hubieran podido ejercer su plena y oportuna defensa, pero no cuando -tal y como acontece en la especie- se valora y decide sobre los hechos conducentes y controvertidos en la causa (causas L. 101.853, "Tarragona", sent. de 15-VIII-2012; L. 103.596, "Lamas", sent. de 22-V-2013; L. 105.151, "Navasal", sent. de 24-VI-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; e. o.).
III.2. Luego, por razones metodológicas, he de alterar el orden en que el recurrente esgrime sus agravios para abordar, seguidamente, la crítica concerniente al presunto apartamiento de las disposiciones del baremo nacional de la ley 24.557 para establecer el grado de incapacidad indemnizable.
III.2.a. Tiene reiteradamente dicho esta Corte que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 118.683, "Moreno", sent. de 23-XI-2016; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017; L. 119.611, "Lowwer", sent. de 19-XII-2018 y L. 120.414, "Sandoval", sent. de 19-IX-2019; e. o.).
III.2.b. El señalado vicio no es demostrado por el recurrente, habida cuenta de que las objeciones que formula resultan ineficaces para conmover la validez probatoria conferida por el juzgador a la experticia médica, como así también la decisión respecto del grado de minusvalía que en forma privativa estableció en el fallo.
En ese marco, deviene inatendible lo expuesto por el interesado en cuanto afirma que la fórmula de la capacidad restante también es aplicable en los casos de los "grandes siniestrados", siendo esto omitido por el tribunal de grado (v. rec., fs. 265 vta.), pues, sin perjuicio de que tales argumentaciones traducen el intento extemporáneo de modificar en esta sede extraordinaria el enfoque con que la cuestión fue articulada en la sede ordinaria (causas L. 110.799, "Pedone", sent. de 21-IX-2011; L. 116.941, "G., P. A.", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e. o.), en definitiva, se limita únicamente a exponer su propio análisis acerca del modo como debió haber sido resuelto este aspecto de la controversia, sin que ello demuestre la absurdidad que endilga al pronunciamiento.
En suma, el embate que formula el compareciente permanece en el plano de la mera disconformidad personal, y no satisface la réplica idónea susceptible de modificar lo decidido en el fallo que pretende impugnar, en tanto importaría la sustitución del criterio del sentenciante de grado.
III.2.c. Debe recordarse que el absurdo es un instituto excepcional para casos extremos, que no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 114.540, "Celendano", sent. de 12-VI-2013; L. 116.616, "Mansilla", sent. de 22-XII-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016 y L. 117.899, "Marchetti", sent. de 20-IX-2017; e. o.), anomalías que -reitero- no aprecio configuradas en la especie.
III.3. En cambio, acierta el interesado cuando esgrime que el tribunal de grado prescindió aplicar, a la hora de resolver la contienda, el art. 4 de la ley 26.773 -aclaro, una vez más, en su versión anterior a la ley 27.348-, que instaura la denominada "opción excluyente", cuya constitucionalidad fue puesta en tela de juicio en la demanda.
En efecto, al momento de resolver la procedencia de la acción vinculada al pago de la indemnización integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo con sustento en las normas del derecho común, el sentenciante prescindió de brindar razón alguna para justificar apartarse de las prescripciones del citado precepto del régimen especial de riesgos del trabajo.
Dicho dispositivo, en su segundo párrafo, dispone que "...Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que le pudieran corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad. Los distintos sistemas de responsabilidad no serán acumulables...".
Teniendo en cuenta que a la fecha de ocurrencia del infortunio laboral -esto es, el 18 de noviembre de 2014; ver veredicto, tercera cuestión, fs. 219 vta. y 220- la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) se encontraba plenamente vigente, resulta de toda evidencia el error en que incurrió el juzgador, en la medida que omitió la aplicación de sus disposiciones o bien -cuanto menos- no justificó las motivaciones que podrían haberlo conducido a apartarse de sus prescripciones.
Luego, más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse, debe revocarse la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la demanda condenando al Fisco provincial por juzgar configurada su responsabilidad civil objetiva (art. 1.113, Código Civil -ley 340-) en la producción del siniestro que causó el daño en la salud del dependiente, debiendo remitirse los autos al órgano de grado para que, con nueva integración, se expida respecto del encaje de la norma a la matriz constitucional, conforme el planteo formulado al promoverse la demanda y resuelva, en consecuencia, respecto de la pretensión allí contenida (v. fs. 74 in fine y vta.).
III.4. La solución que se propicia en el apartado que precede torna abstracto el tratamiento del agravio que porta la queja dirigido a objetar el importe de la indemnización reconocida al actor en concepto de daños material y moral (v. rec., fs. 262/265).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y casar la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3 del presente. Los autos deberán remitirse al tribunal de origen a fin que -debidamente integrado- dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí dispuesto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Pettigiani, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Cabe declarar la procedencia parcial del recurso.
I.1. Liminarmente, adhiero a lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en su voto para desestimar lo argumentado por el quejoso con sustento en el postulado procesal de la congruencia.
I.2. Luego, comparto las razones brindadas por la ponente en su sufragio acerca de la omisa aplicación del art. 4 de la ley 26.773. Como allí se señala, ello conduce a revocar la sentencia de grado y devolver las actuaciones al tribunal de la instancia para que resuelva los planteos que giran en torno a la referida norma.
I.3. A partir de la decisión que antecede, y considerando además que recién frente a una hipotética pretensión enmarcada en el régimen especial de los riesgos del trabajo resultaría aplicable el decreto 659/96, entiendo que no corresponde ingresar a analizar el agravio vinculado con el mentado instrumento.
I.4. Lo resuelto, destaco: con innegables implicancias eventualmente sobre la naturaleza misma de la pretensión, muestra también la inconveniencia en este estado de avanzar hacia el estudio de la crítica vinculada con la cuantía de la indemnización fijada con fundamento en el derecho civil.
II. En virtud de lo expuesto, suscribo la solución que contiene el apartado final de la opinión inaugural.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Violini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido con el alcance indicado en el punto III.3. del voto emitido en primer término y se revoca la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la acción y condenó al Fisco provincial con sustento en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a los fines dispuestos en el citado acápite.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase po
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